Los vuelos clandestinos de “El CHAPO”

En 2012, cuando se desarrollaba la cumbre del G-20 en Los Cabos, Joaquín Guzmán Loera “El Chapo”, aterrizó en tierras de Baja California Sur. Con información de la DEA (Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos) la Policía Federal realizó un operativo para detenerlo en aquella ocasión, pero se les fue. Es el caso aquel donde solo encontraron a la mujer dedicada a la prostitución con la que el capo sinaloense se encontraría en las playas sudcalifornianas. Por aquel hecho y por ese operativo, en Baja California Sur se inició una investigación y a la detención del narcotraficante en febrero de 2014, en junio de ese año, se le decretó auto de formal prisión en la causa penal 29/2014 por su probable responsabilidad en el delito denominado “vuelos clandestinos, en las modalidades de realizar vuelos clandestinos y proporcionar los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves en vuelo clandestino”. El 25 de septiembre, en la segunda instancia se modificó –nada sustancial– la formal prisión. Sin embargo en el Primer Tribunal Unitario del Decimosegundo Circuito, el Juez Sergio Antonio Álvarez concedió un amparo al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán para dejar sin efecto el auto de formal prisión que le fue dictado en un juzgado de Baja California Sur por su presunta responsabilidad en la operación de vuelos y aterrizajes clandestinos, hechos derivados de su escapatoria de Los Cabos en febrero de 2012. El otorgamiento del amparo no es para dejarle en libertad, sino para reponerle el procedimiento judicial, pues para que la conducta ilícita sea sancionable, tienen que probar que dicho vuelo clandestino tenía como objetivo una actividad ilícita, elemento esencial que omitieron analizar el Magistrado del Tribunal Unitario del Vigesimosexto Circuito y el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California Sur, ambos con residencia en la ciudad de La Paz al momento de procesar al capo. Así, el tribunal sudcaliforniano debe dejar insubsistente dicho auto judicial y emitir una nueva resolución en la que razone si se acredita o no el elemento al que se hace mención en el delito específico: que los motivos de los vuelos fueron con fines ilícitos. El fallo de amparo será notificado vía exhorto en las próximas horas a Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, quien desde hace casi un año se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México. La visitas del “Chapo” a BCS El mediodía del 15 de febrero de 2012, personal del área de mantenimiento y de servicio del campo de golf del desarrollo Cabo Real reportó al Sector Naval de Los Cabos, el aterrizaje clandestino de una avioneta pequeña monomotor, de color blanco con franjas azules. La aeronave bajó en el área del arroyo que se encuentra paralelo al camino pavimentado que conduce a la subestación de la Comisión Federal de Electricidad. El sitio colinda con el “Cañón del Tiro” del campo de golf, ubicado en el kilómetro 19.5 de la carretera transpeninsular, tramo San José del Cabo-Cabo San Lucas. Testigos relataron que la avioneta aterrizó proveniente del norte hacia el sur sobre un camino de terracería habilitado sobre el arroyo, que aguardaban dos vehículos Chevrolet Suburban de color blanco y gris cerca del camino. Hubo movimientos y después de unos cinco minutos las camionetas se retiraron a alta velocidad hacia la carretera. La avioneta despegó nuevamente hacia el norte. Los declarantes no pudieron identificar a las personas involucradas, observar matrículas o si se manipuló alguna carga debido a la gran distancia a la que se encontraban. Tras ser avisadas las autoridades, un grupo de 20 elementos y un oficial de la Secretaría de Marina detectaron sobre el camino de terracería, aledaño al campo de golf, las marcas de rodado de tres neumáticos de los que utilizan las aeronaves menores, las cuales mostraban claramente el aterrizaje, vuelta y despegue del aparato. Se recabaron los testimonios de los agentes de seguridad privada y de su supervisor, de instructores y profesionales del golf, empleados de mantenimiento y otros testigos tanto de la empresa Administradora Cabo Real como del Grupo Questro de seguridad, pero no se estableció la identidad de los pasajeros y la tripulación, solo se pudo acreditar la existencia del hecho, es decir de las maniobras del pequeño avión. Para evitar nuevos descensos de vehículos