Las transas en el agro

Requiere Secretaría de Agricultura más de 3 millones a patronato de Agrobaja Incertidumbre es lo que viven cientos de residentes del Valle de Mexicali por todas las implicaciones que conlleva la lentitud en el avance de la construcción del canal que sustituirá al Nuevo Delta –“4 de Abril” le llaman desde el gobierno, “27 de Enero” quieren nombrarle los grupos campesinos-. Y es que a dos años del sismo que sacudió el Mexicali urbano y el Valle, productores agrícolas, sobre todo los de la llamada Zona Cero, no saben cuándo podrán tener su siembra al 100 por ciento, como estaban antes del terremoto. Aunque el Gobierno Federal les aporte 7 mil pesos por hectárea, ese apoyo resulta insuficiente, sobre todo porque no abarca la larga cadena productiva que incluye canaleros, operadores, jornaleros, mecánicos, gasolineros y el movimiento económico que todos esos eslabones generan. Esa incertidumbre que invade a cientos de residentes del Valle de Mexicali, resalta que cuando ha habido dinero de los programas, éste haya quedado en manos de funcionarios y empresarios, sin que llegase hasta el destino final que representan la producción y los productores.  En ese contexto resaltan dos casos: 1. Desde las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) están requiriendo al Patronato de Agrobaja reintegrar a la dependencia federal más de 3 millones de pesos entregados a ese organismo “en apoyo estratégico a los productores del Valle de Mexicali” luego del sismo de abril de 2010, en acciones que incluían la creación de una agencia de Desarrollo Rural, la cual nunca se concretó, pero el dinero sí se gastó. En ese tiempo el Patronato de Agrobaja lo encabezaba José Fernando Posada Gallego, ex director del ISSSTECALI, de Educación y ex aspirante panista a la alcaldía de Mexicali en 2010. 2. También desde las oficinas centrales de la SAGARPA en la Ciudad de México, reclaman la devolución  de cerca de medio millón de pesos entregado a Fundación Produce, y que sería encauzado a “gastos de operación en equipamiento” para el seguimiento del programa operativo 2007. Bajo esa premisa y solicitado por la delegación de la dependencia federal en la entidad, el dinero se utilizó para la compra de una camioneta Tahoe de lujo, con asientos de piel, lo más moderno en su momento que fue a dar a las manos del entonces delgado federal, Genaro López Bojórquez. Ahora y desde las oficinas centrales, igual reclaman ese dinero evidentemente mal gastado. Mientras la exigencia de la devolución sigue un camino jurídico -hasta ahora no concluido-, productores, jornaleros, canaleros, operadores y sus familias esperan la hora en que se agilice la alentada construcción de la parte central del Canal Alimentador. Lo curioso es que los llamados canales secundarios -o red menor-, en algunos casos ya están terminados, solo se espera que la vena central se concluya, lo que los optimistas calculan sería hasta finales de 2013. El temor de los agricultores es que la fecha del cambio de Gobierno Federal, el próximo 1 de diciembre, pueda cambiar el proyecto, y que los recursos ya etiquetados pero no entregados, se destinen a otros programas de parte de la próxima administración federal de extracción priista y encabezada por Enrique Peña Nieto. De atrás para adelante Los trabajos de construcción del nuevo canal alimentador avanzan y se detienen, pero a la vez, los ramales secundarios en algunos casos ya están listos. “Si van a rehacer esta obra, como es que empiezan del final, en la red secundaria y las empresas locales no tuvieron la capacidad para hacer un canal de este tipo, pero sí pudieron hacer las otras (secundarias). En el canal principal el trazo partió un sinfín de parcelas, por lo que hay muchos afectados. Ahora ya no pueden ni seguir, ni avanzar ni nada, le deben a los constructores y por falta de tiempos no llegan los recursos federales, porque hay incumplimientos de fechas y avances, se está volviendo una