Las cuentas turbias del Congreso

“Nos hemos rendido al control del PRI”, asume un legislador local que acepta abordar el tema de la situación interna del Congreso bajo condición de anonimato. Cuestiona la falta de transparencia en el ejercicio de las finanzas del Congreso, y además, asegura que el control lo marca la fracción mayoritaria del tricolor, pero el resto de los diputados se somete en aras de las prebendas económicas. Como medidas de presión, los priistas aplican contra los diputados de oposición medidas gansteriles que incluyen, para ejemplificar, los recursos para gestoría donde, en caso de no ejercer por completo esa partida, se corre el riesgo de que otros se “agandallen”. Como se van a gastar de todos modos los del Partido Revolucionario Institucional, prefieren entrarle a este juego en el que los que pierden, son los gobernados. El legislador refiere que “es difícil sucumbir a la tentación”, por lo cual la gran mayoría de los legisladores ni acude, ni trabaja, ni produce, pero eso sí, reclaman apoyos para ellos y su gente, lo que ha convertido al Congreso y su presupuesto, en un inmenso botín repartido entre unos cuantos. Por eso califica como justo el reclamo social de una mayor transparencia en el uso y destino del presupuesto legislativo, que este año suma 575 millones de pesos, incluyendo la ampliación presupuestal de 50 millones aprobada apenas la semana pasada. “Andamos en política, y en política, a medida que se acerca la efervescencia de lo que vamos a vivir el próximo año, empiezan las diferencias entre los mismos diputados”, dijo con desdén el legislador priista y presidente de la Comisión de Administración del Congreso local, Elí Topete, intentando desmentir. Pero el que lo refutó abiertamente fue Mario Hurtado de Mendoza, el insistente ciudadano que solicitó información del Congreso -del apoyo social y el listado de beneficiarios-, aparte de nombres, puestos, sueldos y responsabilidad concreta, y sobre todo, el producto del trabajo del séquito de asesores que rodean a cada diputado. Después de varios traspiés, el Instituto de Transparencia ordenó al Congreso que entregase ésta información, el legislativo solicitó una ampliación de dos semanas al plazo original de tres días y al final del término, se negó a otorgar los datos requeridos por Hurtado. “Esto es de risa”, mencionó el contador público que ya interpuso su queja-respuesta de nuevo ante el Instituto de Acceso a la Información Pública, organismo que parece ladeado hacia el Congreso más que a los ciudadanos. “Nosotros venimos a profesionalizar al Congreso, y eso tiene un costo” ZETA buscó a los diputados para conocer las razones y justificaciones de la negativa para proporcionar información del dinero público que se gastan. Uno de los representantes populares de minorías en el Congreso local, aceptó tratar el teman pero pidió no grabar la entrevista, anteponiendo la petición del anonimato. Solo en esas condiciones habló, y criticó lo que sucede en el Poder Legislativo bajacaliforniano, la amplia nómina y el desconocimiento de horario y labores de decenas de empleados que no rinden cuentas a nadie, ni se presentan en las oficinas. El legislador aseguró que el amplio gasto del Congreso lo deciden unos cuantos, pero que esa opacidad beneficia a todos, por eso la mayoría nada cuestiona -incluso a los panistas-, pues todos se benefician del despilfarro. “Esto es transparente, nosotros lo hemos hecho abierto”, reviró Elí Topete, quien rechaza las acusaciones. Del punto relacionado con la solicitud de información del señor Hurtado de Mendoza, el legislador por el Distrito VI dijo que “se han apegado a lo que es el conducto legal”, y que desde el viernes 21 de septiembre, se entregó la información “en tiempo y forma” al Instituto de Transparencia. Añadió que también dieron respuesta recientemente a una petición informativa del Observatorio Ciudadano, organismo donde participa el priista Eduardo Martínez Palomera junto con un grupo de ciudadanos a quienes entregarían la información directamente. Recalcó que todo lo que hacen es “apegados a lo que marca la Ley de Transparencia”, y en alusión de los 50 millones de pesos que recién aprobaron como ampliación presupuestal, dijo, esa cantidad tiene que ver con el cumplimiento de compromisos legales, relacionada con laudos laborales emitidos a favor de trabajadores que acudieron a los tribunales, en casos iniciados en anteriores legislaturas. “Son demandas que nosotros recibimos de legislaturas anteriores, que ya hay decisión judicial y que nosotros tenemos que pagar, si no, caemos en una ilegalidad”, explicó Topete. Por ese concepto deben erogar casi 23 millones de pesos. De acuerdo a datos oficiales, la reciente ampliación presupuestal fue destinada para el pago de 25 resoluciones del tribunal laboral, a favor de trabajadores que demandaron al Congreso del Estado -suman cerca de 22 millones-, pero queda pendiente un estimado de 80 demandas actualmente en proceso. La otra parte tiene que ver con creaciones de plazas nuevas y reinstalación de quienes han ganado en tribunales. Y en tercer punto,  el importe del aumento salarial a la burocracia y las pláticas con el sindicato en relación al pliego petitorio. Aseguró que desde el inicio, la actual legislatura recibió un déficit en ese tema, ya que anteriormente los acuerdos se hacían y tardíamente era repuesto por el Poder Ejecutivo. El 27 de septiembre de 2012, el Congreso del Estado llegó un acuerdo con el Sindicato de Burócratas para otorgarles un aumento salarial de 5.5 por ciento más 2.4 en prestaciones. Eso implicaba que iniciaran los periodos fiscales con un déficit cercano a 9 millones de pesos, por eso ahora buscaron prepararse y adelantarse a esa