Narcomenudeo en el estado: Habrá más impunidad

Sin dinero, con capacitación deficiente y recursos humanos para atender apenas el 19 por ciento de las averiguaciones previas que se generan por delitos menores contra la salud en el estado, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California (PGJE) será incapaz de rendir resultados en el combate al narcomenudeo. La actividad de por lo menos 48 células del crimen organizado, dedicadas a la venta de droga al menudeo en Mexicali, Ensenada y Tijuana, ha sido detectada por el área de inteligencia del Consejo Estatal de Seguridad. No hay un análisis detallado de los operadores criminales en Tecate y Rosarito, pero su presencia está revelada en los asesinatos y más de 15 mil farmacodependientes, que según estadísticas del Sector Salud, residen en esos municipios. Conforme al diagnóstico de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, a finales de 2011 estos bandos delictivos generaron ganancias por arriba de los 22 millones de pesos al día; más de 8 mil millones de pesos al año, además de que mantienen  integrados a grupos del crimen organizado. A partir del 21 de agosto de 2012, la responsabilidad de enfrentar la violencia y poder económico de estos grupos pasará a manos de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, con un panorama desalentador. Acorde a análisis de la Coordinación Estatal contra el Narcomenudeo,  para establecer las Unidades contra el Narcomenudeo que combatan con efectividad la venta de droga al menudeo, se requieren 440 millones 726 mil 280 pesos a invertir en infraestructura, equipamiento y la contratación de 29 ministerios públicos, 116 secretarios de Acuerdos y 290 policías ministeriales; 462 empleados de la PGJE dedicados a ese trabajo. Pero ese dinero no está considerado en ningún presupuesto, así que se apoyarán en el Plan B de emergencia, iniciando operaciones con 13  ministerios públicos, 31 secretarios y 45 policías ministeriales, lo que significa el 19.2 por ciento de la capacidad requerida. Tijuana es la entidad más complicada, y será atendida por cinco MPs, tres o cuatro peritos y veinte policías. A esta fase el procurador del estado, Rommel Moreno Manjarrez, la llamó “de implementación, adecuación y cambios”, al tratarse de “solo de tener la capacidad mínima para absorber esta responsabilidad”.   La PGJE no puede El procurador Moreno se cura en salud y advierte: “Tenemos que ser muy cuidadosos de no generar falsas expectativas. “Recordar que esto es un tema emergente, que el estado de Baja California cambió sus leyes y la PGR presentó una controversia constitucional, y la resolución es la que nos lleva a empezar el combate al narcomenudeo en el estado a finales de agosto”. — Usted hizo un diagnóstico. ¿Ya tiene el dinero que necesita?  “No”, respondió, pero abundó: “Más allá de eso, yo lo veo por fases, quiero pensar y ésa ha sido la intención, que las asignaciones se harán en los presupuestos de 2013, porque en los de 2012 se trabajó en las necesidades del viejo y el nuevo sistema de justicia, que era lo que teníamos”. Y habló de etapas en el tema de narcomenudeo: “Tenemos que implementar ya, con los recursos que tenemos, que son 20 millones de pesos”, apenas el 5 por ciento de las necesidades económicas requeridas. — ¿Ya tiene a su disposición esos 20 millones de pesos? “No los tengo, pero puedo accesar a ellos a través del gobierno del estado, para de alguna manera salir adelante”. Ante la falta de recursos, la PGJE no contrató personal, sacaron a ministerios públicos, secretarios de Acuerdos y elementos ministeriales de otras agencias, cuya capacidad también fue mermada y evidentemente, ampliarán los márgenes de rezago. “Obviamente, al no tener este recurso y esta capacidad, estamos tratando de revisar los números, las averiguaciones previas que tendremos resolver para tener lo elemental”. — Los números no dan, es como si solo se estuviera trasladando el rezago de la PGR a la PGJE, ¿cuál será su capacidad de resolución? “Hay que entender la cantidad de trabajo que se nos acumula, estamos hablando de más del 80 por ciento de lo que hacen en este momento las delegaciones de la PGR. Nosotros las vamos a asumir, entonces la primera fase es implementarlo, ya estamos capacitando a las personas que estarán actuando, policías peritos, fiscales. Y por otro lado, la habilitación de tres centros  que se pondrán en  