Enfrentar la escalada de precios durante enero no es una novedad para los bajacalifornianos, pero este 2014, la expectativa tiene características especialmente calamitosas. Peor todavía, los primeros días del año han dejado claro que además de los impuestos, la sociedad deberá enfrentar las decisiones impunes de comerciantes voraces, abusivos, solapados por la ineficiencia de las autoridades para controlarlos. Y definitivamente, sin importar cuanta riqueza vean en el Norte el Presidente mexiquense Enrique Peña Nieto y su gabinete, integrado por funcionarios oriundos del Centro del país, la realidad es que no todos los residentes de Baja California están en posición de encarar exitosamente los obstáculos económicos que se avecinan. De acuerdo al último estudio del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), en Baja California la pobreza creció un 16 por ciento de 2010 a 2012, y solo el 22.6% de la población del estado no puede ser considerada pobre; el resto está en diferentes situaciones de inseguridad financiera. El 39.2% de los californios es vulnerable a la pobreza por su estado de carencias sociales; el 6.1% es vulnerable por su nivel de ingreso; 28.6% fueron catalogados como pobres moderados; y 3.4% está en pobreza extrema. Y los aumentos son para todos. Los incrementos en gravámenes anunciados no son pocos, 8% a alimentos de alto valor calórico (275 kilocalorías por cada 100 gramos, sin importar si son light); 1 peso más por litro de refresco; y 16% más en alimentos procesados para mascotas, chicles y transportes foráneos. Catalogados como superfluos, las autoridades reflexionan que si los ciudadanos desean ahorrar, pueden ponerse a dieta, no viajar y vender, regalar, abandonar o sacrificar al perro de la familia. Evidentemente, también consideran que si alguien no puede solventar los gasolinazos mensuales, entonces no debería poseer un vehículo. Sin embargo, evitar los productos chatarra y deshacerse de su mascota y auto no sería suficiente para encarar exitosamente la embestida del Gobierno de la República, ya que la homologación -incremento- del Impuesto al Valor Agregado del 11 al16 por ciento en la frontera, y la ausencia del Gobierno Federal y su Procuraduría del Consumidor, ya generó incrementos generalizados sin control. De inicio, al 17 de enero de 2013, en las tiendas departamentales y abarrotes de Baja California, continuaban re-etiquetando todo, no solo los alimentos gravados por el Congreso y el Gobierno Federal. Con el pretexto de falta de personal, en el mejor de los casos los productos no tenían precio, y en el peor, las etiquetas tenían un costo y en caja lo cobran a otro más alto. Otro dato alarmante, es que dichos aumentos no están ni cerca de lo autorizado por el gobierno, algunos ni siquiera deberían ser re-etiquetados. Por citar dos ejemplos, en la farmacia de Calimax un producto contra la alergia etiquetado en 214 pesos, pretendió ser cobrado a 290 pesos; 26.20% por encima de su precio; y en la calle, los tacos subieron de 15 a 18 pesos, le agregaron el 20% de IVA. De hecho, hay restaurantes en Tijuana donde a un lado de los precios de la comida colocaron un letrero que indica “más 16 por ciento de IVA”. Señores, la homologación indica que solo pueden aumentar el 5% adicional, el otro 11% ya lo cobraban desde el año pasado. Pero esto a PROFECO y a los legisladores responsables no les importa, y ante la falta de reglas claras, la ciudadanía se encuentra indefensa. Los empleados de caja se enfrentan constantemente a los reclamos de la población enfadada que exige claridad, incrementos acordes a la Ley, y que no se den aumentos no autorizados. La respuesta invariable es que la confusión de costos, se debe a que todavía no saben cual será el precio de los productos, como si los incrementos autorizados no hubieran sido específicos. De hecho, a pesar de las listas de productos afectados y los impuestos aprobados con porcentajes definidos, algunos empresarios se han quejado públicamente de la falta de precisión de las leyes existentes, y aseguran que no existe claridad en los límites. Mientras otros, para justificar la alzada, simplemente pretextan que deben dispersar la cascada de sobreprecios que ellos como inversionistas ya están pagando y empiezan por el aumento a la gasolina. Al final, el consumidor es como siempre el pagano. Por lo pronto, pese al anuncio de que la Procuraduría Federal del Consumidor desplegaría sus 94 verificadores -sí, leyó bien, solo 94- en todo el estado para evitar los abusos con el incremento, la realidad es que no tienen la capacidad para vigilar todos los supermercados y tiendas de conveniencia, así que valdría la pena que propusieran otra forma de evitar los abusos. Pero que sea real.
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