Las células municipales de “El Aquiles”

Otro ex municipal reclutador identificado Como las células criminales, los policías también se reorganizaron. Antes servían únicamente al Cártel Arellano Félix, y después de cuatro años de pugnas internas, ahora identifican como uno de sus “jefes” delictivos a Alfonso Arzate y/o Arteaga “El Aquiles” o “El Poncho”. Se trata de agentes municipales activos reclutados por ex policías que renunciaron al saber que serían detenidos, otros que se dieron a la fuga al ser citados, y algunos que fueron aprehendidos por sus nexos con el crimen organizado y liberados uno o dos años después, por falta de elementos. Como el ex uniformado Sergio Heriberto Fernández Dueñas, liberado en el primer trimestre de 2012 y recapturado el 9 de agosto con nuevos cargos. “Nos manifestó de viva voz que junto con el de nombre Jesús Mariano Salas Sicairos, trabajan para el sujeto de nombre Alfredo Arzate Arteaga ‘El Aquiles’…”, así se indica en el parte que la Policía Estatal Preventiva (PEP) presentó ante el Ministerio Público Federal. Hoy se sabe que tres de las 18 armas decomisadas en ese operativo dieron positivo con homicidios perpetrados en Tijuana, sin embargo, la autoridad no ha detallado, cuándo ni cuáles, ni en qué hechos. La captura de Fernández Dueñas fue producto de un seguimiento que elementos del Consejo Estatal de Seguridad de Baja California están realizando de los ex policías capturados entre 2008 y 2010, y que han sido liberados. El operativo inició hace casi cinco meses y ya tiene resultados. La aprehensión de Fernández Dueñas, la búsqueda de Mariano Salas Sicairo y la identificación de por lo menos cinco agentes activos ligados a las actividades de estos dos ex oficiales corruptos. Roberto Ronald Reina Arrellanes, Fabián Chávez Velázquez, Ángel Arceo Sevilla y Roberto Porfirio Mendoza fueron identificados  por delincuentes menores capturados en el proceso de seguimiento que hicieron de Fernández. Incluso hay uno más, de apellido Laborín, al que relacionan, porque uno de los autos utilizados por los ex policías metidos a traficantes de armas, estaba registrado a nombre de la progenitora del uniformado. Adicionalmente, como resultado de otros operativos municipales, el Consejo Estatal de Seguridad pudo identificar al ex agente Julio Gabriel Preciado Ochoa, y a los oficiales activos Geconias Martínez Broca y Omar Robles Valenzuela, inmersos también en las actividades de los cárteles. Reclutando policías Julio Gabriel Preciado Ochoa es ex policía municipal de Tijuana y actualmente tiene amenazados a un puñado de agentes activos, y a otros tantos comprados en sus servicios de calle. Quiere que “le informen de los operativos que se llevan a cabo en los distritos”, pero además ofrece dinero y pide la “cortesía” para que liberen a sus socios criminales cuando éstos son detenidos. A partir de julio de 2012, las fuerzas municipales detectaron la “intervención” de un sujeto específico a favor de los criminales. Les llamó la atención porque “sabía perfectamente el usos de las claves de comunicación”, además de que sospecharon, era policía o ex uniformado. Entre el 19 de julio y el 13 de agosto, este sujetó presionó, ofreció dinero y amenazó para intentar liberar a algunos conocidos narcomenudistas detenidos en posesión de marihuana, en el aseguramiento de  casas donde se vendía droga al menudeo y la captura de una banda de polleros procedentes de Nayarit. Los delincuentes apresados empezaron a hablar, y el nombre de Preciado Ochoa fue la constante en las declaraciones, incluidas las de los traficantes y adictos detenidos en operativo realizado el viernes 10 de agosto en la Zona Norte. Los señalan integrantes de grupos rivales en la Zona Centro y sus presuntos cómplices. Al conocer detalles, al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana las primeras sospechas fueron sobre Efrén Preciado, subjefe del Distrito de La Presa. Los criminales