operación en Mexicali, Ensenada y Tijuana, donde se atenderá también lo que concierne a Rosarito y Tecate”. Habrá un coordinador estatal y un responsable en los tres municipios con mayores problemas, como mínimo un grupo por turno, pero aún se evalúa la duración de las jornadas. Rommel Moreno explicó que para esta primera fase, requirieron del soporte de la PGR para que ellos continúen atendiendo el delito en San Quintín, ya que el estado no tiene personal disponible: “Además, donde vamos a estar solicitando apoyo de agosto a diciembre de 2012, es en la compra de reactivos y de instrumentos para calibrar y medir lo que las tablas de la Ley General de Salud, para el peso y tipo de enervantes”. Sin establecer acuerdos, en lo que va de 2012 siete expedientes por delitos de narcomenudeo  han sido remitidos en Baja California por incompetencia de los jueces federales a los Juzgados locales. Los mismos en que la Procuraduría del estado ha sido nombrada como responsable de la actividad ministerial. La posibilidad del gobierno de Baja California para avanzar en el combate al narcomenudeo fue trasladada  para el año 2013. “En esta segunda fase ya podremos hablar de recursos de indicadores, tendremos experiencias preliminares que nos permitan hacer precisiones legislativas par estar más acorde a la circunstancia”. Además, Moreno planteó la necesidad de coordinarse con el Sector Salud. De acuerdo a estudios, en Baja California a diario se vende droga a por lo menos 255 mil consumidores y 38 mil farmacodependientes; el 50 por ciento de ellos reside en Tijuana. El promedio de dosis que estos adictos consumen al día son 4, en las que gastan alrededor de 300 pesos. “Tenemos que ver qué vamos hacer con ellos, porque además de las conductas adictivas permisivas, están cometiendo otros delitos  y deberemos tener  la capacidad de adecuación”, afirmó el funcionario estatal.   PGR: Integrar los ministerios públicos estatales a la COE   Al referirse al tema de narcomenudeo, el delegado de la PGR, Rafael González Cervantes, expresó que la instrucción es trabajar en coordinación con el estado. “Los Centros de Operación Estratégica (COE) van a trabajar con ministerios públicos federales y ministerios públicos del Fuero Común, y el objetivo es instalarlos para combatir los delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, que es como viene la reforma”. Lo que significa que finalmente y con otro nombre, se concretará la propuesta que en 2003 hizo el gobierno federal, al poner en funcionamiento las Unidades Mixtas de Atención al Narcomenudeo (UMAN), operadas por la Procuraduría General de la República, donde les abrieron oficinas a las corporaciones de los tres órdenes de gobierno. En el caso de Baja California, sólo el Ministerio Público del Fuero Común había aceptado la invitación, pero el entonces procurador Antonio Martínez Luna retiró, en mayo de 2006,  a su personal, luego del atentado donde un agente federal resultó muerto al interior de las instalaciones. En aquel momento, Martínez argumentó no tener facultades para combatir esa modalidad de delito contra la salud, por tanto, era inútil dejar a su personal en ese edificio, bajo riesgo. El edificio fue atacado a balazos nuevamente en abril de 2009. Al referirse al funcionamiento del COE, el delegado González Cervantes explicó que las responsabilidades incluyen “… trabajo de inteligencia e investigación, identificar los tipos de droga que se comercia en lugares de venta, y la red de distribuidores para lograr que los responsables sean presentados ante la autoridad y sean sancionados”. — ¿Van a trabajar por separado? “El planteamiento es que el COE debe trabajar conjuntamente, la Ley ya salió, pero todavía no se han definido los cómo. Lo que sabemos es que vamos a estar tanto Federales como Estatales, llega un parte informativo, buscamos en la tabla, ‘esto es para el Fuero Común, esto para el Fuero Federal, y vamos a trabajar en conjunto.     “Hay dudas de quién va a recibir el parte, ¿de qué manera, qué va a suceder si hay duda en el peso?, ¿quién integra o consigna a los detenidos? Todas las reglas operativas quedarán definidas en el convenio que firme la Procuraduría del estado con la procuradora Marisela Morales, como ya lo hizo Sonora, Baja California Sur y Puebla”, planteó González. Las primeras estimaciones en esta delegación federal, son que por lo menos el 50 por ciento de los casos que atienden a través de las COE, pasarán a ser responsabilidad del Ministerio Público del Fuero Común.   