Residentes de Vizcaíno tomaron oficinas de gobierno La Reserva de la Biosfera del Desierto del Vizcaíno es considerada el área natural protegida más grande del mundo, con una extensión de 2 millones 546 mil 790 hectáreas. Desde 1998 fue oficialmente reconocida por el gobierno mexicano, y en 1993 se le nombró Santuario Ballenero, además de Patrimonio de la Humanidad, por su abundante fauna y flora silvestre, incluidas especies endémicas y algunas en peligro de extinción. Pero nadie sabía lo que sucedía dentro de los poblaciones de esa zona natural protegida, como es el caso de la comunidad del Vizcaíno -así nombrada por estar en el punto central de la reserva-, conocida también como Villa Alberto Andrés Alvarado Arámburo, hasta que el 14 de agosto, los habitantes de plano tomaron las oficinas del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, de Servicios Públicos, Policía Municipal y hasta la delegación municipal. Los ciudadanos reaccionaron de esa manera porque, según explicó el ex diputado Felipe Prado Bautista, al igual que uno de los protagonistas de este movimiento, “el gobierno está cobrando los impuestos a un costo muy elevado, y no quería asumir la responsabilidad del pésimo servicio”. En entrevista con ZETA, Prado indicó que durante los últimos meses la mayoría de los pobladores observaron cómo el recibo del agua subió de golpe de un 100 por ciento hasta un 300 por ciento más, y cuando buscaron explicaciones, “nadie se las quiso dar”. El caso ameritó la intervención de los diputados Martín Pérez Murrieta y Edith Aguilar Villavicencio, de PAN y PRD, respectivamente, quienes desde la máxima tribuna del estado y presentando una iniciativa de acuerdo económico, solicitaron la comparecencia del alcalde perredista de Mulegé, Guillermo Santillán Meza. Los dos legisladores de Mulegé afirmaron que necesitaban saber por qué el alcalde había subido el precio del agua, ya que desde su punto de vista es “un acto arbitrario porque no estaba fundamentado legalmente, y contrariamente, lesionaba de manera grave la economía de las familias y limitaba el crecimiento de comercios y negocios de turismo, quienes por lógica, subieron sus costos de operación que finalmente repercutían en los clientes. “Es urgente que se revise esa situación que priva en Mulegé, porque el incremento es ilegal y arbitrario, y violenta las disposiciones legales de la Ley de Hacienda”, expuso a ZETA Pérez Murrieta. El Artículo 19 Fracción X de la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, establece que cuando los servicios públicos sean prestados directamente por los municipios, éstos tendrán a su cargo determinar y actualizar las cuotas y tarifas. Sin embargo, el Artículo 27 de la citada Ley, indica claramente que para poder actualizar las cuotas y tarifas del agua, el organismo operador tendrá que determinarlas en base a fórmulas y procedimientos técnicos que para tales efectos están establecidos, y una vez resuelto, remitirlas al Ayuntamiento para su análisis y discusión en el seno del Cabildo, quien a su vez, obligatoriamente tendría que solicitar formalmente, a través de una iniciativa, una modificación de la Ley de Hacienda, facultad exclusiva del Poder Legislativo. 
Por su parte, la regidora Soraya Gaxiola, del Ayuntamiento de Mulegé, reconoció que el tema del incremento de las tarifas del agua “no se ha revisado, analizado y discutido en el seno del Cabildo”, por lo que al igual que la diputada perredista Edith Aguilar Villavicencio, la del PVEM solicitó reconsiderar el aumento de las tarifas de agua potable, porque aunque hasta la fecha sigue insistiendo en una explicación, dijo, “no ha obtenido una respuesta favorable de la autoridad que persiste en el cobro de tarifas ilegales”. En un comunicado de prensa, el Ayuntamiento de Mulegé fijó su postura al respecto, argumentando que no se trata de un aumento de tarifas, sino de una actualización, porque desde el año 2002 permanecían intactas. “El Sistema de Agua Potable y Alcantarillado no estaba constituido legalmente, como establece la Ley de Aguas del Estado de Baja California Sur, la cual fue modificada en el sexenio del ex gobernador Leonel Cota Montaño, por lo que el organismo no hacía pagos correspondientes a los derechos de agua”, se expone en el comunicado. Por tal situación, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Mulegé