Por los delitos en daño en propiedad privada, abuso de poder, nepotismo, amenazas y despojo, fueron denunciados en Contraloría Estatal y la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE), el secretario y delegado en Tijuana-Rosarito de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Carlos Ceseño Gámez, y Carlos Flores Vázquez. La familia Rodríguez Rodríguez posee un inmueble en el Lote 26 de la manzana S-N del Cañón del Padre, con superficie real de 790.84 metros cuadrados. Daniel Rodríguez García es propietario inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, partida 5418819, de fecha de 13 de mayo 2005, donde tiene un negocio establecido de taller de camiones y tornos. Sin embargo, Rodríguez García declaró que el 25 de abril de este año, Ceseño Gámez se presentó en su taller de trabajo y de manera prepotente, arbitraria y sin ninguna orden ni derecho, le expresó de manera verbal: “Traigo la orden de mi secretario, el contador Carlos Flores Vázquez y del gobierno del estado y federal, de tumbar la barda y tomar el terreno, quieras o no y sin documentos”. Colindante con el predio del afectado, el gobierno del estado lleva a cabo la obra de canalización del Arroyo Alamar. Liliana Rodríguez, hija del afectado, señaló a ZETA que sin notificación alguna, los trabajos de demolición de la barda de su predio comenzaron a realizarse. “Antes de que tumbaran la barda se les mostró físicamente el Registro Público de la Propiedad, con escrituras positivas que nos acreditaban como dueños legítimos de los bienes inmuebles, sin embargo, Ceseño Gámez nos respondió prepotente que ellos traían una orden del secretario para tirar la barda, y todavía nos dijo que tenía instrucciones de hacer una carretera con dinero federal y que esa obra debe terminarse antes del sexenio”. A su decir, una máquina retroexcavadora y trabajadores de la constructora de Los Potros empezaron a destruir parte del patrimonio de la familia, el 27 de abril. “Destruyeron una barda que teníamos en el límite de nuestro predio, el costo de esa barda asciende a 56 mil pesos, pero además nos quitaron una parte del predio, que mide aproximadamente 104.66 metros cuadrados, ya que supuestamente la versión es que estaba en terrenos federales, cuando nosotros ya comprobamos que no es cierto”, dijo, para después señalar: “La alevosía, la ventaja con la que se mostraron estas personas sin escrúpulos, muestran el dolo que tenían planeado para dañar económica, laboral, moral y psicológicamente, y allanar de manera cobarde nuestra propiedad, y con la utilización del poder del Estado”. La hija de los afectados mencionó que después de la demolición de la barda, se dañó equipo y material que tenían resguardados. Por su parte, Carlos Ceseño Gámez, desmintió a ZETA que SIDUE haya llevado a cabo la demolición de la barda y el despojo del predio a la familia Rodríguez, menos aún tratarlos con prepotencia. “La familia está mal asesorada, nosotros no tenemos nada que ver en la demolición de la barda, no sabemos por qué nos denunció a nosotros. Ese fue un proceso administrativo que llevó a cabo la CONAGUA (Comisión Nacional del Agua), sin embargo, para liberar los derechos de vía, debieron haber notificado al posesionario, pues están asentados sobre terrenos federales. Se le dan un tiempo para que lo hagan; inclusive lo que yo hice fue coadyuvar con la persona y le corrí la atención de que moviera sus pertenencias hacia el sur, porque llegaría CONAGUA”. El funcionario estatal agregó que durante las pláticas que tuvo con la familia Rodríguez, nunca se dirigió a ellos con prepotencia ni malos tratos. “Inclusive posterior a la denuncia, hablé con el señor Rodríguez y lo que me dijo que la denuncia ya estaba hecha, por lo que quiere que le paguen la barda. Fue cuando le expliqué que gobierno del estado no tuvo nada que ver en su problema”, finalizó Ceseño. ZETA solicitó entrevista con el representante de CONAGUA en Baja California, mas no se concedió.
Publicidad
