De enero a marzo, los contribuyentes cumplidos, comprometidos y responsables, pagan impuestos. De abril a junio, las autoridades del Poder Ejecutivo emprenden la temporada de amenazas a los deudores para obligarlos a pagar los tributos. De julio a diciembre, los gobiernos inician la época de condonaciones y premios a contribuyentes incumplidos, hasta carros rifan. Es la misma historia cada año sin mayores consecuencias. Ante tal panorama, no es necesario ser brillante para entender que los esfuerzos fiscalizadores limitados a perdones y premios a los rezagados, no han generado los resultados esperados. La promesa que hacen los gobiernos de ir -en términos jurídicos- por los grandes deudores, también se queda en discursos. Los morosos que integran ese archivo con millonarias cuentas por cobrar siguen en la impunidad, mientras sus negocios crecen por tener una obligación clara con los gobiernos; normalmente se trata de grandes empresas pertenecientes a familias adineradas de la región. Conscientes que su prestigio social y financiero, los hace no pagar lo que a la ciudadanía deben por concepto de Impuesto Predial, servicios públicos, pago de derechos y otras obligaciones. En esa condición están fraccionadores, desarrolladores, inmobiliarias y consorcios de ingeniería. En Tijuana hasta el aeropuerto ha evadido las cuentas. A lo más que llegan estas personas físicas o morales, con extensas propiedades y sólidos capitales, es a tratar de negociar los pagos con terrenos de mala ubicación, como si el gobierno fuera una fraccionadora, y con los predios se pudieran construir líneas de agua, calles, parques, pagar la recolección de basura, alumbrado, etcétera. El problema es el mismo en Federación y Estado, pero usualmente hace crisis en los municipios, donde se otorgan los servicios más cercanos a la ciudadanía, que deben pagarse con ingresos propios, en los que usualmente se quedan cortos. Después piden y les aprueban préstamos, se generan deudas que pasan de una administración a otra, y de vuelta al círculo de ayuntamientos y servicios deficientes. Con todo y sus calificaciones crediticias “sanas”, en los municipios bajacalifornianos los saldos por cobrar en multas de tránsito, de estacionómetros, revalidación de comercio, ambulantes, de permisos de transporte y permisos de alcoholes, sobre todo en el Predial, que es la principal fuente de ingresos, son amplios. Los funcionarios de Tijuana han hablado de mil millones de pesos en rezago predial; en Mexicali anunciaron 850 millones de pesos en cuentas por cobrar; en Rosarito 370 millones y 25 millones por multas de tránsito; Ensenada y Tecate, también reconocen deudores, pero se esfuerzan en ocultar su atraso. Este año, las administraciones municipales de Mexicali y Tijuana decidieron admitir su incapacidad para crear un sistema efectivo de recaudación que no genere mayores gastos, incumplir sus obligaciones, y como si se tratara de un estallido de talento, anunciaron que trasladarían su responsabilidad fiscalizadora -esa por la que reciben un sueldo- a empresas privadas. Cómodamente los “administradores” optaron por la premisa “De lo perdido… lo que aparezca”. Como retribución, además de un sueldo fijo, estas compañías acreedoras se llevarán una tajada de lo recuperado. Conforme a datos públicos, los tijuanenses entregaron cuentas por 150 millones de pesos, de los cuales los cobradores se quedarán con 50 millones, mismos que debieran ingresar a las arcas municipales. En la capital entregaron cuentas por 5 millones, de los cuales las empresas recibirán 1 millón 200 mil pesos que los cachanillas perderán en obras. Evidentemente la mayor molestia es para los contribuyentes cumplidos, que solo escuchan y ven la danza verbal de los millones, sin que esto se refleje en una mejora sensible de los servicios. Incluso, la deficiencia de éstos, es el argumento principal para los deudores de impuestos. Algunos ciudadanos consideran prioritario satisfacer necesidades básicas antes que entregar sus pesos a gobiernos como el de Rosarito, que tras publicitar la puesta en marcha de su segundo Plan de Austeridad, anunció que sus regidores acudirán, según ellos, por labores propias de su encargo a Los Cabos, zona turística de la que el alcalde rosaritense es asiduo visitante. En ese contexto resulta difícil no darles algo de razón a quienes se niegan a cumplir con la responsabilidad de los impuestos, porque no ven su dinero en la mejora de servicios o una eficiente administración. Se comprende también el inevitable malestar de otros incumplidos contribuyentes, cuando se dan cuenta que el alcalde de Tijuana rechaza un traductor en Lenguaje de Señas, pero se lleva dos edecanes a todos sus actos y viajes, cuando se aferra en una Ruta Troncal mal planeada, o entrega dinero público a proyectos privados como el equipo de futbol Xoloitzcuintles, como si se tratara de ciudadanos pobres sin recursos, y la ciudad no contara con necesidades. La obligación de contribuir es para todos: las autoridades ejerciendo administraciones austeras, sin incorporar a las arcas el pago de sus placeres, y consumando la obligación de cobrar sin erogar recursos adicionales. De los ciudadanos, atendiendo obligaciones tributarias. Y si los gobiernos van a perder, que sea a través de convenios de largo plazo que favorezcan a los gobernados, y no a cobradores externos. Con el Impuesto Predial como ejemplo, saber que durante todos los trienios en que se ha premiado la morosidad, solo entre 42 y 58 por ciento han cumplido esta obligación, debería ser razón suficiente para diversificar las estrategias, pero ya. Y funcionarios… sin sangrar más el erario.
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