no pudo ejecutar durante años obras en coordinación con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), lo cual fue en detrimento de la población, empero, una vez regularizando la operación del organismo, tuvo que asumir compromisos económicos que antes no existían, y que en el futuro atraerán obras públicas. Aun con todo esto, los pobladores del Vizcaíno se habían mantenido tranquilos, hasta que el martes 14 de agosto se apoderaron de las oficinas gubernamentales de esa población. La gota que derramó el vaso fue la implementación de un operativo policiaco con agentes que fueron enviados desde Santa Rosalía, quienes en un par de horas levantaron más de 60 infracciones a los automovilistas, “lo que causó mucha irritación en el pueblo”, según dijo Onésimo Mendoza, uno de los afectados. Por tal razón -explicó el automovilista- “nos juntamos y fuimos a hablar con el delegado Rubén Hinojosa Cabrera, quien se solidarizó con nosotros y no opuso resistencia a que tomáramos y encadenáramos las oficinas hasta en tanto no se presentara personalmente el alcalde Guillermo Santillán Meza”. Los pobladores pretendieron levantar multiplicar su inconformidad y acciones de protesta en otras comunidades como La Bocana, Punta Abreojos y San Ignacio, pero no tuvieron eco. Desde la toma de las instalaciones gubernamentales, el tesorero del Ayuntamiento de Mulegé, Erick Cisneros Burgos, trató de mediar con los pobladores, y lo único que recibió fueron mentadas y reproches. “Ya estamos cansados de los malos servicios públicos y de la escasez de agua potable, porque encima de que tenemos que pagar los recibos de agua con altas tarifas, también tenemos que comprarla con piperos para que surtan nuestras casas”, afirmaron en un escrito enviado a ZETA. Pero ante la ausencia del alcalde de Mulegé, Guillermo Santillán Meza, quien cuando estalló la inconformidad estaba bajo observación médica en la ciudad de Mexicali, Baja California por un problema de salud, los pobladores no tuvieron más remedio que sentarse en una mesa de negociación, y en una reunión a puerta cerrada, sacar el compromiso de que a más tardar en 15 días -y una vez regresando el alcalde- resolverían la situación, siempre y cuando regresaran las instalaciones gubernamentales. Los acuerdos Al cierre de esta edición, todo había regresado a la normalidad en esa pujante comunidad agrícola, tras aceptar los inconformes retirarse del lugar en la mesa de negociación que estuvo presidida por las siguientes personas: – Por parte del gobierno, el tesorero Erick Cisneros Burgos; el director del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, Marcos Antonio Romero Meza; y el director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Jaime García Meza. – Por de los inconformes estuvieron el ex diputado Felipe Prado Bautista en representación de los afectados por las tarifas de agua, y Onésimo Mendoza en representación de los automovilistas infraccionados. Datos recabados por ZETA revelan que entre los acuerdos que se habían tomado de manera temporal destacan: 1. Suspender los retenes y filtros por parte de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, en el entendido de que deberán regularizar sus unidades vehiculares cuanto antes, para garantía y seguridad de los propietarios. 2. Reconsiderar las infracciones aplicadas a los automovilistas, a excepción por causas de daños a terceros y por infringir bajo los influjos del alcohol. Asimismo, entregar los vehículos detenidos a los automovilistas, con el compromiso de cada uno de tramitar o regularizar su carro, y pagar cualquier derecho que no esté cubierto, como placas, revistas, licencias y revalidaciones, entre otros aspectos. 3. En el tema del agua potable se establecieron tres acuerdos: El primero revisar el porcentaje de reducción al precio de las tarifas en una Junta de Gobierno del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado; el segundo, dar atención especial a los usuarios que tengan medidores instalados; y el tercero, suministrar del vital líquido a las colonias que no cuentan con red de agua potable, cobrando una cuota simbólica. 4. Destituir de su cargo a Fabio Yee, recaudador de impuestos de Alcoholes, a su vez, líder de los comerciantes foráneos en esa comunidad, que todos los domingos se instalan sobre la calle 16 de septiembre, y quienes también serán desalojados. 