Como persona, el Procurador del Estado de Baja California, Licenciado Rommel Moreno Manjarrez, es amable, como hombre es todo un caballero, como funcionario un sujeto institucional de maneras correctas. El problema con él es de análisis de resultados, según acusan y demandan desde hace 3 meses abogados de la región. Ésta es de fondo la misma petición pública que se escuchó de parte de los diputados locales, principalmente los de oposición, en particular de los representantes de partidos de izquierda, de 2009 a 2011, en medio de una escalada de violencia que tenía tomadas las calles de Tijuana, y que se extendió a lo largo y ancho de los cinco municipios de la entidad. Antes, entre 2007 y 2008, los reclamantes fueron los ciudadanos organizados y los empresarios cuyos allegados estaban siendo extorsionados, secuestrados y asesinados impunemente. Delitos que aún están padeciendo los pequeños comerciantes ubicados en las periferias de las ciudades, pero éstos son ignorados en la palestra pública, porque no pertenecen a ninguna cámara comercial que exija en su nombre y, por supuesto, no tienen el número de celular del Procurador o de sus asistentes. Los miembros de los consejos ciudadanos de seguridad, de los organismos empresariales y los diputados en las comparecencias, han tenido la oportunidad de cuestionar de frente al procurador, quien para todos ha tenido respuestas, no siempre convincentes, no siempre las necesarias, en general nunca contundentes. Sin resolver las dudas, ni adquirir compromisos de efectividad concretos, le ha bastado a Moreno para salir del lío público. En el caso de los especialistas en derechos agrupados en la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California, de la procuraduría el fiscal ha decidido negarles acceso a su persona y no darles respuestas. El argumento oficial para evadirlos es que no se trata de un reclamo con sustento legítimo, porque atribuye el origen al abogado Miguel Arregui, con quien tuvo una desavenencia profesional que resultó, según la visión del fiscal Moreno, en una amenaza del abogado contra el funcionario, quien, como resultado se considera extorsionado. Sin embargo, más allá de la presunta implicación de intereses personales, las dudas y las preguntas de los abogados continúan siendo válidas, porque lo que están solicitando es información que les permita conocer la efectividad real en el funcionamiento de la procuraduría más allá de los discursos, o los cientos de boletines y las notas publicadas en la prensa relatando decenas de viajes, veintenas de convenios, y cientos de reuniones y conferencias realizadas en hoteles. El objetivo es simple: es necesario saber cuáles han sido los resultados en estos más de 5 años y tener elementos para analizar si desquitan el gasto. Si el funcionario estatal ha cumplido, no debería tener problema a la hora de hablar del número de agentes ministeriales y ministerios públicos, de cuántas averiguaciones previas deben resolver y cuáles son sus niveles de efectividad en los juzgados. De hecho, los datos que están solicitando debieron ser incluidos en los informes anuales que Moreno ha presentado al Congreso del Estado, se trata de saber cuántos convenios y viajes ha realizado, con qué objetivos y hasta dónde se han logrado las metas, fechas, ciudades, empresas, personajes e instituciones implicadas y cuánto nos ha costado eso a los bajacalifornianos. Sobre todo urge saber cómo han contribuido todas estas actividades aparentemente turístico-sociales para que el licenciado Moreno Manjarrez optimice y mejore los resultados de su real e inherente responsabilidad primaria, que es la captura y consignación de criminales del fuero común, así como la obtención de condenas. Un cuestionamiento genuino y compartido por los bajacalifornianos. Al final todo es cuestión de eficiencia en la administración y manejo de recursos públicos, y en este tema proporcionar información no es una decisión personal, el procurador como funcionario está obligado a la transparencia.
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