Denuncian a la PFP

PGR deslinda a ministerios públicos acusados El 8 de abril de 2009, un grupo de 21 personas fue presentado en conferencia de prensa como miembros de la célula criminal al servicio de Eduardo García Simental “El Teo”, y como presuntos responsables del ataque armado contra los agentes César Becerra Mondragón y Ulises Rodríguez González, de la Policía Federal de Caminos, ocurrido un día antes. Los hechos sucedieron en la gasolinera Círculo K, localizada en Calle Maclovio Herrera número 301, Colonia Los Encinos, Carretera Tecate-Ensenada. Los detenidos han estado presos por tres años, tiempo que le ha llevado a los abogados y familiares certificar y documentar pericialmente las “mentiras armadas” por la autoridad, acusó Juan Aldrete Márquez, padre de Juan Jesús Aldrete Rosas y hermano de Sixto Aldrete Márquez, dos de los detenidos. “Ni siquiera se trata de probar la inocencia, porque la autoridad no presentó elementos que acrediten su responsabilidad, las inventó y de forma absurda; por eso ahora se trata de demostrar la culpabilidad, las mentiras y las violaciones al debido proceso, cometidas por las autoridades supuestamente encargadas de cuidarnos”. Desde el 9 de abril de 2009, Aldrete ha reclamado pública y jurídicamente la inocencia de sus familiares ante la autoridad y la prensa. A falta de respuesta y con asesoría de organismos de derechos humanos, promovió la averiguación federal 79/2012, en la que denuncia  “… abuso de autoridad, declaración falsa rendida ante autoridad judicial, secuestros, coalición de servidores públicos, uso indebido de atribuciones y facultades, daño en propiedad ajena intencional y otros” Los acusados son: Raúl Jurado Hernández, Ciro Álvarez Alfaro, Óscar Cázares Alcántar y Félix Hernández Xochititla, policías; Humberto Velázquez Villalvazo, César Manuel Adame Muñoz, ambos ministerios públicos, y quien resulte responsable. Todos participantes en la integración de la averiguación previa AP/PGR/BC/TKT/105/2009. Las inconsistencias de la averiguación en las que el empresario de alfarería en Tecate fundamenta su denuncia son las siguientes: – Su hermano e hijo fueron detenidos de una forma distinta y en un lugar diferente al que se reportó en los partes informativos. – Los capturaron en su casa. Existen fotos tomadas por periodistas que lo prueban. “La casa ubicada donde dicen que los aprehendieron ni siquiera existe. Y jamás estuvieron en compañía de los otros seis detenidos con los que dicen que los agarraron, hay declaraciones de testigos que lo prueban”, se refiere la investigación. Por eso presentaron la denuncia que fundamentan en un dictamen pericial en materia de criminalística, presentado el 20 de diciembre de 2011 dentro del exhorto 261/201-B, ante el Juez Décimo Sexto Distrito del Estado, donde se lleva el proceso penal 008-2009-VI por el delito de delincuencia organizada. Empleando diferentes métodos, lecturas, análisis de fotografías, recorridos en campo, inspección y verificación judicial, aprovechando además el sistema de posicionamiento global GPS y usando escalas, los peritos Cuauhtémoc Pallares Díaz y Yuri Dobles López determinaron lo siguiente: 1. Jesús y Sixto Aldrete fueron detenidos en el Rancho Lowbrand,  propiedad de Juan Aldrete. Los Federales los trasladaron a pie por un camino vehicular de tierra de la colonia Santa Anita, a la altura del Kilómetro 125.500. Los subieron a una patrulla en el mismo kilómetro, pero sobre la carretera de cuota Mexicali-Tijuana. El vehículo oficial estaba en el carril de descanso, en el sentido de circulación de poniente a oriente, como declararon los detenidos, no como aseguraron los policías, en el departamento A del número 20, en Calle República de Colombia. 