aclararon que se trataba de Julio Gabriel, y agregaron, “sí están emparentados”. No especificaron si aún tenían tratos, pero advirtieron que el ex uniformado andaba reclutando elementos policiacos en lo que considera su zona de influencia: Centenario, San Antonio de los Buenos y Zona Centro. Conforme a los dichos de estos delincuentes, ya tiene grupos de agentes reclutados en Centenario, y mencionaron varios ejemplos, pero solo ofrecieron datos específicos que dieron pie a una indagatoria interna para la posible remoción de los agentes Martínez Broca y Robles Valenzuela, que la noche del 2 de agosto patrullaron en la unidad 0708  y supuestamente obtuvieron mil dólares de Preciado por liberar a un vendedor de droga. Se sabe que por ese tipo de servicios empieza ofreciendo mil pesos, usualmente a través de un “enviado” con el dinero o con un teléfono para contactar. De sus enemigos, jóvenes capturados en la Zona Norte y en el área de canal conocida como el bordo, la información fue que “… se está metiendo donde no debe y sin permiso”, que las células que operan en esa zona, considerada la que más ganancias produce en venta de droga, ya “pidieron permiso para ejecutarlos”. Solo esperan el visto bueno del jefe de todos: Alfonso Arzate y/o Arteaga García “El Aquiles” o “El Poncho”. Dueñas y Salas Aunque fueron detenidos el 9 de agosto de 2012 en posesión de un arsenal en la casa ubicada en la Privada Hacienda 6185-34 del fraccionamiento Jardines de Agua Caliente en Tijuana, a Sergio Fernández Dueñas lo habían ubicado unos meses atrás. Su nombre y el de otros policías activos salieron a relucir -como en el caso anterior- a partir de aprehensiones de delincuentes menores; siendo la más importante el 23 de junio, cuando tres hombres fueron detenidos en la colonia Herrera, con más de 30 paquetes de marihuana y medio kilo de cristal, para ser mencionado de nuevo el 3 de julio, tras el aseguramiento de casi dos kilos de cristal y un hombre en la colonia Los Laureles, ambas en la delegación Playas. Sin embargo, los informes de mayor relevancia los encontraron la tarde del jueves 9 de agosto, entre la calle Baja California y Coahuila, cuando por su conducta sospechosa, Mario Enrique Ibarra Trejo fue abordado para una “revisión precautoria”. Estaba en un auto estacionado en doble fila, en compañía de una mujer y en posesión de alrededor de 800 gramos de cristal distribuidos en diferentes bolsas de plástico. Este hombre evidenció la ubicación de su jefe en una casa de seguridad en Jardines de Agua Caliente, así que se consignó la detención de Trejo, alias “El Mike”, y se ordenó un operativo para atender la siguiente denuncia. Así llegaron los policías estatales preventivos a la residencia donde se resguardaban los ex uniformados Fernández Dueñas y Jesús Mariano Salas. A pesar de que la PEP no solicitó refuerzos, alguien al interior los traicionó, porque cuando llegaron los delincuentes ya habían sido notificados, estaban preparándose para abandonar la casa y armados. Pero el aviso no fue tan oportuno, ya que la forma en que fueron encontradas las pistolas, evidenciaron que los criminales trataron de llevarse la mayoría de las armas lo más rápido posible. Algunas se les cayeron en el trayecto de la casa a la cajuela de los autos. Mariano Salas fue más rápido, ya iba de salida cuando llegó el primer equipo de la PEP, así que los  recibió a balazos. Ciudadanos reportaron el ataque a los números de Emergencia. Elementos de la Policía Municipal, Ministeriales y Federales respondieron de manera inmediata y numérica. Salas ya había escapado a punta de pistola en una minivan color negro, como se había dado la alerta del vehículo, hubo un reporte de que había sido detenido por la Policía Municipal, pero después se informó que fue un error. Como no hay confianza entre corporaciones, al interior del Consejo Estatal de Seguridad existe la duda de que “lo dejaron ir”. Para entonces la PEP