La calidad educativa que el gobierno federal del Presidente Felipe Calderón no tuvo la inteligencia de lograr a través de programas académicos, las autoridades pretenden alcanzarla de un plumazo. A los funcionarios calderonistas les tiene sin cuidado que el 70 por ciento de los maestros activos en el país hayan reprobado sus exámenes de aptitudes, también que los resultados de la Prueba Enlace, creada para evaluar la calidad de la educación en el país, haya determinado en 2011 que el 60 por ciento de los alumnos de primaria y el 80 por ciento de los de secundaria, tienen niveles de aprendizaje “insuficientes”, al obtener calificaciones reprobatorias. Pero en lugar de darle un lugar a la transparencia y a la continuidad real en la evaluación educativa, optaron por la opacidad y evasión, como si las deficiencias académicas no se reflejaran deshonrosamente en la competitividad, desarrollo y calidad de vida en México. Como si la ausencia de oportunidades que la ignorancia conlleva no fuera uno de los principales combustibles de los elevados índices de delincuencia y adicciones que azotan el país, las autoridades, mal llamadas educativas, eligieron las apariencias. Ahora, aunque alumnos de nivel básico reprueben, no se usará tal calificativo para no darle un enfoque “punitivo” a la calificación deficiente, y con ello “evitar la deserción”, justificó el secretario de Educación José Ángel Córdova Villalobos, quien por cierto, mintió al asegurar que la figura de no reprobación para primero y segundo año de primaria, está estipulada en la Ley General de Educación desde 1982… léala, no hay tal. Existe un Acuerdo Número 200 de la SEP de 1994, referente a las Normas de Evaluación y Aprendizaje que han venido renovando, en el cual se habla de la valoración permanente del aprendizaje a través de calificaciones, para la toma de decisiones pedagógicas oportunas, que tampoco evade la responsabilidad de calificar a los reprobados. Pero las normas se pueden cambiar cada año, y esta idea se empezó a manejar públicamente a partir de abril de 2007, cuando especialistas del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, lo manifestaron como una propuesta para ayudar al alumno a recuperarse y mejorar cobertura terminal del país en el nivel básico de educación. Además, el gobierno de México ya no quiere gastar los más de 27 mil millones de pesos que le cuestan anualmente los niños reprobados. En el Plan Escolar de Educación Básica de 2009 ya se podía leer: “Primero y segundo grados de primaria son considerados como partes de un ciclo. Muchos alumnos que no aprenden a leer y escribir en primero, lo hacen sin mayores problemas en segundo. Por ello, el alumno que haya asistido regularmente a clases debe ser promovido a segundo, a menos que el Maestro detecte problemas serios de aprendizaje. Se recomienda que al decidir reprobar a un alumno de primer grado de primaria, se tomen en cuenta las opiniones del padre de familia o tutor”. Pero fue en junio de 2011, cuando el subsecretario de Educación Básica de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Fernando González, entregó a los senadores el Nuevo Modelo Educativo para el nivel básico y se anunció que el inglés sería segundo idioma; escuelas con horario ampliado o de tiempo completo; sustitución de boletas por cartillas de calificaciones; eliminación del concepto de aprobados y reprobados; y que los niños se evaluarían solo de tercero de primaria a tercero de secundaria y cada tres años. Entonces los menores -7 de cada 10, según estadísticas actuales- serán transferidos, sin obstáculos, de tercero a sexto de primaria, y de primero a tercero de secundaria, sin haber adquirido los conocimientos, habilidades, destrezas, valores, hábitos necesarios para un mínimo de suficiencia académica; situación ésta que era medida a partir de exámenes con calificaciones aprobatorias o no aprobatorias. Pero eso sí, la federación se va a ahorrar varios miles de millones de pesos al dosificar su número de reprobados por trienio. Y aunque no estudien o aprendan, asegura que los escolapios lleguen a sexto de primaria, y que los que ingresan a secundaria terminen el tercer grado, porque solo al final de cada nivel, se sabrá quiénes reprobaron. Cierto, la educación en los alumnos es producto de las enormes deficiencias de sus maestros, la corrupción del gobierno y la indolencia de la sociedad, pero institucionalizar la ignorancia es una medida tramposa y mediocre. ¿Qué sigue? ¿Eliminar los reprobados de la preparatoria y la universidad? ¿Obligar a los empresarios a contratar a egresados con formación profesional anodina? Pero qué se puede esperar de gobiernos como el federal, estatal y municipal que permiten que la escuela en la comunidad Nueva Jerusalén, Michoacán, con claves de la SEP, sea destruida impunemente. Que nadie haya sido detenido y les sea negado a los niños el derecho a acceder a la educación. Ni modo de apostarle al sindicato de maestros encabezado por Elba Esther Gordillo, aferrada a una dirigencia vitalicia, cuyas lealtades y apoyos se movilizan al ritmo de sus necesidades de enriquecimiento y empoderamiento personal y político. Tampoco son opción los disidentes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE), que se niegan a la evaluación magisterial y andan buscando a qué manifestación se unen para abandonar los salones de clases. Ante la calidad de los actores políticos -tal vez también los pasaron de año sin aprobar-, el panorama educativo mexicano es cada vez más turbio y desalentador. Y de nuevo se requiere la participación ciudadana, de los grupos organizados, empresarios, inversionistas, grupos de profesionales, para enderezar el camino. Después de todo, serán éstos a quienes corresponderá darle trabajo a los egresados que resulten de esta aprobación indiscriminada, carente de seriedad, en la evaluación de la calidad educativa.
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