5. Crear una oficina de representación de la comunidad indígena que trabaja en los campos agrícolas, cuyo titular sea elegido por los propios beneficiarios. La crisis Pero lo que sucede en el municipio de Mulegé, es solo el reflejo de las medidas que algunos ayuntamientos están terminando por asumir para tratar de allegarse de más recursos económicos y poder resolver la grave crisis económica por la que atraviesan actualmente. La actual situación no es para nada nueva. Desde hace años se viene arrastrando, y en el caso de las nuevas administraciones, el panorama cada vez es más negro e incierto, sobre todo por el cúmulo de compromisos por cumplir y sin disponer de dinero. La falta de previsión ha tomado por sorpresa a algunos alcaldes como el de Mulegé, quien durante algunas giras de trabajo del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, ha soportado todo tipo de improperios de quejosos, dado su mal gobierno y pésima administración, esto según la regidora del PVEM del Ayuntamiento de Mulegé, Soraya Gaxiola. Pero toda esta situación parece se complicará más todavía, sobre todo ahora que los sindicatos de burócratas sacaron a relucir el pleito petitorio y están presionando a los ayuntamientos a negociar más prestaciones económicas que representarán un fuerte desembolso. Datos recabados por ZETA exponen que existen dos puntos estratégicos que el sindicato está empujando para sacar adelante el presente año: 1. Exigir el pago de retenciones a trabajadores de los cinco ayuntamientos, donde en el Consejo Extraordinario de Mulegé tomaran las decisiones y acciones que emprenderá el gremio para obligar a los ayuntamientos a liquidar los adeudos del dinero descontado de los salarios de los empleados. Tan solo en el caso de Mulegé, existe un pasivo de un millón 382 mil pesos por ese concepto, heredado por la anterior administración, y de un millón 200 mil pesos en lo que va del presente gobierno; dinero que pese a ser de los trabajadores, no ha caído en los fondos de ahorro FONACOT y FOVISSSTE. 2. Negociar el pliego petitorio de este año, que contempla 28 puntos y una bolsa de 101 millones de pesos a favor de los empleados agremiados al Sindicato de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Baja California Sur. La información, ya en manos de los gobiernos, tendrá que ser revisada y analizada para ver si es posible hacer frente a algunas de las peticiones, ya que de acuerdo al tesorero del Ayuntamiento de la Paz, Rosendo Castro Orantes, “estamos en una situación económica muy difícil y complicada, y no podemos responder de inmediato hasta no valorar todos los pormenores del pliego petitorio”. El responsable de las finanzas municipales comentó que la actual deuda del ayuntamiento paceño tiene afectadas el 100 por ciento de las participaciones federales, y en tanto no sea reestructurada, imposibilita hacer frente a cualquier asunto de tipo económico, y más aún, tratándose de bancos. Según el tesorero, el caso de la recientemente aprobada reestructuración de la deuda del ayuntamiento paceño por parte del Congreso local, permitirá liberar el 83 por ciento de las participaciones federales afectadas, y el resto, es decir, el 13 por ciento, seguirá destinándose al pago de deudas bancarias, y por ende, el gobierno tendrá mayor liquidez para hacer frente a tanto compromiso. Castro Orantes declaró que entre las medidas que por ahora tiene en mente el Ayuntamiento de La Paz, está el tratar de eliminar gastos fuertes, como los del alumbrado publico, por lo que están pensando en instalar equipos de uso de energía sustentable, ya que “el consumo de energía eléctrica está ahogando a las administraciones, y lo podemos ver en el caso de Comondú y Mulegé, que recientemente sufrieron el corte de luz. Nosotros vamos al corriente, pero tenemos muy poco margen de maniobra cada mes, por eso si no hacemos algo ahorita por tener un sistema de alumbrado diferente, podríamos tener problemas en un futuro”, advirtió. El antecedente Toda esta situación es, en parte, responsabilidad de sus antecesores, quienes no solo heredaron grandes deudas, sino saquearon impunemente las arcas públicas. Cuando tomaron protesta, los alcaldes José Antonio Agúndez Montaño, Esthela Ponce Beltrán, Venustiano Pérez Sánchez, Jorge Alberto Avilés Pérez y Guillermo Santillán Meza, anunciaron sendas auditorías a sus