había acordonado la zona, sabían que Fernández estaba en la casa y recibieron la orden de agradecer y rechazar el apoyo para evitar más fugas de información y el acceso de otras fuerzas operativas. Lo único que reportaron a sus compañeros de otras corporaciones, fue que se trataba de un sujeto peligroso y que ya tenían organizado el operativo de captura. En la casa, Sergio Fernández había tomado su arma y huido hacia el interior del inmueble, mientras afuera la PEP crecía en número, alcanzándolo en el patio trasero, tratando de subir una barda que le quedó alta. Tenía a los agentes encima pero no soltó el arma. Lo sometieron con el uso de la fuerza. Además de las 18 armas en la casa, se localizó al de nombre de Jesús Mariano Salas Sicairos, el ex policía prófugo, y una factura de Grupo Integral de Servicios Logísticos Premier, S.A. de C.V. Tractocamiones. Más municipales Tras identificar a Gabriel Preciado Ochoa como ex oficial corrupto, en la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana se está siguiendo un proceso interno para identificar a los oficiales que ya se incluyeron en su nómina, de entrada los ya señalados Martínez Broca y Robles Valenzuela. De igual manera, se giraron instrucciones para detenerlo y denunciarlo, porque ha amenazado la vida de los uniformados que lo han rechazado. Respecto a Roberto Porfirio Mendoza, Roberto Ronald Reina Arrellanes, Fabián Chávez Velázquez, Ángel Arceo Sevilla y el de apellido Laborín, señalados en el operativo de Fernández y el arsenal decomisado, del cual tres armas fueron usadas en asesinatos, el Municipio espera el refuerzo del Estado para la depuración. La Secretaría de Seguridad Pública Estatal solicitó apoyo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada en la indagatoria. Todas las peticiones están en proceso.  Mientras, al interior de la Policía Municipal de Tijuana, el proceso de depuración a través de la aplicación de los exámenes de confianza continúa. “A la fecha se ha enviado aproximadamente a la mitad de la corporación, con un promedio de 100 efectivos evaluados por día, y se tiene una aprobación promedio del 95 por ciento”, informa un boletín institucional emitido el 15 de agosto por la SSPM. Sin embargo, aún falta definir si los agentes identificados como “sospechosos por presuntas ligas con los cárteles” durante el primer trimestre de 2012, ya fueron acreditados. Están los casos de Jacobo Valles José Juan, denunciado como presunto criminal, razón por la cual su domicilio fue cateado el 31 de marzo de 2008 por el Ejército. No encontraron nada y denunció a los soldados por abuso de autoridad, por privarlo de su libertad junto a otros tres familiares, y sustraer un muestrario de joyas. En octubre de 2011, agentes municipales acudieron a denunciarlo a ZETA de tener la costumbre de ordenar la liberación de delincuentes, al igual que Juan Meza, Rodríguez Flores y Rosales. En diciembre lo señalaron de estar ligado a “El Aquiles”. Además, siguen sin investigar los señalamientos hechos por policías y delincuentes que ubican a los agentes José Hernández y César Parra de estar ligados al también ex policía  Israel Vergara “El Marquitos”, servidor de René Arzate “La Rana”, delincuente al que también ligan con el oficial José Vela; a Roberto Esparza y Paredes Yáñez, supuestamente relacionados con “Los Chamulas”; a Baca, cuyo nombre salió a relucir en el asesinato de Jesús Alberto Hurtado; o los policías presuntamente ligados al criminal identificado como “El 8-8”,  José Camacho y Jesús Almanza. Otros mencionados son Ruiz Castillo, José Hernández… y la lista sigue con indagatorias locales, casi administrativas. En Tijuana se tiene contratados a  2 mil 500 policías y faltan por examinar más de mil 250, pero más allá de los exámenes de confianza, lo que sigue sin llegar son las investigaciones de la SIEDO, mientras los elementos siguen siendo subcontratados por la mafia, ahora, por células que rinden