aéreos, elementos de la Marina destruyeron la improvisada pista de aterrizaje clandestina. Cacería infructuosa Los días siguientes, en los que coincidió la visita de la ex primera dama de los Estados Unidos de Norteamérica, Hillary Clinton, trascendió que el suceso de la aeronave estaba vinculado a la presencia del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán en la zona de Los Cabos, concretamente en Punta Ballena. La información ya no solo estaba en poder de la Marina, sino en la Procuraduría General de la República. El 21 de febrero de 2012 se recibió una “denuncia anónima” indicando que en una villa en Cabo San Lucas, se registraban movimientos sospechosos de entradas y salidas de camionetas Suburban con personas armadas y sospechaban que en el lugar posiblemente estaba escondido Guzmán Loera. La PGR, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) ordenó un despliegue de agentes federales hasta la península. Más de cien elementos lograron llegar hasta una residencia muy vistosa, donde tras irrumpir en el sitio detuvieron a dos hombres y dos mujeres. Se trataba de un chofer, un jardinero, una cocinera y otra mujer. No estaba “El Chapo” Guzmán. Había escapado minutos antes. Los agentes aseguraron dos camionetas Chevrolet Suburban de colores blanco y gris, una camioneta Nissan Quest, un arma de fuego tipo carabina calibre 5.56, un lanzagranadas calibre 40, tres granadas de impacto calibre 40, además de siete celulares BlackBerry, ocho celulares Nokia, una computadora portátil marca Sony y una bolsa de plástico con aproximadamente 100 gramos de la droga conocida como ice. Los detenidos fueron el piloto Ángel Jorge López Urías, su ayudante Omar Hinojosa Villegas, la cocinera sinaloense María Luisa Macías Amarillas, una mujer joven de nombre Agustina, presuntamente pareja casual del narcotraficante Guzmán Loera y, provisionalmente, un hombre que arreglaba el jardín. Ángel contaba con antecedentes penales, ya que en 2009 fue aprehendido en poder de 20 mil dólares al parecer provenientes de actividades criminales, imputación que no fue comprobada y la PGR le tuvo que devolver el dinero en 2010. De piloto a mandadero Omar Hinojosa aseguró que el arma de fuego y las granadas cuya posesión le imputan, fueron localizadas dentro una recámara de la casa donde estuvo hospedado “El Chapo” y que ignoraba su existencia. De profesión piloto aviador, Hinojosa dijo que era ayudante del también piloto Ángel López y declaró que sus funciones eran las de llevar víveres y hacer mandados “para lo que se ofreciera de la casa”, inmueble que consiguió por encargo su colega para Joaquín Archivaldo. El declarante señaló que en diciembre de 2011 suscribió un contrato de arrendamiento con opción a compra de la villa, cuya operación fue de 350 mil dólares, con planes para su adquisición definitiva en la cantidad de un millón de dólares. El detenido se llevaría una comisión cuando se finiquitara la venta de la residencia. Agregó Hinojosa que su amigo López Urías le pidió que le consiguiera un lugar para aterrizar en Los Cabos, a lo que accedió, localizando el sitio ideal entre San José del Cabo y Cabo San Lucas, a un kilómetro hacia el cerro de donde se encuentra el Hotel Hilton por la carretera transpeninsular. Dijo que cuando recibió a su conocido –que piloteaba un avión CESSNA 206– se dio cuenta que la persona que venía a bordo era el narcotraficante Joaquín Guzmán Loera junto con un escolta. Hinojosa Villegas se dirigió de la improvisada pista hacia la casa rentada. Asegura que “El Chapo” Guzmán y su escolta permanecieron una semana y media en la residencia para después retirarse en la misma aeronave. Agregó que por haber conseguido la pista le pagaron 50 mil pesos en efectivo. Los distinguidos huéspedes regresaron a las dos semanas posteriores y recibió otra gratificación de 50 mil pesos. Joaquín Archivaldo y su “secretario” siempre cargaban con tres maletas, sin que se conociera su contenido, aunque el piloto sirviente presume que ahí guardaban armas de fuego y granadas. Sobre la cocinera que fue detenida junto con él, manifestó que fue a recogerla a la Plaza Puerto Paraíso, en Cabo San Lucas, dos días después de que llegaron “los señores” y su función solo consistía en preparar alimentos. De Agustina, el detenido dijo que a ella la recogió en el aeropuerto de San José del Cabo por instrucciones de su amigo piloto y la llevó a la casa, donde permaneció aproximadamente una semana