crisis mayor”, asegura uno delos productores, quien optó por el anonimato. Por su parte, el líder de la Central Campesina Independiente (CCI), Jorge Camacho Álvarez, refiere que a ellos como campesinos la falta de agua les afecta, ya que prefieren sembrar que recibir los 7 mil pesos de apoyo federal. “Hay gentes que trabajan con nosotros en el tractor, en el troque, en la trilladora, en la pizcadora de algodón, en la pala, ayudándonos a trabajar la tierra. Esas gentes tienen familia, también comen y pagan la luz, esas gentes están en el olvido”. El líder campesino comenta que son más de 15 mil hectáreas las que se han dejado de sembrar -por la afectación del sismo de abril de 2010-, y a dos años, aún viven en la incertidumbre. “Se mira muy feo el panorama, pero ahorita o pagan la luz, o comen”, dice Camacho, además de insistir en que peor aún es que no hay seguridad en cuanto a la fecha de conclusión de los trabajos del canal. Refiere que apenas el fin de semana tuvieron una reunión informativa con funcionarios federales de SAGARPA y de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). “La desesperación ya es mucha en el campo y en toda esa zona, y no sabemos ni para cuándo”, expone el dirigente, quien afirma que ni los propios funcionarios federales pudieron asegurarles una fecha de conclusión de los trabajos de construcción del canal. “Han puesto tres o cuatro fechas y las han ido moviendo”, sostiene el líder ceceista. En la red menor, en la parte del Módulo 11, tienen cerca del 30 por ciento de avance. En el Módulo 12 llevan como un 60 por ciento. El problema es que el canal principal –el llamado 4 de Abril, aunque ellos no estén de acuerdo con el nombre- apenas lleva cerca del 15 por ciento de avance. De igual manera, indica que en esos módulos actualmente se está regando apenas la mitad de la superficie, ya que están usando el canal viejo, el Nuevo Delta -que quedó “asentado” en la zona de la Geotérmica-, y de 6 metros cúbicos por segundo que necesitan, apenas usan 3. Entre los dos módulos suman cerca de 9 mil hectáreas, pero apenas están regando 4 mil. En contraparte, cada productor recibe 7 mil pesos por hectáreas no trabajadas, aparte no saben qué pasa con el agua que no usan. Una de las versiones es que el gobierno mexicano paga un adeudo internacional de líquido, por lo que esa cuota se queda en Estados Unidos. En cuanto a la posible fecha para que los trabajos del Canal Principal finalicen, Camacho afirma que les han dicho que en 2013, pero no tienen el dato exacto. Por lo pronto ya tienen encima el ciclo otoño-invierno, que inicia en octubre con el regado de las alfalfas, trigo, cebada y avena. A decir por Camacho, a mediados de julio hicieron un recorrido por la zona del entronque -en el Ejido Nayarit-, y lo que encontraron fueron trabajos de construcción del canal, totalmente parados. “Hay empresas que ya se fueron y dijeron que lo hacían porque el gobierno no tenia dinero para pagarles”. En mayo pasado, el líder de la CCI asistió a un congreso nacional de su organización, donde estuvo un funcionario de CONAGUA, quien les informó que el dinero del canal ya se había enviado a Baja California.  Por su parte, el presidente del Módulo 11, Jorge Zazueta, explica que el canal “viejo” se dividió para usarlo a la mitad, pero aclara que el canal 4 de Abril tiene su propia problemática por el derecho de vía, por el trazo. ”Con nosotros no tiene problemas porque son acuerdos internos, pero en el paso sí ha tenido problemas”, dice en referencia a algunos productores. La alusión parece estar relacionada con Rigoberto Montoya, ex presidente del Módulo de Riego, quien no ha terminado de negociar el cruce del canal por sus tierras. Zazueta expone que en algunas zonas ya se negoció el pago y los apoyos, pero en cuanto a la lentitud  de los trabajos del canal, asegura que es por la falta de recursos: “En mi opinión ellos quieren tardarse lo que puedan”, y refiere cómo el retraso en el