De la nueva responsabilidad de la PGJE   De acuerdo a los cambios a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales en 2009, fueron aprobados y considerados como libres de delito, la posesión de droga para uso personal. Opio, 2 gramos; heroína, 50 miligramos; marihuana, 5 gramos; cocaína, 500 miligramos; Lisergida (LSD), 0.015 miligramos; Metilendioxianfetamina (MDA), 40 miligramos de polvo, granulado o cristal; Dl-34-Metilendioxi-n-dimetilfeniletilamina (MDMA), 40 miligramos de polvo, granulado o cristal; y Metanfetamina, 40 miligramos de polvo, granulado o cristal. Conforme a las reformas que en Baja California entrarán en vigor a partir del 21 de agosto próximo, el Ministerio Público del Fuero Común se hará cargo de los delitos de narcomenudeo cuando la droga incautada sea mayor a la permitida y, cuando mucho, pese la cantidad del  enervante autorizada, multiplicada por mil. Alejandro Gabriel García Nieva, maestro en derecho, explicó el procedimiento a ZETA: “Un cigarro de marihuana pesa alrededor de un gramo y medio; una persona puede traer hasta tres cigarros y está dentro de lo que marca la Ley”. El peso promedio es de 1.5 gramos, mientras se trate de un “churrito” normal, pequeño, no del tamaño de un puro cubano. Entonces, en el caso de la marihuana, la portación de 5 gramos no es punible. No obstante, si un individuo es sorprendido con una cantidad mayor a esa, hasta 4.999 kilogramos, será castigado como delito de narcomenudeo y le corresponderá al Ministerio Público del Fuero Común. “Alguien puede traer hasta 4 kilos 999 gramos de marihuana y son diez meses de prisión (por tratarse de narcomenudeo); con un gramo más (a partir de 5 kilogramos) deja de ser narcomenudeo, y entonces ya le ponemos cinco años (por ser delito federal)”. Es decir, tratándose de más de 5 kilogramos o 5 mil miligramos de “mota”, será competencia del Ministerio Público Federal. “De cinco kilos en adelante, deja de ser narcomenudeo y pasa a ser un delito contra la salud, de los que ya conoce únicamente la federación con penas mayores. Porque narcomenudeo, por ejemplo, la pena mínima aquí serían diez meses de prisión en todos (los narcóticos), cualquiera. Si se trata de posesión simple, es decir, cuando la persona tiene la droga para su consumo”. El especialista aclaró que se pueden portar todos los narcóticos registrados en la Tabla de Orientación de Dosis Máximas de Consumo Personal e Inmediato,  “siempre y cuando los pesos no excedan los establecidos por la Ley General de Salud”. Eso sí, “rebasando la tabla, es un delito por cada uno de los narcóticos posibles”. En el caso de los populares “globitos” de Metanfetamina, la dosis máxima de consumo personal e inmediato es de 40 gramos (o miligramos): “En el caso de drogas como la Metanfetamina, que se vende y distribuye en dosis que se llaman ‘globitos’ o ‘globos’, cada uno pesa aproximadamente 100 miligramos; la tabla establece 40 miligramos como cantidad máxima, entonces, aunque la persona sea detenida con una sola dosis, con un solo ‘globito’, ya trae más del doble de lo que marca la Ley”, puntualizó García.   “No estamos preparados”: Diputado Montejano                      A tres semanas de que se implementen las reformas relacionadas con la sanción del narcomenudeo, el diputado Juan Montejano de la Torre dice a ZETA: “No estamos preparados en infraestructura, no estamos preparados con los recursos humanos, me refiero al recurso humano de investigación. No tenemos los elementos, no tenemos la capacitación”. Acusó a la PGJE y al gobierno estatal: “Andan buscando ahorita cómo resolver el problema interno, queriendo juntar 28 millones de pesos; no de las economías, de las dependencias y recortes de algunos programas inclusive, nomás que no lo dicen así; por eso no nos ha llegado la solicitud de transferencia de recursos, porque andan rascándole a cada una de las dependencias a ver dónde le arrancan un millón de pesos a ésta, dos millones a ésta”. La preocupación de Montejano es la PGJE, y de acuerdo a un juez penal de Tijuana consultado por este Semanario, está justificada porque al carecer de preparación especializada, los operadores de la Procuraduría del estado turnarán los expedientes incompletos, y los juristas se verán en la obligación legal de dejar en libertad a los detenidos: “Ahí es cuando podría crearse una impunidad porque consigna el Ministerio Público sin las bases necesarias y luego hay que soltarlos, después se quejan, y dicen que la justicia no sirve porque el juez los está soltando, pero no es el juez, es que viene mal el expediente”.   