PGJE: Transportistas ordenan muerte de Castellanos

Autores materiales, los “Armenta” Los asesinos lo cazaron durante una semana. A ellos los habían contratado diez días antes en Sinaloa, expresamente para matar al Regidor Arturo Castellanos Ruiz. Así lo confesó Noé Javier Armenta Beltrán, en su declaración tomada por personal de la Procuraduría de Justicia de Baja California. La madrugada del 6 de febrero de 2011, en Ensenada Castellanos Ruiz se convirtió en el primer edil asesinado a tiros por matones del crimen organizado en Baja California. Quienes ordenaron el homicidio, y los sicarios contratados para ello, cruzaron otro límite y  gozaron de total impunidad. Un año, seis meses y 28 días después, la Procuraduría del Estado de Baja California finalmente logró la consignación de uno de los cinco identificados por esa instancia como autores materiales, y solicitó la “orden de aprehensión urgente” contra dos de los presuntos autores intelectuales, a quienes ubican como miembros de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V., conocida como  “Rojo y Blanco”. La lista incluía originalmente a seis de sus integrantes. Confesiones del homicida Noé Javier Armenta Beltrán negó los hechos hasta que se vio perdido. En su declaración explicó: a él lo mandó llamar un hombre sinaloense que vivía en Ensenada, conforme a la PGJE en el rastreo de datos encontraron que el “jefe” de los homicidas llegó al puerto después de haber sido deportado de Estados Unidos, donde dejó antecedentes criminales. Pudieron saber que este residente de Ensenada  había desempañado trabajos varios mayormente en el área de albañilería, pero también había sido chofer de transporte público. De acuerdo a la investigación, así fue como los autores intelectuales lo conocieron y lo contactaron. Preguntaron quién podía cometer el crimen y los remitieron con el ex conductor de transporte público.  Le hablaron, le dijeron que le tenían “un trabajo”: asesinar el regidor Arturo Castellanos, le ofrecieron 200 mil pesos y aceptó, pero advirtió que debía traer a su gente, los inmiscuidos aceptaron los términos. Por diferentes vías y sin que supieran entre sí, la última semana de enero de 2011,  este hombre se comunicó con cinco de sus parientes; lejanos y cercanos, hombres todos nativos de Sinaloa. Les detalló de qué se trataba y dijeron que sí. Fue rápido, de manera casi inmediata les envió dinero para los traslados, llegaron a Ensenada en camión, y se congregaron en el domicilio del cabecilla, al llegar se dieron cuenta que se conocían. De hecho todos tienen algún tipo de lazo sanguíneo o político  con la familia Armenta que radica en Sinaloa en las inmediaciones de la zona criminal identificada como “El Triangulo Dorado”.  “El Tanga” o “El Grande” detalló cómo desde  10 días antes, apenas pisaron tierras ensenadenses, recibieron los autos una  pick-up Ford F250 y la  RAV –los habían robado un año atrás, en 2010 en Estados Unidos–, además les entregaron dos pistolas, una calibre 45 y otra 9 milímetros. Recibieron el equipo y parte del pago, una persona a la que no identifica plenamente pero que no estaba en el grupo de homicidas. La orden era que a partir de ese momento, matar al Regidor cuando encontraran el momento propicio. Lo ubicaron y lo siguieron durante más de una semana, aseguró Armenta, no tenían acuerdo con la policía municipal, por eso el día de los hechos no pudieron asesinarlo en el primer intento, debido a que había una patrulla cerca. Eran las 00:30 horas de la madrugada del 6 de febrero y el regidor Castellanos recién salía del “table dance” Los Mostachones, platicaba con uno de sus colaboradores sobre la calle Cortez, entre Primera y Segunda de la colonia Hidalgo en Ensenada, cuando dos hombres le dispararon 12 tiros, 10 le perforaron el cuerpo. Huyeron, dejaron el pick up a media cuadra, en la calle Eusebio Kino de la colonia Maestros, se fueron todos en la RAV4 que abandonaron en la colonia Echeverría, entre Calle Constitución y 5 de Febrero. Y se fueron a bordo de otra camioneta a la casa que habitaba el hombre que los había contratado, estuvieron unas horas escondidos, y muy temprano el mismo domingo 6 de febrero de 