y días, pues al parecer era pareja sentimental de “El Chapo” Guzmán. Sobre el jardinero, agregó que siempre trabajó con el dueño de la casa y devengaba un sueldo de 2 mil 500 pesos al mes. Su trabajo era, además de tener limpio el jardín, fumigar la casa por dentro y por fuera. Además de los 100 mil pesos que el mandadero recibió como gratificación, le entregaban de cinco mil a diez mil pesos en efectivo para comprar alimentos y abastecer gasolina, ya que tenía asignadas las dos camionetas Suburban, una blanca y otra en color oro, modelo 2007 o 2008. Refirió que la camioneta blanca la utilizaba únicamente para trasladar al “Chapo” Guzmán y la otra para hacer los mandados. El pago de una liposucción La villa asegurada en Punta Ballena consta de dos niveles, con una fachada vistosa en color salmón, con jardín perimetral y un portón negro. Tenía tejado color rojo y una cochera con capacidad para dos vehículos. Al fondo de la construcción se aprecia una cúpula con una especie de campanario, resaltando los pisos exteriores formados con piedra cantera tipo rústico. Cuatro recámaras. La principal en el segundo piso, donde se instalaba Joaquín Archivaldo Guzmán Loera. Las tres restantes estaban en la planta baja. El cuarto de “El Chapo” se había acondicionado especialmente con aparatos para hacer ejercicio adquiridos en el Sams’s Club. Se trataba de un <em>Bio Shaker y una bicicleta estacionaria: estos equipos se unieron a una caminadora y un aparato para hacer abdominales que ya ocupaban espacios en la habitación. Aseguran que cuando estaban en la finca, los huéspedes se mantenían encerrados en sus habitaciones. Joaquín Archivaldo con la mujer por la que el chofer iba al aeropuerto y el escolta en un cuarto de abajo. En otra recámara pernoctaba la cocinera María Luisa y, en la tercera, el declarante, quien vivía en La Paz y ocasionalmente se quedaba a dormir ahí. Ocupaba su tiempo en navegar en internet y checaba su correo electrónico. Agustina, la misteriosa chica a la que vinculan amorosamente con el narcotraficante sinaloense, declaró que en enero de 2012 conoció a un muchacho cuando se encontraba con unas amigas en el antro “Kuwa” ubicado en La Isla, Culiacán y que le contó su intención de hacerse la liposucción para moldear su cuerpo. El muchacho le dijo que había quien le pagara la operación si convivía con esa persona. Al día siguiente fue cotizada la cirugía con un costo de 50 mil pesos y el 24 de enero siguiente se realizó la operación en un lujoso hospital de la ciudad de Guadalajara, donde Agustina permaneció tres o cuatro días en recuperación. La mujer añadió que todo el tiempo estuvo en contacto con el intermediario de la operación y que en el mes de febrero fue a “pagar” a su desconocido benefactor. El hombre al que conoció en el bar la llevó hasta una pista de aterrizaje en Mazatlán, donde fue subida a un avión privado y le vendaron los ojos hasta llegar a su destino que era en Cabo San Lucas. La llevaron a una casa donde se instaló durante una semana en espera de conocer a la persona que pagó por su liposucción. Llegado el día, a la medianoche, entró a la recámara un hombre que le pidió se tapara los ojos con la venda y le dio un beso. Aquel desconocido, que ahora se sabe era “El Chapo” Guzmán, le preguntó a Agustina cómo seguía de salud tras la operación. Ésta le respondió que bien. El hombre le preguntó que si ya estaba lista –para tener relaciones sexuales– a lo que la chica dijo que sí, pero al rato de estar conversando, se dio cuenta –dijo la declarante– de que andaba “en sus días”, por lo que recomendó a su interlocutor que el encuentro fuera después. A la puerta de esa habitación se escuchó que tocaban, el hombre aquel salió y Agustina se acostó. Se quedó dormida hasta el día siguiente. Fue a la planta baja a desayunar y después irrumpieron violentamente los agentes federales, deteniéndola a ella, a María Luisa y a los dos hombres que estaban presentes. Su benefactor no estaba presente. Había logrado escapar. Delito de vuelos y aterrizajes clandestinos Se denomina así al que para la realización de actividades delictivas utilice o permita el uso de aeródromos, aeropuertos, helipuertos, pistas de aterrizaje o cualquiera otra instalación destinada al tránsito aéreo que sean de su propiedad o estén a su cargo y cuidado, se le impondrá prisión de dos a seis años y de cien a trescientos días multa y decomiso de los instrumentos, objetos o productos