El Congreso del Estado ya no le quiere soltar tantos millones a la magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Baja California, María Esther Rentería. Resulta que en cinco años, la señora ha logrado que le aumenten el doble de presupuesto, pero al mismo tiempo disminuye la transparencia de los millones en el interior del Tribunal. El presupuesto del Poder Judicial en Baja California en 2007 fue 467 millones 208 mil 882 pesos, y para 2012, alcanzó los 995 millones 397 mil 226 pesos. En 2011, Rentería solicitó al Congreso mil 150 millones de pesos para el ejercicio fiscal de 2012; pero nada más le fue autorizada la cantidad arriba citada. De acuerdo con el documento Plan de Desarrollo Judicial 2007-2013, el Poder Judicial de María Esther Rentería proyectó la creación del partido judicial en Tijuana entre 2008 y 2013, textualmente, de “… 2 salas en Materia Penal, 2 salas en Materia Civil, 1 Sala en Materia Familiar, 1 Sala Unitaria de Justicia para Adolescentes”. La penosa realidad de María Esther Rentería: sólo dos Juzgados civiles creados en Tijuana en cuatro años. Recientemente reconoció: “Traemos un déficit de cuatro o cinco Juzgados”. Ahora que el 21 de agosto entrarán en vigor tanto las reformas a la Ley General de Salud, como del Código Penal Federal y Código Federal de Procedimientos Penales en torno a narcomenudeo, Rentería se dispone ya a solicitar más millones: “Las ampliaciones están previstas para cuando surjan casos como éste, emergentes, y que puedan solicitarse durante todo el transcurso del ejercicio fiscal, es decir, del año”, dijo en conferencia de prensa en torno a la implementación de la competencia del narcomenudeo. Pero el diputado Juan Montejano fue claro: no más aumentos millonarios al TSJE de Rentería: “El Poder Judicial no está en ese apuro (de necesidad económica). Yo se lo puedo decir porque hay más de 200 millones en el fondo auxiliar”. Y es que la magistrada aprovecha las reformas para inflar de presupuesto al Poder Judicial, argumentando necesidad de infraestructura, equipamiento y personal; pero la realidad es que solicita el máximo de presupuesto sabiendo que, de ser autorizado, en los años siguientes y por Ley, el Poder Judicial no puede recibir menos dinero que el año anterior inmediato. Mientras el Congreso debería preparar una seria auditoría al TSJE, Montejano deja claro que Rentería debe usar los más de 200 millones de pesos del fondo auxiliar para hacer frente a la competencia del narcomenudeo.
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