Jueces: sin recursos humanos ni materiales   Por otra parte, a menos de un mes de que en los Juzgados penales del Fuero Común en Baja California se empiece a sancionar en torno al narcomenudeo, la preocupación de los jueces no es su preparación, pues aseguran que ya han recibido capacitación desde el mes de mayo, sino los recursos materiales y humanos. Sin embargo, los jueces en Tijuana hablaron de las carencias que se avecinan para poder aplicar la reformada Ley General de Salud en torno a narcomenudeo: “Necesitamos básculas muy exactas, hay abogados que a lo mejor piden que se vuelva a pesar la muestra (del narcótico); entonces esa muestra es una droga que va a quedar, me imagino, bajo el resguardo de la PGR, que son los que conocen de droga. No sé si la Procuraduría vaya a tener el lugar idóneo para guardar ese tipo de sustancias”, especificó el consultado. Además de básculas especiales para pesar miligramos de los narcóticos, les faltan otros insumos: “Las diligencias las hace el personal del Juzgado que tiene que protegerse porque hay todo tipo de drogas, no puede manipularse directamente con las manos: son guantes, cubrebocas, y ese tipo de cosas para proteger al personal, y sobre todo que no se contamine la muestra”. Un tercer juez penal del partido judicial de Tijuana, también expresó su malestar por la falta de personal: “Necesitamos apoyo de recurso humano, un secretario de Acuerdos, a lo mejor dos administrativos, para que el juez directamente se encargue de trabajar este nueva legislación con este tipo de delito”. Finalmente, un cuarto juzgador demandó: “El Tribunal está consciente de los recursos que necesitamos, y pues lo va hacer en la medida del presupuesto; principalmente es económico el problema. Personal hay suficiente, incluso hay secretarios de Acuerdos en lista de espera; hay personal, lo que no hay es dónde establecerlos, por lo que implica el gasto. El problema aquí es económico. “Lo ideal sería que hubiera Juzgados especializados en narcomenudeo”, concluyeron los cuatro jueces consultados.   En el Tribunal, el  interés es el presupuesto   María Esther Rentería, magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California (TSJE), va por más tajada presupuestal. Ahora la justificación es la entrada en vigor, el 21 de agosto de 2012, tanto de las reformas que hacen del narcomenudeo un delito del fuero común. “No tenemos todavía el recurso, de acuerdo a nuestro diagnóstico tenemos que seguir precisando, calculando, cuál es el recurso que vamos a solicitar con ampliación al Congreso del Estado; de pronto, nosotros pensamos que podemos hacerle frente porque es una etapa inicial, tenemos diez Juzgados penales en Tijuana que se distribuirán equitativamente los asuntos que vayan llegando”, expuso en conferencia de prensa. “En cuanto al recurso que necesitamos, más personal y equipo, eso todavía de acuerdo a lo que nosotros podamos pedir, y el Congreso nos otorgará lo necesario”. Confía en obtener recursos extras antes de que concluya el año: “Las ampliaciones están previstas para cuando surjan casos como éste, emergentes, y que puedan solicitarse durante todo el transcurso del ejercicio fiscal, es decir, del año”. Lamentablemente, a tres semanas de que inicie la implementación de las reformas relacionadas con el narcomenudeo, el Poder Judicial que lidera María Esther Rentería no tienen siquiera un “diagnóstico” del problema que va a enfrentar, y responsabilizó a la Procuraduría y los Juzgados de Distrito: “Ahora nosotros vamos a ver qué tanto recibe Rentería, tampoco  ha enviado su solicitud  de ampliación de recursos al Congreso del Estado. “No hemos recibido hasta la fecha, hasta el día de ayer que estuve en el Congreso (miércoles 25 de julio), ninguna solicitud de presupuestos, ni de la Procuraduría, ni de la presidenta del Tribunal (María Esther Rentería) referente a los recursos”, confirmó a ZETA el diputado Juan Montejano de la Torre. “El Poder Judicial debería estar buscando recursos en el Poder Judicial de la Federación; el tiempo lo tienen encima”, denunció el legislador, para concluir: “Además, ella debe tener dinero. El Poder Judicial no está en ese apuro (económico). Yo se lo puedo decir porque hay más de 200 millones en el fondo auxiliar. El Poder Judicial no tiene ese problema, en el fondo auxiliar que tiene hay un buen recurso”.   