canal repercute en la economía dela zona, “por eso nos roban las compuertas, hay mucho raterismo”. Recursos, distracción Resulta contradictorio que -pese a la evidente necesidad de apoyos y programas para el agro cachanilla- cuando han existido esos soportes, en muchos casos son mal utilizados o al menos sin comprobar su correcto destino. Botón de muestra es el Patronato Agrobaja, donde el Gobierno Federal exige la aclaración del uso de más de 3 millones de pesos precisamente destinados a apoyos y programas surgidos a raíz del sismo de 2010. De acuerdo a datos extraoficiales confirmados por ZETA, a fines de 2010 la SAGARPA y Agrobaja acordaron conjuntar acciones para crear la Agencia de Desarrollo Rural destinada a Baja California, y más específicamente, a la llamada Zona Cero en el Valle de Mexicali. Teóricamente se buscaba elaborar un proyecto estratégico de impacto regional, destinado a los productores que vieron dañadas cosechas y tierras con el sismo. En ese tiempo la SAGARPA la encabezaba Genaro López Bojórquez, y el Patronato de Agrobaja, José Fernando Posada Gallego. Agrobaja es un patronato de productores, cuya principal tarea es la realización de una feria anual –regularmente en marzo- que reúne a productores y comercializadores nacionales y extranjeros, y que recibe apoyo federal para su actividad. De acuerdo a datos, “se hizo el compromiso de cumplir con el objetivo de dicho convenio mediante la realización conjunta de actividades y coordinación de esfuerzos en la mecánica de operación”. Para ello se destinaron 3 millones 11 mil 271 pesos, aunque parece que no se hizo nada y el dinero sí se gastó. El caso es que desde las oficinas centrales de SAGARPA requirieron los comprobantes de gastos, y sobre todo, los productos que se esperaban del programa de trabajo. De acuerdo a las oficinas centrales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, las justificaciones fueron “deficientes y no satisfactorias”, por lo que ahora están requiriendo que el Patronato les devuelva esos 3 millones de pesos más los intereses generados “por la distracción de recursos”, advirtiendo que de no hacerlo, se iniciarían acciones legales. Otro ejemplo es el de Fundación Produce, organismo de carácter privado que se dedica a la investigación agropecuaria y que también recibe apoyos públicos a través de SAGARPA y de la Secretaría de Fomento Agropecuario (SEFOA). En julio de 2008, cuando Genaro López dirigía la delegación en la entidad, el comité de la fundación se reunió para realizar la justificación técnica para adquirir un vehículo “a solicitud de la delegación estatal de SAGARPA”, con recursos del FOFAEBC, un programa de fomento a la actividad agropecuaria que a la vez tiene un subprograma de investigación y transferencia de tecnología. Con dinero federal destinado a esos programas, se acordó aprobar la propuesta del delegado de SAGARPA y adquirir un vehículo. Se analizaron cotizaciones y propuestas, pero lo que originalmente era un vehículo todo terreno para siete personas y destinado a la investigación, derivó en una lujosa camioneta Tahoe Z71 -la más moderna y lujosa, con asientos de piel-, que en 2008 costó al erario 476 mil 376 pesos. Esa singular compra ha sido parte desde un seguimiento y revisión por parte del órgano interno de control de SAGARPA, y hasta la fecha es un expediente en revisión, aun con recientes comparecencias. Pero el 1 de diciembre está cada vez más cercano y todo ese contexto será parte de la herencia, del legado para la nueva administración federal, sobre todo en la parte que tiene que ver con la producción agrícola y pecuaria en Baja California, específicamente en el Valle de Mexicali. Ni José Fernando Posada Gallego, ni Genaro López, respondieron los llamados a entrevista con este reportero para conocer, desde su punto de vista, el destino de los dineros que de manera oficial fueron entregados para beneficio de los productores del Valle, pero que éstos no han visto.