del delito, cualquiera que sea su naturaleza. Si dichas instalaciones son clandestinas, la pena se aumentará hasta en una mitad. Las mismas penas se impondrán a quienes realicen vuelos clandestinos, o proporcionen los medios para facilitar el aterrizaje o despegue de aeronaves o den reabastecimiento o mantenimiento a las aeronaves utilizadas en dichas actividades. Si las prácticas delictivas a que se refiere el primer párrafo se relacionan con delitos contra la salud, las penas de prisión y de multa se duplicarán. Al que construya, instale, acondicione o ponga en operación los inmuebles e instalaciones a que se refiere el párrafo primero, sin haber observado las normas de concesión, aviso o permiso contenidas en la legislación respectiva, se le impondrá de tres a ocho años de prisión y de ciento cincuenta a cuatrocientos días multa. Las sanciones previstas en este artículo se impondrán sin perjuicio de las medidas que disponga la Ley de Vías Generales de Comunicación y de las sanciones que correspondan, en su caso, por otros delitos cometidos. Sicarios de “El Chapito” ejecutaban por 3 mil pesos Cuatro sujetos, presuntamente sicarios del Cártel de Sinaloa, que ejecutaban a contrarios en diversas zonas de la ciudad, fueron presentados como detenidos el miércoles 4 de febrero. Bajo las órdenes de Hugo Carlos Escobar Godoy “El Moreno”, brazo ejecutor de Francisco Javier Mendoza Uriarte “El Chapito”, participaron en al menos tres homicidios, de acuerdo a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), pero se les investiga por más. Ajustaban cuentas principalmente en colonias como  Las Cañadas, La Morita, El Florido, Camino Verde y otras de la delegación Sánchez Taboada. Se trata de Fabián Serrano Ariñaga, alias “El Payaso” de 26 años de edad, originario de Jalisco; José Francisco Altamirano Ibarra, alias “El Cora” de 28 años, nacido en Nayarit; Rodrigo Barreras Urquides, alias “El Ligo” de 26 años, originario del Sonora, y de Juan Alberto Govea Requeña, alias “El Requeña” de 23 años de edad, nacido en Tijuana. La detención se coordinó entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) y la subprocuraduría contra la Delincuencia Organizada de la PGJE, luego de que se registrara un homicidio en la colonia Camino Verde de Tijuana el lunes 2 de febrero. Durante la presentación, Alejandro Lares Valladares, titular de la SSPM, comentó que minutos después se detuvo, entre las calles Real del Castillo y Callejón Loreto, un automóvil Nissan Altima, mismo que tripulaban los detenidos. Era Fabián Serrano el que portaba un arma de fuego calibre 9 milímetros, con la que de acuerdo a su confesión, había ejecutado a la víctima, cuyo apodo es “El Forastero”. Los sujetos también aceptaron su participación en otros asesinatos. Ejecutaron el 12 de enero del 2014 a Joel Esaú Martínez de 28 años, identificado como narcomenudista. Mientras que el  8 de septiembre del 2014, mataron a Arturo Morales Ruvalcaba, cuyo cuerpo fue encontrado desmembrado y en el interior de una tina. Por cada una de las ejecuciones recibían entre 2 mil 500 y 3 mil pesos. Miguel Ángel Guerrero, subprocurador contra la delincuencia organizada, dijo que los cuatro fueron consignados al juez de primera instancia por el delito de homicidio calificado.  Tamaulipas, la narcoviolencia perpetua Mucho miedo, desesperación y parálisis en actividades educativas, sociales y económicas es el resultado de cuatro días de balaceras y bloqueos carreteros en Tamaulipas, donde se reporta la muerte de al menos 14 personas y otras tantas heridas. Los hechos y las últimas dos alertas de violencia lanzadas por parte del Consulado de los Estados Unidos de América en esa entidad, no son hechos aislados. Los años recientes de una total inseguridad para habitantes y visitantes así lo demuestran. Autoridades estatales y federales que en diferentes periodos aseguraron que la actividad criminal de la frontera tamaulipeca estaba acotada y bajo control han demostrado una y otra vez su incapacidad e insensibilidad. Las noticias en esta franja del país son deprimentes. Secuestro constante de migrantes. Más de 800 personas desaparecidas. El plagio de uno de los directores de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. El cierre de la Universidad del Valle de México en Nuevo Laredo por amenazas. Suspensión de clases en el Tecnológico de Monterrey Campus Reynosa. A pesar de estos sucesos, sobre todo los enfrentamientos a tiros