Células identificadas   En cada inauguración de un COE, la procuradora general Marisela Morales ha manifestado públicamente que el objetivo de integrar a los estados a un trabajo coordinado  de combate a narcomenudeo, es detectar las redes de venta para consignar a los responsables mediante trabajo de investigación. Vale decir que el análisis de los grupos criminales no será problema en Baja California, las fuerzas operativas de calle, incluidas las policías municipales, la Policía Estatal Preventiva y el Ejército, han desarrollado trabajo de inteligencia con el que han identificado a los integrantes de estas redes de venta de droga al menudeo. Asimismo, la existencia de por lo menos 26 células de narcomenudistas en Tijuana, encabezadas por Gustavo Inzunza, una banda criminal conocida como “Los Chamulas” y los hermanos García Rodríguez, del grupo de “Los Litos”. Otros 14 grupos en Ensenada  liderados por Salvador Serrano, José  Zepeda, Esteban Hernández  y Efraín Hernández; y ocho en la zona urbana de Mexicali, donde los cabecillas solo han sido identificados como “El Chente” y “El Perrote”. En ese marco, sería a los MPs coordinados a quienes correspondería integrar las investigaciones, porque de hecho, algunos de los sujetos aludidos son viejos conocidos de los ministerios públicos de ambos fueros, pues sus nombres han salido a relucir en diversos delitos. Sin embargo, dadas las carencias y discapacidades con que este delito será combatido en Baja California, llegar al punto de perseguir a los líderes de las bandas, es una meta que localmente, ni siquiera fue mencionada.       Nuevo integrante de la lista negra A través de la oficina del Departamento del Tesoro, el gobierno de los Estados Unidos reveló el miércoles 25 de julio que el narcotraficante mexicano Juan José Esparragoza Moreno “El Azul”, es ahora parte de la lista de los más buscados por las autoridades norteamericanas. Según información proporcionada por ese departamento, “El Azul” es uno de los principales líderes del Cártel de Sinaloa, incluso del rango de Joaquín Loera “El Chapo” Guzmán, e Ismael “El Mayo” Zambada. Las autoridades estadounidenses dieron a conocer que realizaron el congelamiento de todos los bienes y cuentas de Esparragoza Moreno en el vecino país, así como las de sus familiares, pues se presume que éstos administran sus negocios. Específicamente se incluyó a seis miembros de su familia, entre éstos sus dos esposas. En la larga lista de comercios y propiedades que “El Azul” posee en México, se encuentran varias estaciones de gasolina, un complejo residencial, un parque industrial, y hasta se da el lujo de contar con un centro comercial. María Guadalupe Gastélum Payán, una de sus mujeres, reside en el poblado de Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, y junto con sus cuatro hijos, se encargan de operar las compañías Grupo Cinjab, S.A. de C.V. y Grupo Impergoza, S.A. de C.V. Además de administrar el conjunto Provenza Residencial y el complejo de fábricas industriales denominado La Tijera. Mientras que Ofelia Monzón Araujo, quien también como mujer del narcotraficante, es la encargada de sus siete gasolineras, localizadas en Culiacán, Sinaloa. Los nombres de las estaciones son: Buenos Aires Servicios, S.A. de C.V.; Estaciones de Servicios Canarias, S.A. de C.V.; Gasodiesel y Servicios Ancona, S.A. de C.V.; Gasolinera Álamos Country, S.A. de C.V.; Gasolinera y Servicios Villabonita, S.A. de C.V.; Petrobarrancos, S.A. de C.V.; además de Servicios Chulavista, S.A. de C.V.       Quién es el “El Azul” Juan José Esparragoza Moreno es un narcotraficante de bajo perfil y larga carrera delictiva.  Nativo de Sinaloa y de 63 años de edad,  ha sido parte del narcotráfico desde los 70s, en la época de Miguel Ángel Félix Gallardo, cuando existía el denominado Cártel de Guadalajara. Actualmente es uno de los capos principales del Cártel de Sinaloa, junto a “El Chapo” Guzmán. “El Azul” fue colaborador de los más grandes narcotraficantes que han existido en México, como Rafael Caro Quintero y Amado Carrillo Fuentes. También se le vinculó con la organización de los hermanos Beltrán Leyva. El gobierno norteamericano ofrece 5 millones de dólares por datos que lleven a la captura de Esparragoza, mientras que en México, la Procuraduría General de la Republica otorga 30 millones de pesos a cambio de información que conlleve a la localización del capo.     