2. El vehículo usado en el ataque a los agentes federales fue localizado en un camino de terracería, a 27.16 metros  de la carretera federal número 2 Tijuana-Tecate, a la altura del Kilómetro 126 más 500, en Calle Jaras sin número, Colonia Escudero. Como mencionó uno de los primeros tres detenidos que confesaron haber participado en el atentado, “el carro de mi hijo lo sacaron de mi casa”. El denunciante recordó que fueron policías municipales y no federales, como indican en la averiguación previa, los que detuvieron a los tres primeros presuntos responsables de balear a agentes federales. Se trata de Benjamín Guzmán Quintanilla “El Benji”, Javier Antonio Guerrero Cota “El Moco” y Mario Antonio Hernández Romero “El Chinola”. “Estos tres declararon después que los Federales los sacaron del arraigo para torturarlos y que implicaran a los otros 19 capturados, y así cuadrar su averiguación previa. Además, el policía federal que aparece en la foto capturando a mi hijo no es ninguno de los que firmó el parte informativo, y la patrulla en que se lo llevaron tampoco fue registrada en la averiguación previa; de hecho pedimos informes del agente y del vehículo, y la PGR respondió que los desconocía”, declaró Aldrete, para rematar: “No estamos inventando nada, todo lo que digo consta en los 19 tomos del caso”. La averiguación previa En las documentales de la averiguación previa AP/PGR/BC/TKT/105/2009, consta que el reporte del C4 indicó “detonaciones de arma contra una unidad de la Policía Federal Preventiva, en la que resultaron heridos dos agentes”; asimismo, que la Policía Municipal tenía detenidos “al parecer a tres sujetos relacionados con el atentado antes mencionado, con armas largas y un vehículo”. El informe original fue que los municipales persiguieron en la patrulla a los atacantes que iban a bordo de una Ford Lobo Harley Davidson, por la Calzada Cortez,  hacia la colonia Escudero, dándoles alcance en la zona del Rincón Tecate, cuando los criminales abandonaron el carro para huir pie tierra, pero fueron alcanzados. En el parte policíaco firmado por los agentes federales acusados, éstos aseguran que estaba en el Hotel La Rosita, a 200 metros de la gasolinera donde se perpetró el ataque, al escuchar los balazos acudieron. “Ahí se percataron que los tres individuos corrían hacia un cerro”, motivo por el cual los persiguieron, desarmaron y sometieron, “usando la fuerza necesaria debido a que opusieron resistencia”. Así justificaron los golpes. De acuerdo a declaraciones firmadas de estos policías federales, el detenido Benjamín Guzmán “El Benji” les dijo que él,  en compañía de Guerrero Cota y Hernández Romero, había baleado a los Federales por órdenes de Francisco Javier Copetillo Angulo “El Pancho”, prófugo y ex agente de la PEP, líder del grupo delictivo, quien a su vez seguía indicaciones de “El Teo”. Los agentes explicaron que al ser detenido, “El Benji” les mencionó que la orden había sido “que mataran a cualquier elemento de la Policía de Caminos, ya que le habían agarrado a una de sus gentes, apodado ‘El Pepito’”. Indicaron que el mismo sujeto les refirió que había tenido cómplices en la “planeación” del ataque, que “se habían dado a la fuga en una camioneta Ford negra doble cabina, con placas de California”. Los oficiales federales relataron cómo buscaron y ubicaron el auto denunciado en una vialidad, lo persiguieron y se dieron cuenta que se detuvo en la calle República de Colombia, y que ocho hombres se bajaron del carro para introducirse en el departamento A del número 20. Según el parte informativo, ahí detuvieron a Jesús y Sixto Aldrete, pero en compañía de Carlos Abrego, Jesús y Javier Copetillo (papá y hermano del PEP y presunto líder de la banda), Ricardo Padilla, Cristian Hernández y Everardo Gutiérrez. Todos iban sobre el auto. El dictamen pericial, declaraciones de testigos y de los detenidos indican que el departamento mencionado no existe, además de que los presentados fueron detenidos por separado, en operativos y ubicaciones distintas. En la puesta a disposición, los Federales afirman que en el domicilio mencionado encontraron dos fusiles, 19 cargadores, 5 mil 300 cartuchos útiles, tres chalecos antibalas y cinco vestimentas con el logo de la AFI.  