Todavía no salen de una elección, y los “políticos” bajacalifornianos ya están metidos en el próximo proceso electoral estatal, que legalmente iniciará dentro de siete meses, en febrero de 2013. Así, las agendas y planes gubernamentales siguen sometidas a caprichos y necesidades político electoreras de quienes suspiran por un puesto de elección popular y sus respectivos padrinos. Necesario es empezar con los funcionarios que prontitos -en enero de 2012 los menos descarados, en marzo los más cínicos-, abandonaron los puestos en los que habían sido electos o designados para correr en pos del triunfo electoral de sus respectivos partidos, y sin el menor decoro, regresaron a las 24 horas o cinco días después de la jornada electoral a seguir consumiendo de la ubre pública. Y siguen en campaña. Los ejemplos más públicos, las perdedoras Lizbeth Mata Lozano (PAN) y Nancy Sánchez (PRI), quienes saborearon el rechazo del electorado en sus aspiraciones al Congreso de la Unión, pero regresaron inmediatamente a sus abandonadas diputaciones locales. Lo mismo hizo la regidora panista por Tijuana, Miriam Ayón, seguida de David Saúl Guakil, secretario de Desarrollo Social Municipal; José Luis Hernández Silerio, director de DIF Municipal; y José Osuna Camacho, delegado en Mesa de Otay. Como lograron que su partido ganara, a todos los tijuanenses -les parezca o no- les tocó pagarles el premio regresándolos a la nómina y a su sueldo. De estos hombres, por lo menos los dos primeros controlaron la campaña tricolor en Baja California, conocen las zonas de miseria, las necesidades, con qué se “conforma” la gente. Han aprendido a administrar políticamente la pobreza y pertenecen a un PRI que se ha esforzado en dejar claro que “su partido tiene gobierno y su gobierno tiene partido”. Pensar que su regreso no tiene una intención electorera, sería pecar de inocencia. De nuevo los requerimientos ciudadanos son lo que menos importan en un gobierno del estado panista, donde se visualiza como próxima la salida de Hernando Durán de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, porque el senador electo Ernesto Ruffo se lo lleva a México, como si hubiera demostrado gran capacidad. En la misma línea está el ex secretario general, Cuauhtémoc Cardona, quien declinó porque aspira a un puesto de elección popular, o el secretario de Desarrollo Social, Pablo Alejo López Núñez y su renuncia, cuando se hizo público que su partido había perdido las elecciones federales del 1 de julio de 2012. Oficialmente no le permitieron dejar el puesto, pero desde entonces, durante más de un mes, se han dado los jaloneos para suplirlo. Primero mencionaron a Javier Castañeda, quien desde hace varios años suspira por la candidatura a la alcaldía de Tijuana. Y después que siempre no, que mejor iban a promover al actual diputado local, Maximiliano García, porque es uno de los gallos del gobernador Guadalupe Osuna para ocupar su puesto el próximo sexenio. Total, se trata de entregársela a quien la pueda aprovechar más políticamente. Las bondades o perjuicios que esa decisión pueda traer a los pobres de Baja California, les resultan evidente y francamente irrelevantes. Igual en los primeros niveles de los ayuntamientos, donde enloquecidos o envalentonados -por el triunfo alcanzado con millonarios recursos nacionales y compra de votos de parte de todos los partidos en los comicios pasados-, ahora tres de los grises alcaldes de Baja California creen que merecen ser candidatos a gobernador. No han sido capaces siquiera de satisfacer las expectativas municipales, pero Francisco Pérez-Tejada Padilla, Carlos Bustamante y Enrique Pelayo ya están más que apuntados, con agendas públicas evidentemente contaminadas de sus aspiraciones. Además del senador Fernando Castro Trenti, que aprovechó su posición privilegiada para garantizar otros tres años de permanencia en el Congreso de la Unión, registrándose en los primeros lugares como diputado plurinominal, puesto que abandonará en cinco meses para buscar la candidatura a gobernador. Y si no la logra, no pasa nada, tiene su sueldo de diputado federal garantizado, se trata de caer parado. Así, los grupúsculos del poder permanecen en campaña en Baja California, distraídos de sus obligaciones para con los gobernados y representados. Inmersos en la soberbia y avaricia que los imposibilita para cumplir plenamente los compromisos que adquieren, acrecentando la repugnancia ciudadana por la política y sus indignos representantes.
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