Mtro. Alejandro Gabriel García: Necesarios juzgados especializados en narcomenudeo   El Maestro Alejandro Gabriel García Nieva es el más versado en derecho penal en Baja California en los temas que respectan a la entrada en vigor de las reformas a la Ley General de Salud, el Código Penal Federal y el Código Federal de Procedimientos Penales en torno a la figura jurídica conocida como narcomenudeo. La razón es bastante sencilla: García Nieva es el responsable de la capacitación de las autoridades locales para su conocimiento y sanción del delito de narcomenudeo en Baja California. Entre mayo y agosto de 2012 su responsabilidad es la capacitación tanto de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) como de los operadores de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP). Maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana (UIA) campus Tijuana y operador jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación, Alejandro Gabriel García es autor del “Manual Práctico Sobre Delitos de Narcomenudeo” (Flores Editor y Distribuidor, 2012), ZETA le preguntó de las condiciones en que los 10 jueces del fuero común de Tijuana empezarán a sancionar sobre narcomenudeo: “Primero: Se van a enfrentar a un incremento en la carga de trabajo. En el 2010 tuvimos en promedio –en los 8 juzgados federales de distrito en Tijuana– 780 causas y en 2011 cerramos casi 600 causas penales sobre delitos de narcomenudeo, que es ahorita lo que se va a trasladar a ellos (los jueces locales); por eso digo que va a ser un incremento para ellos de un 60 ó 70 por ciento”. “Van a seguir conociendo de sus mismos mil asuntos que llegan del delito de fuero común más unos 600 al año que van a estar recibiendo ahora de narcomenudeo”, expuso Alejandro Gabriel García Nieva. Hay que recordar también que el libro blanco del Poder Judicial de la Federación habla como un promedio ideal y productivo, la atención de 600 causas por juez penal al año. Pero  la realidad de mil 600 expedientes por cabeza en Baja California, significa que tendrán el triple de trabajo. Además los juzgados se enfrentarán a otros problemas: “Segundo: Al desconocimiento en muchas cosas en materia de delitos contra la salud. Porque siempre han estado reservados para la federación; hay algunas reglas procesales que en materia de delitos contra la salud son distintas a las que operan en materia penal en general. Ellos (los jueces) tienen que estar al día y estar conociendo la legislación federal, no sólo sus leyes estatales”, expresa a este Semanario el letrado en derecho penal. En cuanto a la posibilidad del incremento de personal como medio para mitigar la carga laboral, el académico dijo que no es recomendable, actualmente están integrados por 24 personas incluido un juez: “No es una solución porque a fin de cuentas todo viene a recaer sobre una sola persona que es el juez, que es quien resuelve”. El especialista refirió que no es conveniente que los jueces le hagan al “todólogo” por muy virtuosos que sean en derecho: “Lo ideal sería que se crearan juzgados especializados a fin de que tanto el juez como el personal de ese juzgado se especialice. Por lo menos 5 ó 6 que absorbieran la carga de los 8 juzgados de distrito, porque si están en un asunto aplicando las leyes del estado y en otro las federales, puede ser que cometan errores”. El Maestro Alejandro Gabriel García pone de ejemplo al estado de Chihuahua: “Hay juzgados que ya iniciaron a partir del año pasado en Nuevo León, por ejemplo, que están creando jueces especializados, es lo ideal”. De hecho, el abogado explica que en el caso del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) en la capital del estado, el delito de narcomenudeo pasa directamente con el Juez de Garantía, y concluyó. “En Mexicali los juzgados que ahora les llaman tradicionales, que son los del antiguo sistema, ya no están conociendo asuntos; pero esos juzgados van a desaparecer. Ahí una opción sería: en lugar de eliminarlos, especializarlos esos juzgados en materia de narcomenudeo; eso le implicaría al Poder Judicial del Estado una erogación menor”. (Enrique Mendoza Hernández/ZETA)