durante las horas más recientes, el procurador del estado, Ismael Quintanilla, se atreve a decir que no hay alerta ni afectación entre la población porque los hechos ocurrieron en las carreteras. El primer fiscal aprovechó los eventos criminales para presumir que estas balaceras son una reacción a los operativos que las fuerzas de seguridad efectúan en contra de la delincuencia organizada. Los tiroteos en Reynosa y Matamoros han sido cruentos, como aterradora la quema de automóviles particulares y de camiones de carga para el bloqueo de las vías de comunicación. En Matamoros tres de las cuatro carreteras que circundan a la ciudad han sido cerradas a placer por grupos de sicarios y la Presidencia Municipal tuvo que ser evacuada el miércoles pasado debido a la presencia de un artefacto explosivo en la entrada principal del edificio. Padres de familia no están enviando a sus hijos a las escuelas, comerciantes no quieren abrir sus negocios y empresas de transportistas decidieron no mover sus tracto-camiones ante el temor de que criminales se apoderen de ellos. Ante este panorama el sector educativo anunció la suspensión de clases. En la última de sus alertas, el Consulado norteamericano expresó: “La violencia se ha incrementado en los últimos días y hay numerosos informes sobre grandes convoyes de hombres armados pertenecientes a las organizaciones criminales transitando por la zona”. Según las autoridades estadounidenses el aumento de la violencia se debe a un enfrentamiento entre facciones antagónicas del cártel del Golfo. El resto de su comunicado es el habitual, por medio del cual alertan a sus compatriotas a no viajar a la entidad mexicana vecina de Texas y en caso de hacerlo, les hacen algunas sugerencias de seguridad. Amenazas como las sufridas por la UVM no solo llegan a las universidades o comerciantes. También a los medios de comunicación, como sucedió en el diario El Mañana, donde a raíz de la publicación de los violentos hechos de estos días, su director capítulo Matamoros, Enrique Juárez Torres, fue privado de la libertad. Según testimonios de sus compañeros de trabajo, lo golpearon, le amenazaron y lo dejaron ir. Se dice que se fue a ocultarse a Texas. Por su parte, la alcaldesa de Matamoros, Norma Leticia Salazar Vázquez, exhortó a la población a resguardarse y a tomar medidas preventivas para proteger a sus familias ante el reporte de “situaciones de riesgo” en esa ciudad. A través de sus redes sociales, la edil informó de algunos incidentes en algunas zonas geográficas y tuiteó: “Mi gobierno trabaja en coordinación con las corporaciones federales en aras de recuperar la paz y tranquilidad que todos necesitamos”. El gobernador de Tamaulipas, Egidio Torres Cantú, continúa sin aparecer para informar sobre la crítica situación de seguridad pública y las acciones que se van a emprender para regresar la tranquilidad a la entidad. El equipo de comunicación social del Gobierno del Estado cuando mucho escribió algunos tuits de lugares donde se registraron bloqueos. La comunidad que brinda información en tiempo real sobre actividades de la delincuencia “Valor por Tamaulipas” informó en su muro de Facebook de un enfrentamiento este jueves en la colonia Fovissste. Presuntamente, militares realizaron la persecución de una camioneta de color blanco en la que viajaban tres sujetos armados. Tras la balacera, los empistolados lograron escapar. Usuarios de redes sociales aseguran que las fuerzas armadas patrullan las calles de la ciudad fronteriza, con el apoyo de un helicóptero que efectúa vigilancia aérea. Las autoridades de distintos ámbitos de gobierno se esfuerzan por entregar comunicados a los medios de comunicación sobre acciones habituales como en el estado como el rescate de migrantes secuestrados o el aseguramiento de una bodega donde se blindaban vehículos de manera artesanal sobre el kilómetro 75 del tramo carretero Reynosa-Río Bravo el miércoles 4 de febrero. En el lugar, agentes federales y militares aseguraron 13 automotores, algunos de ellos blindados y también se localizaron ocho cargadores vacíos para fusil AK-47 “cuerno de chivo”, 495 cartuchos calibre 7.62, 46 balas para rifle 3.08 y cuatro proyectiles antiaéreos calibre 50. Durante la acción no hubo personas detenidas. Para reforzar las tareas de seguridad en Tamaulipas, el Gobierno Federal envió al estado por lo menos 300 elementos de la Gendarmería Nacional, según trascendió extraoficialmente.