Después relatan la captura de otras diez personas y más armas en distintos operativos, fundamentados también en “presuntas declaraciones” de los primeros tres detenidos, en las que refieren a “otras personas implicadas” sin dar nombres, número o descripciones física. Solo mencionan que un grupo iba a bordo de un Pontiac rojo modelo 2001, en tanto que otros estaban en una casa de seguridad de la colonia Emiliano Zapata de Tecate. Declaratorias En las declaraciones incluidas en los expedientes -de las que ZETA tiene copia-, solo  cuatro de los 21 detenidos admitieron algún tipo de responsabilidad. Fueron Benjamín Guzmán “El Benji” y Javier Antonio Guerrero Cota “El Moco” quienes del parte policiaco con el que los consignaron, únicamente reconocieron su participación en el atentado contra los Federales, confirmando la participación de Mario Antonio Hernández Romero “El Chinola”, quien agregó información. Manifestó que desde 15 días antes del atentado, él traía el pick-up negro que usaron para atacar a los agentes, y lo abandonaron rumbo “a la colonia Bondad, pegado a la carretera de cuota”. Sin embargo, negaron conocer al resto de los detenidos. Incluso Guerrero Cota recalcó que él solo sabía -y se los dijo a los Federales- que los del Pontiac rojo vendían droga, sin saber quiénes eran. Asimismo, “El Moco” admitió que había pedido a Exalín Márquez Ramos que le guardara un fusil y ésta aceptó haberlo hecho, aunque aseguró que había sido esa única vez, y cuando le preguntaron por la localización de las demás armas, remitió a los agentes federales a la casa de Jesús Salvador Soto Gómez. Lo que sí informaron los tres autores materiales y confesos del atentado, fue que en Tecate estaban operando dos células delictivas de “El Teo”: la que ellos integraban teniendo como coordinador a un hombre apodado “El Mayel”, y como jefe, al prófugo Francisco Javier Copetillo Angulo “El Pancho”; y otra encabezada por “El Ricky” e integrada por “El Cama”, “El Panchuli”, “El Flaco” y “El Marro”.  Ninguno de los antes mencionados estaba entre los otros 18 detenidos. Los 18 co-acusados restantes, quienes según dictámenes médicos presentaban evidencias de tortura, rechazaron desde el principio el contenido de los partes policiacos, alegando que no fueron detenidos ni en el lugar, ni a la hora, ni en las condiciones, ni en posesión de las armas y droga que intentaban acreditarles.  Exculpan a ministerios públicos Se solicitó la versión de la delegación de la Procuraduría General de la República (PGR) en Baja California respecto a este caso, en el cual reconocieron la existencia de la denuncia que se había presentado originalmente ante la Procuraduría del Estado, pero les fue remitida por incompetencia. De los avances solo informaron que están en proceso, y que corresponderá a ambas partes “corroborar su dicho”. Sin embargo, en el caso de los ministerios públicos Humberto Velázquez Villalvazo y César Manuel Adame Muñoz, aclararon que ellos se concretaron a hacer su trabajo, que es recibir de buena fe y consignar la información que los policías les entregaron en el tiempo que indica la Ley. “Estaban golpeados y eso quedó acreditado en la indagatorias”, refirieron. En defensa de su personal, indicaron que fueron los policías quienes los aprehendieron, y después, un juez determinó que había elementos suficientes para arraigar y procesar. Por ello no consideran que los funcionarios de la PGR puedan ser responsabilizados si el juez responsable de atender la denuncia, encuentra inconsistencia en la integración de la averiguación previa. La fundación Las familias representadas por Aldrete confían en la liberación de sus padres y hermanos “porque nos asiste la verdad, la razón y la justicia. Tenemos pruebas y la verdad  jurídica está de nuestro lado, pero sabemos que entre las víctimas hay gente que no tiene recursos ni conoce las leyes, por eso después de tres años en los que recibimos un curso intensivo de arbitrariedades, decidimos actuar más allá de nuestro caso”. “La paz descansa en la justicia” es el lema de Fundación de Defensa de los Derechos Civiles y Garantías Individuales, A.C., establecida por Juan Aldrete y familiares de los 21 detenidos en 2009 en Tecate. La presentación pública tuvo lugar el 12 de julio de 2012. Asesorados por organismos de derechos humanos y el ex ombudsman de Baja California,  Raúl Bahena, la idea del grupo es apoyar a otras familias cuyos derechos fundamentales hayan sido violentados.  “Ayudarlos a tiempo y que no tengan que pasar por lo mismo que nosotros, instruir a la gente  para que conozcan sus derechos y no se dejen engañar por las autoridades, apoyarlos cuando sea necesario exigir que se respeten las garantías, para demandar que las fuerzas del orden se dirijan a la sociedad como seres humanos y no nos traten como delincuentes”, concluyó Juan Aldrete Márquez. Detenidos el 7 de abril de 2009 Benjamín Guzmán Quintanilla “El Beni” Javier Antonio Guerrero Cota “El Moco” Marco Antonio Hernández Romero “El Chinola” Exalín Márquez Ramos Juan Jesús Aldrete Rosas Sixto Aldrete Márquez Javier Copetillo González Ángel Jesús Copetillo Ángulo Everardo Gutiérrez Díaz Carlos Javier Abrego Beltrán Ricardo Padilla Jiménez Cristian Adán Hernández Rodríguez Jorge Alan Gaxiola Gutiérrez Samuel Parra Quiroga Abraham Parra Quiroga César Antonio Parra Quiroga Jacobo Parra Medina Federico Valles Beltrán Jesús Salvador Soto Gámez Juan Carlos Santos Cruz Marco Antonio Hernández Romero. Impunidad de policías federales En Baja California, Juan Sillas, Gustavo Leal y Manuel García Simental, entre otros miembros del Cártel Arellano Félix detenidos entre 2009 y 2011, han señalado como cómplices a agentes federales que operan en el Aeropuerto Abelardo L. Rodríguez de Tijuana. En sus declaraciones ministeriales refirieron que les servían como escoltas y trasegadores de droga. Que son Federales quienes reciben los enervantes en las pistas del aeropuerto, evaden la vigilancia militar y la entregan en los baños o estacionamientos.  Durante la pugna interna de carteles, los usaron y les pagaron para robar droga a un grupo en favor de otro. Fuera de la central aeroportuaria, también fueron denunciados por extorsionar, robar y privar de la libertad a pequeños comerciantes y a miembros menores del crimen organizado para “cobrar piso”. Sin embargo, durante los tres últimos años, ningún elemento ha sido detenido ni investigado, cada vez que hay una denuncia los reubican. Denuncias similares, y otras por detenciones arbitrarias, tratos crueles e inhumanos, incomunicación, desapariciones forzadas, allanamientos de morada, torturas, lesiones, apremios ilegales e irregularidades en la integración de averiguaciones previas, se repiten en Chihuahua, Michoacán, Guerrero Tampico, Veracruz, Estado de México, Chiapas, Nayarit y Jalisco. Pocas de estas acusaciones judiciales o administrativas han prosperado. A finales del año pasado, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Policía Federal remitió al Instituto de Transparencia un informe. Explicaron que de 2006 a junio de 2011, solo 75 agentes federales habían sido detenidos y procesados por los delitos de robo calificado, secuestro, delincuencia organizada, contra la salud y portación de arma de fuego, de los cuales únicamente 27 habían sido sentenciados, cinco fueron liberados y el resto seguía bajo proceso. En cuanto a sentenciados, los datos públicos son limitados, los más recientes remiten a dos casos ocurridos en marzo de 2011  y ambos en el estado de Chihuahua, cuando cuatro agentes de la Policía Federal fueron sentenciados a seis años de prisión por haber allanado el domicilio, además de robar, golpear y amenazar a una familia en Ciudad Juárez; mientras que el Juzgado Quinto de Distrito sentenció a 20 años de prisión a otros siete elementos federales que secuestraron a un ciudadano. En su informe de 2011, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que se recibieron 29 mil 439 quejas durante todo el año, marcando un incremento del 50 por ciento con relación a 2010. Del total, mil 150 quejas fueron contra la Policía Federal, lo que llevó a esa corporación a ocupar  el quinto lugar entre las instituciones que violan las garantías fundamentales en México.