2011, salieron de Ensenada. Por tierra en una camioneta los cinco hombres que participaron directamente en el asesinato –incluido el que los contrató– fueron transportados a Mexicali. Ahí les pagan otra parte del dinero y los despacharon. El plan original era que todos regresarían a Sinaloa en avión, pero no traían pesos y en el aeropuerto no les aceptaron dólares, así que cada uno buscó la forma de abandonar el estado. Tres compraron pasajes de camión y se regresaron juntos a su estado natal y otros dos abandonaron el grupo y se trasladan por su cuenta. El detenido explicó que el pago restante lo hicieron llegar después. De capturas y rescates De acuerdo a los informes de quienes participaron en la captura de Noé Armenta, concretada en la zona Dorada de Sinaloa en la Estación Bamoa el jueves 30 de agosto de 2012,  hubo un intento de rescate durante el operativo desarrollado por 40 agentes ministeriales del estado de Sinaloa, 30 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, dos helicópteros y tres vehículos blindados. “Fue en la última parte, las fuerzas armadas salieron de la zona apenas unos minutos antes de la llegada de un comando armado de criminales”. En total se catearon nueve domicilios. — ¿Se filtró información a las células de traficantes respecto al operativo? “No, la lógica indica que los vieron llegar, y aunque es una posibilidad el hecho de que trataran de evitar la captura o liberara a Noé Armenta, la realidad es que en la zona donde se hicieron los cateos hay presencia de muchos grupos criminales y creemos que es probable que creyeran que iban por alguien con más criminal que también radica en esa área. Pero igual, al llegar a Baja California se le resguardó como si existiera la posibilidad de que intentarán liberarlo o callarlo”. Ya en diciembre de 2011 y en febrero de 2012, la PGJE había enviado personal de la policía ministerial a buscar a Armenta Beltrán y a los otros cuatro criminales, sin éxito. “Aquí el hombre se mantuvo muy calmado, como si estuviera seguro de que enviarían a alguien a sacarlo del problema”, relataron agentes involucrados en su custodia. Así se mantuvo hasta la noche del lunes 3 de septiembre de 2012 cuando intentó aprovechar un traslado al inodoro para fugarse, sin éxito. En el caso de “El Tanga” las autoridades no encontraron antecedentes delictivos, caso diferente de los otros cuatro implicados como autores materiales, quienes ya fueron capturados antes en Estados Unidos o en Sinaloa. La averiguación previa  778/11/300 Conforme al prime reporte pericial, en ninguno de los carros usados por los homicidas para cometer el crimen se habían localizado fibras, huellas o casquillos. Sólo una gorra de beisbol en el pick up y una esponja que utilizaron para limpiar el interior de la RAV4. Y no había testigos que ubicaran a los usuarios de los autos. En términos prácticos, no tenían indicios de los autores materiales. Durante 2011, basados en testimoniales, inspecciones, documentales públicas, periciales e informes de autoridad, la procuraduría del Estado solicitó al juez segundo una orden de aprehensión contra Gonzalo y Armando Gutiérrez Guerra, Medardo Meléndrez, Francisco Vega, José Hernán Sandoval Cortez y Julio César Meléndrez González, todos integrantes de la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L. de C.V., considerándolos autores intelectuales del homicidio y planteando como móvil del crimen, la rivalidad por asuntos económicos y de poder entre dos grupos de Transportes Rojo y Blanco. El juzgador negó las órdenes y argumentó que para poder considerar a los presuntos autores materiales responsables del asesinato, la PGJE debía encontrar y ofrecer elementos que vincularan a los autores materiales con los transportistas. Y a eso se abocaron el último año. Las entrevistas confirmadas con un perfil genético llevaron a los investigadores a la casa que había habitado el sinaloense que reunió al grupo de matones. Uno de los autos usados para trasladar a los sicarios había sido visto estacionado en el domicilio, de ahí todo fue seguir evidencias que llevaron a Mexicali, Sonora y Sinaloa hasta aglutinar 16 tomos de pruebas que les sirvieron para