antecesores y una minuciosa revisión de cuentas y gastos para ordenar las finanzas de lo que restaba de 2011, además de proyectar ingresos y egresos en su presupuesto fiscal 2012. El 70 por ciento de la Cuenta Pública de 2010 fue auditada por el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Baja California Sur, detectando un enorme desaseo financiero en los ayuntamientos de Los Cabos, La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé. Por principio de cuentas encontraron lo siguiente: 1. No se comprobaron gastos por 994 millones 429 mil 213 pesos con 10 centavos que salieron del fondo fijo de caja, anticipos de sueldos, gastos a comprobar y anticipo a proveedores en Los Cabos. 2. No se comprobaron gastos por 308 millones 835 mil 367 pesos y 80 centavos que salieron del fondo fijo de caja, anticipos a cuenta de sueldos, gastos a comprobar y anticipos a proveedores en La Paz. 3. No se comprobaron gastos por 194 millones 940 mil 14 pesos con 84 centavos que salieron del fondo fijo de caja, anticipos a sueldos, gastos a comprobar y anticipo a proveedores en Comondú. 4. No se comprobaron gastos por 19 millones 854 mil 725 pesos con 75 centavos que salieron del fondo fijo de caja, anticipos de sueldos, gastos a comprobar y anticipo a proveedores en Loreto. 5. No se comprobaron gastos por 52 millones 218 mil 637 pesos con 88 centavos que salieron del fondo fijo de caja, anticipos a sueldos, gastos a comprobar y anticipo a proveedores en Mulegé. Si bien es cierto los alcaldes no podían hacer nada para castigar a los responsables de este saqueo, en virtud de que primero había que interponer una denuncia penal -algunas actualmente en proceso- y esperar el deslinde de responsabilidades, en ese momento tenían elementos suficientes para llamar a cuentas a sus antecesores y recuperar parte de ese botín, que en total asciende a mil 600 millones de pesos, que representan la mitad de la deuda pública del gobierno del estado. Hoy por hoy, todo ese dinero público hace falta para pagar nómina, elaborar obra pública, modernizar oficinas, reparar equipos de trabajo y unidades automotrices, y sobre todo, hacer más eficientes los servicios de recolección de basura, agua potable y seguridad pública en todos los ayuntamientos del estado. No obstante, en vez de actuar, alcaldes y tesoreros planearon sus finanzas públicas como si no hubiera crisis, sin calcular ni tomar en cuenta que los contribuyentes y sus principales proveedores de dinero venían arrastrando problemas económicos desde 2009, “y todo apuntaba a que la situación empeoraría”, porque como explicó el regidor panista del Ayuntamiento de La Paz, Saúl Lamas Guzmán, “el gobierno municipal está tocando fondo, y hasta hace dos semanas todavía había problemas para pagar la nómina de los trabajadores y cumplir con todos los compromisos asumidos con la ciudadanía”. Y es que en un estado meramente turístico, donde la economía se mueve en base a la derrama del turismo y proyectos de inversión, casos como el brote de la influenza en México y la crisis inmobiliaria en Estados Unidos, hicieron estragos en la economía de los sudcalifornianos. Bajo ese panorama desolador y teniendo encima todo tipo de compromisos adquiridos en campaña, los alcaldes recurrieron a líneas de crédito y a comprometer participaciones federales e impuestos, más allá de sus administraciones. Sin embargo, y como lo reconoció el propio tesorero del Ayuntamiento de La Paz, Rosendo Castro Orantes, “hoy en día es muy difícil acceder a un crédito nuevo sin estar avalados por agencias calificadoras de valores autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores”, y sobre todo porque apenas en 2009, sus antecesores recibieron autorización del Congreso local para contratar una línea de crédito que terminó por endeudar aún más a los ayuntamientos: – 100 millones de pesos para La Paz. – 80 millones de pesos para Los Cabos. – 66 millones de pesos para Comondú. – 44 millones de pesos para Loreto. Para no perder la costumbre, el dinero no tuvo un destino feliz, porque una vez auditado y según sus respectivas auditorías, los alcaldes se dieron cuenta que el recurso había sido utilizado en el enriquecimiento ilícito de sus antecesores, amigos y familiares, en supuestas compras de equipos y ejecución de obras que nunca aparecieron.
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