situación deficitaria, sin tener que echar mano de otros rubros. “Cualquier inconformidad con los diputados, nosotros estamos abiertos a explicarles”, aseguró el legislador priista, complementando que para la sesión de la Comisión de Administración y Finanzas, convocaron desde un día antes de la sesión, señalando que “algunos diputados” acuden al Congreso hasta el martes -por ser de otra ciudad-, integrándose a sus labores hasta ese día. “No estamos escondiendo nada, estamos abiertos, tan estamos abiertos que aquí estamos en la entrevista”, expuso Topete, quien abandonó momentáneamente una sesión de pleno para platicar sobre los temas cuestionados. “Las cosas no son como se están viendo”, agregó. En 2011, el Congreso del Estado tuvo un presupuesto de 411 millones de pesos, el cual aumentó a 527 millones en 2012, a los que se suman los 50  millones de pesos recientemente aprobados. Sobre ese incremento,  Elí Topete comentó que las reformas hechas a la Ley Orgánica profesionalizaron al Congreso, creando el Instituto de Investigación Legislativa, el de Opinión Pública, y la Secretaría de Servicios Parlamentarios; todos generaron mayores gastos. “Cuando llegamos la Dirección Jurídica, era la que agarraba el tema de servicios parlamentarios y se dedicaba más a la contencioso administrativo que a la esencia de los servicios parlamentarios”, expuso el legislador, quien menciona como resultado de  la creación de estas áreas especializadas, la reforma política aprobada en 2011, que por cierto, no dejó convencido a ninguno de los sectores. Se le pregunta si esas modificaciones no se pudieran haber hecho sin ampliar la nómina, y respondió cuestionando: “¿Qué reformas inéditas como las que se han hecho se hicieron en legislaturas pasadas? Nosotros venimos a profesionalizar al Congreso, y eso tiene un costo”. Para justificar, dijo que existen otras nóminas más obesas, y habló del equilibrio de poderes “con un Congreso que no representaba ni el 0.6 del presupuesto del Ejecutivo”, siendo que la media nacional de los poderes legislativos llega hasta el 2.4 por ciento del presupuesto del Poder Ejecutivo. “Con qué calidad moral pueden hacer leyes” “Esto es muy delicado”, consideró Mario Hurtado de Mendoza en alusión a la respuesta del Congreso del Estado -después de solicitar una ampliación de dos semanas- al requerimiento obligado por el Instituto de Transparencia para que otorgase la respuesta a la petición del cachanilla. La petición original realizó un amplio recorrido para lograr que el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) emitiera la resolución respecto al amplio requerimiento informativo, que incluía: – Un listado por trimestres de 2001, de percepciones totales de funcionarios del Congreso que tuvieron otras asignaciones económicas, desglosando estímulos, compensaciones, apoyos o cualquier otra prestación en dinero o especie. – De la partida Remuneraciones al Personal de Confianza, Sueldos Tabulares y Erogaciones Adicionales, Listado, Puesto e Importe. – De la partida de Apoyos Diversos, Apoyos Institucionales, Apoyos a Comisiones, a Gestión Social y listado de las personas que recibieron tales recursos y la justificación de ese ingreso. – De la partida de Servicios Generales, Servicios de Asesoría y Servicios de Difusión, listado de quienes recibieron pagos por ese concepto y justificación del egreso. Hurtado de Mendoza también había solicitado el desglose de los pagos vía honorarios asimilables y las razones de esas contrataciones. El caso es que el ITAIP ordenó al llamado “sujeto obligado”, en este caso el Congreso del Estado, entregar la información solicitada, “garantizando la protección de datos personales”. La respuesta llegó el 4 de septiembre de 2012, mediante un documento de diez cuartillas donde virtualmente no le resuelven nada. Primero recurren a una suerte de jurisprudencia marcada por el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), donde se anota que “las dependencias no están obligadas a elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información”, y solo pueden proporcionar documentos que ya estén en sus archivos públicos. Bajo esa premisa entregaron tabuladores para el gravamen del Impuesto sobre la Renta o ISR, además, aclaran que a cada diputado le entregan 27 mil 500 pesos para apoyo a grupos vulnerables. Sobre el apoyo a comisiones, le dicen que “es literalmente imposible proporcionar la información (…) los apoyos varían en razón de la naturaleza y tareas que por mandato de Ley, corresponde a cada comisión”. De paso le aclaran que la lista de beneficiados de los programas de gestoría social -que suman 89 millones de pesos- está clasificada como confidencial. En suma, el Congreso del Estado realmente le dice en 10 páginas que no le puede entregar la información solicitada y obligada por el Instituto de Transparencia. El ciudadano inmediatamente presentó un recurso ante el Instituto -el 10 de septiembre- para informar sobre el incumplimiento del mandato emitido por ese organismo, por lo que solicita aplicar medios de apremio para que se cumpla. Cuatro días después, el ITAIP respondió sucintamente que “el sujeto obligado da respuesta a la solicitud de acceso a la información que nos ocupa” para los consejeros de trasparencia, los diputados ya respondieron. Así que el 19 de septiembre  de 2012, Hurtado presentó dos documentos al ITAIP, en los que cuestiona la blandeza del instituto para reclamar al Poder Legislativo su nula respuesta. “Con qué calidad moral pueden hacer leyes”, cuestiona el ciudadano en alusión a la negativa del Legislativo a aportar datos relacionados con la forma de ejercer el gasto. “Es absurda la prepotencia excesiva de las autoridades”, sentenció Hurtado de Mendoza.