cuentas a Alfonso Arzate García “El Aquiles”. Otra de la juez Parra: Otorga amparo a ligada a autor de incendio en Casino Royale A una semana del aniversario del ataque al Casino Royale de Monterrey, la masacre más sangrienta desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado, una juez de Baja California podría dejar en libertad a una de las presuntas involucradas en el atroz crimen. Se trata de Irasema López Garza, pareja sentimental del supuesto autor intelectual del ataque, Carlos Oliva Castillo “La Rana”, señalado por las autoridades como el presunto encargado del Cártel Los Zetas en los estados de Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. El Ejército Mexicano detuvo a la pareja el 13 de octubre de 2011 en Saltillo, Coahuila, acompañados por Juan Carlos Garza Rodríguez, supuesto escolta de “La Rana”. Al momento de su presentación, el director de Comunicación Social de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, consideró a Oliva Castillo como uno de los líderes más importantes de la mencionada organización delictiva, solo por debajo de Heriberto Lazcano “El Lazca” y de Miguel Ángel Treviño Morales “El 40”. A pesar de la cercanía con Carlos Oliva, a Irasema López no se le fincaron cargos directos con el ataque al Casino Royale. Se le acusó de poseer paquetes de marihuana con fines de venta y armas de uso exclusivo del Ejército. El 31 de diciembre de 2011, la mujer fue trasladada al Centro de Readaptación Social de La Mesa, donde permanece recluida mientras se desahoga su procedimiento penal en el Juzgado Segundo de Distrito, con sede en Saltillo, Coahuila. Para tomar la declaración de la inculpada, el juez en Saltillo realizó un exhorto al Juzgado Quinto de Distrito en Tijuana y así comisionar la tarea a los agentes del Ministerio Público Federal adscritos a ese Juzgado. Irasema López declaró el 16 de enero de 2012, motivo por el cual sus abogados interpusieron un juicio de amparo ante el Juzgado Noveno de Distrito con sede en Tijuana, por “ilegal detención fuera de procedimiento y retención”, argumentando que debieron haberla declarado en un periodo de 72 horas. El 31 de julio, un día antes de irse de vacaciones, la juez Blanca Evelia Parra Meza concedió el amparo, facultando la excarcelación de López Garza el 17 de agosto. Cabe mencionar que fue Parra quien decretó el auto de libertad a Jorge Hank Rhon el año pasado, cuando fue encarcelado por tener en su posesión un arsenal de 88 armas largas y cortas. De acuerdo con el oficio DCTAF02807/2012, al cual ZETA tuvo acceso, el Ministerio Público Federal interpuso un recurso de revisión un día antes de la liberación de la procesada, impugnando que la determinación de la juez Parra fue “una inexacta apreciación de los actos reclamados, porque no se valoraron todas las pruebas”. El MPF objeta que por un lado, el juez suspendió el término constitucional, al tratarse de un proceso por exhorto realizado por un juez en Coahuila a su contraparte en Baja California. Por otro lado, se expone que la propia procesada solicitó otra ampliación de 72 horas para ser declarada. Para el Ministerio Público Federal se tomó la declaración en tiempo y forma. Al presentar el recurso de impugnación, se suspende de manera temporal la liberación de Irasema López Garza. Si el MPF no hubiera actuado a tiempo, esta mujer posiblemente estaría libre en este momento, con todo y sus supuestos nexos cercanos con la masacre de 52 personas, marcando así otro episodio de impunidad en la guerra contra el crimen organizado. (Investigaciones ZETA) Inseguridad nacional En los últimos días la ola de violencia continuó a lo largo y ancho del territorio mexicano, derivando en varios eventos, principalmente, obra de la delincuencia organizada. Michoacán. El sábado 10 de agosto, en el municipio de Apatzingán, se dio un enfrentamiento entre delincuentes y policías, donde cinco perdieron la vida al enfrentarse con policías federales.