obtener órdenes de aprehensión, pero sólo en contra de los 5 presuntos autores materiales. Se le preguntó a la responsable de la indagatoria, la subprocuradora en Ensenada Lidia Gallegos, si el ex chofer que reunió a los matones había trabajado en Rojo y Blanco pero solo respondió: “Lo único que puedo decir es que  todos los transportistas se conocen y él había sido chofer y la RAV4 la había tenido en su casa”. De la captura de Noé Armenta declaró que: “En marzo de 2011 cuando recuperaron la facultad tenían una historia, el móvil y los presuntos autores intelectuales, el juez consideró necesario un vínculo de éstos con los materiales y con trabajo intenso de campo empezamos a construir sobre los materiales, el hilo conductor nos llevó primero a tres de los autores materiales y este año pudimos encontrar a otros dos”. La PGJE no cambió el móvil del crimen ni a los socios y dirigentes de Transporte Rojo y Blanco como sospechosos de la autoría intelectual. — ¿Cuál fue el vínculo que encontró el MP de los autores materiales con los transportistas de Rojo y Blanco? “No estoy facultada (para) hablar de los autores materiales mientras el juzgado no nos haya otorgado las órdenes de aprehensión urgentes que solicitamos y conforme a la ley tiene de plazo hasta la tarde del martes 11 de septiembre de 2012 si el abogado defensor pide duplicar plazos. “Y tampoco puedo informar cuáles fueron las ligas específicas que estamos probando, porque  de hecho en un proceso como éste ésa es información reservada para conocimiento exclusivo del juez. Pero puedo comentar que está bien fundamentada con reportes periciales, testimoniales, trabajo de campo y apreciaciones técnicas”. —En conferencia de prensa, el Procurador Rommel Moreno y usted dijeron que el asesino está confeso, pero sabemos que no es raro que en las siguientes declaraciones, criminales como Armenta se retracten o desdigan. ¿Eso le permitiría quedar libre? “Nosotros teníamos toda la historia, se armó con todo tipo de pruebas y elementos, él solo vino a corroborarla, además en casos como éste, siempre la primera declaración tiene preponderancia”. De la rivalidad entre transportistas En cuanto a la razón para asesinarlo, la autoridad sostiene la misma versión que en 2011: el pleito por presuntos desfalcos millonarios, rutas de taxis y el control de la mesa directiva de  la Sociedad Cooperativa de Transporte de Pasajeros de Ensenada, S.C.L de C.V. aunque no revelaron el nombre de los presuntos autores materiales, sobre quienes solicitaron las dos órdenes de aprehensión recientes, extraoficialmente se maneja que se trata de dos titulares de la mesas directiva, Medardo Meléndrez y Gonzalo Gutiérrez. Sin embargo al cierre de esta edición, las órdenes no habían sido otorgadas. Pero ambos líderes transportistas habían desaparecido de la vida pública de Ensenada desde la mañana del 5 de septiembre de 2012, cuando la prensa se enteró que pasado el mediodía, la PGJE ofrecería una conferencia anunciando la captura de uno de los asesinos de Castellanos. Reporteros los buscaron en sus oficinas y radio comunicadores, pero ni los encontraron ni respondieron los llamados. ZETA se presentó en las oficinas de Rojo y Blanco donde una secretaria dijo que los líderes habían estado temprano en las oficinas pero habían salido. Estaban invitados a las 14:00 horas del mismo día, al acto público donde se integraría una asociación estatal de transportistas, pero enviaron a un representante. Ahí sus compañeros aseguraron que Meléndrez estaba en la ciudad de México. En abril de 2011 ambos integrantes de la mesa directiva se trasladaron de Ensenada a las oficinas de ZETA en Tijuana, para asegurar que eran inocentes, que sus detractores dentro del gremio, incluido el director de Tránsito y Transporte Municipal, Raúl Carrillo, habían hecho declaraciones y guiado la investigación imputándolos, con la finalidad de sacarlos de la dirigencia de la cooperativa y que la PGJE había respondió a la presiones políticas. Además reclamaron que no se investigara la línea del “agiotismo” al que se dedicaba el fallecido regidor Castellanos Ruíz, o sus presuntas relaciones con los hermanos Molina