Si se hace a escondidas no puede ser bueno, es algo indebido que causará daño; eso lo asimilamos los mexicanos en 1989 tras una campaña llamada “Cuídate a ti mismo”, se trataba de enseñar a los menores a protegerse de los adultos abusadores. Salvadas las diferencias, 23 años después, tras una breve ojeada a la nómina del gobierno estatal, vale recordarles a los ciudadanos que pagan los impuestos y mantienen al obeso ejecutivo, “que valen mucho y merecen respeto”, el mismo que el gobierno de José Guadalupe Osuna Millán no les está brindado. En lugar de acatar el reclamo popular de dejar de gastar en asesores, obligarse y exigir a sus secretarios y directores a hacer el trabajo para el que fueron contratados y se les paga, optó por llenar la nómina de cargos inventados, profesionales, coordinadores, analistas, dizque especialistas, cuyos sueldos van desde los 9 mil pesos hasta los 30 mil mensuales, y los funcionarios no dan una explicación de las abismales diferencias. Los asesores prácticamente desaparecieron y como por arte de magia se convirtieron en “coordinadores ejecutivos” o por lo menos fue en esa categoría en la que se pudo localizar a los consejeros conocidos, el ex periodista Raúl Castillo con 85 mil pesos mensuales (oficina del Ejecutivo) y al veterano panista Salvador Morales Muñoz con 68.5 mil (Secretaría General). El problema fue que al sumar, la oficina de Osuna Millán gasta 374 mil pesos al mes –4.48 millones de pesos al año– en un total de 11 “coordinadores ejecutivos” y según él, no tiene asesores. Las rarezas dentro de su nómina incluyen datos como que uno de sus choferes gana 22 mil pesos mientras su administrativo especializado cobra 19 mil pesos. Y Edel de la Rosa Anaya, su directora de atención ciudadana está inventariada como secretaria auxiliar de control y seguridad. En esta mezcla poco clara, el gobernador –solapado por el Congreso– hace lo que le viene en gana sin que los ciudadanos puedan saber en qué se está gastando el dinero. En la Secretaría General de Francisco García Burgos, Salvador Morales y otros 33 “coordinadores ejecutivos”, cobran un millón 165 millones al mes, lo que resulta en 13.9 millones al año. Y además tiene registrados dos asesores: Emigdio Olivar, 22.5 mil pesos y Blanca Trochez Reza, 22.3 mil pesos, 540 mil pesos al año por ambos. También tiene enlistados un puño de “profesionistas especializados” quienes como Sergio de la Garza Herrada y sus 37.3 mil pesos al mes, ganan más que los defensores públicos que salen a 16 mil 600 pesos mensuales, de hecho, hasta el archivista llamado Jorge Vega (20.2 mil pesos) colecta más que los abogados de oficio encargados de defender a la gente pobre. En la Secretaría de Seguridad Pública la situación es… más numerosa. Oficialmente tienen a Teresa Zúñiga como asesor por 17.9 mil pesos al mes, pero además cuenta con 45 asesores jurídicos con sueldos que van de los 8.5 mil pesos a los 28. 8 mil pesos mensuales que cuestan en total 843 mil pesos cada 30 días y poco más de 10 millones al año, lo mismo que se gasta el licenciado Daniel de la Rosa en 33 “coordinadores ejecutivos” donde por cierto tiene incluido a su encargado de comunicación Moisés Uribe. Planeación y Finanzas tiene una asesora de 24.7 mil pesos, y nueve coordinadores ejecutivos que cuestan 3.3 millones de pesos al año; en la Secretaría de Desarrollo Económico son cinco coordinadores ejecutivos por los que se erogan 1.9 millones al año; y 11 en la Oficialía Mayor donde cuestan 3.3 millones de pesos al año. Al final son 47 millones de pesos al año gastados en personas que laboran en apenas seis, de las nueve Secretarías del Gobierno central, de quienes no se sabe qué hacen. Ante el arca abierta que brinda la ausencia de precisión respecto a las obligaciones y cargos, les resulta fácil cumplir con la obligación de publicar la nómina sin que esto signifique que cumplen con la transparencia. Y así, el licenciado Osuna y sus funcionarios, traicionan dos veces la confianza ciudadana, una al no exigirse y demandar a sus secretarios, directores y coordinadores –con áreas y labores específicas asignadas en nómina– cumplir con sus responsabilidades de crear y ejecutar programas; y la segunda, inflando el registro de honorarios, a costillas del presupuesto con una lista escondida de asesores, amiguitos y achichinque, donde resulta imposible saber quién desquita su sueldo, quién ha ganado su permanencia, y quiénes deberían irse. Eso, señor Gobernador, es engañar al pueblo.
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