Miche, ligados en algún momento a actividades de las células del crimen organizado. Transportistas y el móvil En la conferencia, el procurador Moreno y la subprocuradora Gallegos sostuvieron que el móvil se trataba de problemas entre transportistas. Consultado al respecto, el director de Transporte de Ensenada, Raúl Carrillo declaró: “Quiero enfatizar el reconocimiento a la labor de la Procuraduría del Estado y esperamos que se vaya hasta las últimas consecuencias, con todo el peso de la ley caiga quien caiga, con el resto de los implicados en este artero asesinato”. Respecto a su participación como detractor de Meléndrez y Gutiérrez Guerra, reiteró que está imposibilitado para intervenir en la vida interna de las cooperativas. Explicó que tras la muerte de Castellanos finalmente se dio un cambio entre los titulares de Rojo y Blanco, pero los mencionados líderes permanecen, cambiaron al de la Comisión de Vigilancia y al Tesorero. En cuanto a que el homicidio resultó de un pleito entre transportistas manifestó que él no podía validarlo porque no le consta, pero en todo caso no se puede hablar del transporte público en general ni juzgar a un sector por el mal comportamiento de “unos” si es que hubo algún acto ilícito que la PGJE pueda probar. Respecto a recientes señalamientos que lo ubican como “actual amigo de Meléndrez” uno de los señalados y actual Secretario del Consejo Municipal de Transporte de Ensenada, Baja California, Carillo aclaró: “Por la redes sociales se han estado haciendo muchas acusaciones sin sentido, involucrando a gente reconocida de la ciudad y en ese sentido con todo respeto pido más responsabilidad. “Cierto, al señor Meléndrez me lo he encontrado en conciertos y hay fotos con él y con el alcalde, con el delegado de la PGR y más personas, eso no significa que Rojo y Blanco  reciba preferencia”. Explicó que en las fechas cercanas al asesinato de Castellanos, cuando se mencionó que la Unidad de Transporte y el regidor estaban investigando a la empresa mencionada, se trataba de una revisión administrativa pero de todo el sector: “Les pedí santo y seña a las 6 empresas de camiones y 14 gremios de taxis, todos entregaron el material y la mayoría fueron multados por un aumento de precio anticipado, en Rojo y Blanco encontramos la disputa interna por un supuesto fraude que a mí no me consta”. Aseguró que escoge a sus amigos pero como director de la Unidad de Transporte tiene la instrucción del alcalde Enrique Pelayo de recibir a todos: “Mientras las personas estén libres, no hayan sido juzgadas y condenadas mi obligación es atenderlos y en es el caso de Rojo y Blanco, a quienes niego rotundamente estemos favoreciendo, de hecho es la empresa a la que más antidoping les hemos aplicado y en este momento Sindicatura tiene dos carros que se presumen clonados del señor Luis Villalobos, y se está investigando. Ni los atacamos antes, ni los protegemos ahora, o todos coludos o todos rabudos”, aseguró Carrillo. Quien concluyó diciendo que las amenazas anónimas en su contra continúan: “Recién entregamos a la Policía Estatal Preventiva la amenaza donde una persona que tiene relación con esa corporación y que nosotros despedimos por pérdida de confianza amenaza con ‘chacalearse’ a todos los de transporte y que le van a cobrar todas a Carrillo y a un Rodolfito”. Y reiteró su agradecimiento por la detención del: “…chingado asesino artero y cobarde que mató a un amigo”. Órdenes de aprehensión Al cierre de esta edición ZETA fue informado que la defensa solicitó ampliación del término constitucional, por lo que la resolución del juez respecto a la “petición urgente” de orden de aprehensión se trasladó al martes 11 de septiembre. También se pudo conocer que Noé Armenta Beltrán no negó ante el juez los datos aportados en su declaración preparatoria ante el ministerio público del fuero común, al preguntarle sobre el resto de los hombres señalados como autores materiales, admitió que los conocía, que vivía con algunos y que había participado en los hechos criminales cometidos en contra del que ahora sabía era el regidor Castellanos, la madrugada del 6 de febrero de 2011. Aunque en ningún momento dijo “yo lo maté”.