Secuestradores en la mira

Delinquen en Tijuana, se dedican al asesinato, al secuestro de migrantes y de pequeños comerciantes, a la venta de droga, homicidio, robo con violencia. Sus actividades delictivas les han permitido instalar taquerías y un salón de fiestas en la colonia Cucapah, de igual manera, negocios de  venta de automóviles en el fraccionamiento El Florido. El Consejo de Seguridad de Baja California  los identifica como “Los Morenos” y dicen que van por ellos. En los últimos diez meses, el Grupo Coordinación ha dado seguimiento a cuatro bandas criminales; el homicidio cometido con arma larga contra René Araujo López, la mañana del  martes 9 de diciembre en el Bulevar Simón Bolívar, esquina con Bulevar Díaz Ordaz, reactivó la búsqueda de los criminales. Los investigadores relacionaron el asesinato con las ejecuciones  del joven Pablo Giovanny Zamora, ocurrido el 13 de septiembre, y su padrino Jorge  Pérez Chávez, perpetrado en agosto. Recurrieron a declaraciones, archivos de detenciones, y empezaron a construir las células delictivas. Socios criminales detenidos identificaron a Hugo Carlos Escobar Godoy como “El Moreno” y/o “El Negro”, y a sus operadores, todos delincuentes reciclados, que han salido y entrado de prisión. Incluso los señalaron por delitos cometidos, y bajo esa categoría los tienen identificados en la Procuraduría General de Justicia del Estado, de la siguiente manera: * Para asesinato y cobro de piso, “El Moreno” se alía con Susano Lobato Godínez “El Susano”, Israel Angulo Quiñonez  “El Wimer”, y los hermanos Dávalos Magaña, Hugo Gerardo y Jonathan Alfredo; también con otro hombre solo identificado con el apodo de “El Chino”. * En el secuestro, tiene asociado a Florentino Sánchez Hernández “El Michoacano” y sus compinches, Junior Belem Sánchez Hernández y Reyver Sánchez Sánchez. * Para los robos violentos, sus cómplices son Alberto Trejo Romero y/o Romero Trejo “El Chino Fugas” y los miembros de sus familia política, a quienes las autoridades ubican por los apellidos Pérez Altamirano, María Guadalupe, Rogelio y David Alberto. Además, investigadores dijeron a ZETA que a “El Moreno” Escobar Godoy, lo identifican en el bando criminal de Francisco Javier Mendoza Uriarte “El Chapito”; que antes delinquió en Sinaloa, donde tiene un expediente abierto por extorsionar  a una familia en Culiacán, a la que pidieron 300 mil pesos. Detenido, solo confesó haber obtenido 20 mil pesos. Evidentemente fue liberado y se trasladó a Tijuana.  Historial de detenciones Antes de ser inmiscuido con los recientes asesinatos, Escobar fue aprehendido en diversas ocasiones en Tijuana, igual sus socios criminales; su nombre salió a relucir en más de un boletín o tarjeta informativa. La primera vez fue detenido en febrero de 2014: “El Moreno”, junto con Daniel Ortega y Andrea Dilery González, tenían secuestrado a un hombre en el hotel San Nicolás, el cual se localiza en Avenida Paseo Guaycura. Sin embargo, fue puesto en libertad. En julio se reportó que habían levantado a un hombre en el fraccionamiento Murúa. El cadáver de la víctima fue abandonado en el libramiento y testigos describieron el auto en el que fue trasladado el cuerpo; Escobar y otro hombre fueron detenidos en las inmediaciones con un automóvil de las mismas características. De nuevo regresó a las calles. En agosto, al atender una denuncia ciudadana al C4, que informaba que “desde una Cherokee roja estaban vendiendo droga”. “El Negro” fue detenido en compañía de Abel Mendoza Jiménez y Omar Ramírez Vázquez, la pareja de Escobar llegó a ofrecer dinero para que los liberaran y todos fueron consignados por cohecho. En septiembre se detuvo a Juan Cárdenas y Christopher Agüero como los homicidas confesos del joven Giovanny Ramírez y de Jorge Pérez, también identificaron a “El Moreno” como su jefe criminal. En el mismo mes, Óscar Escobar fue detenido por el asesinato de Miguel Inzunza en la colonia Sánchez Taboada, declaró servir a “El Negro”. En el transcurso de diez meses, Hugo Carlos Escobar Godoy resultó aprehendido en posesión de droga, presuntamente para su venta al menudeo. En su declaración se dijo víctima de la situación económica del país, asegurando: “A veces hago mi luchita y compro droga para vender”. Socios también reciclados Los agentes informaron que, en base a la estadística ministerial, Alberto Romero “El Chino Fugas” tiene averiguaciones previas abiertas por robo en sus diversas modalidades, y su pareja, Guadalupe Pérez, cuenta con ocho averiguaciones previas relacionadas con robo bancario. Además: * David Alberto Pérez Altamirano tiene orden de aprehensión activa por  robo con violencia, lo mismo que su socio Oswaldo Montaño Velázquez. * Florentino Sánchez Hernández “El Michoacano” tiene orden en su contra por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa, y está activa. * Jonathan Dávalos Magaña fue detenido por posesión de arma de fuego y posteriormente liberado. Su hermano Cristian Alberto aún está preso por posesión de un kilo de cocaína. * Israel Antonio Ángulo “El Wimer” le disparó a su esposa y suegra mientras estaban en un auto -por un pleito familiar-, el 25 de noviembre. * Susano Lobato ha sido detenido por robo equiparado y detonaciones de arma de fuego. Baleado con arma larga Autoridades ministeriales consideran a “El Susano”, el delincuente más involucrado en el homicidio cometido esta semana contra René Araujo López “El Guasave” o “El Pichón”, cuando el 9 de diciembre, su cuerpo fue localizado sin vida “a bordo de un vehículo Lincoln Navigator de color gris -sin reporte de robo-, apreciándose tanto en el vehículo como en el sujeto, diversos impactos producidos por arma de fuego, localizándose en el lugar seis casquillos percutidos y un útil calibre 7.62 por 39”;  y dos casquillos percutidos “calibre 45, y 5 proyectiles deformados”.  En actas quedaron registradas las huellas de violencia: “Múltiples lesiones producidas por impacto de arma de fuego en la totalidad de región abdominal y una gran herida en brazo izquierdo, producida también al parecer por impacto de arma de fuego”. Una primera versión de los investigadores indicaba que la víctima iba acompañada de Josué Hernández, quien al darse cuenta del ataque, intentó huir, pero las balas le alcanzaron y quedó herido; ahora arguyen en la PGJE que el lesionado es un transeúnte que fue lesionado de manera incidental.  Las policías operativas iniciaron la búsqueda, y “en el domicilio ubicado en Calle Rosarito y Avenida Cerro Colorado, se localizó un vehículo de la marca Chevrolet Astro de color verde, y en su interior, un arma larga de las denominadas cuerno de chivo, un casquillo percutidos y 2 útiles calibre 7.62 por 39, así como 3 casquillos percutidos calibre 38 súper. “A una cuadra de distancia del citado vehículo, se localizó tirada junto a un árbol, un arma de fuego tipo revólver calibre 38 súper, con cuatro tiros útiles y dos percutidos en el cilindro”. Entre los objetos encontrados por las autoridades, estaba una chamarra negra con manchas de sangre que en las bolsas contenía dos cartuchos útiles calibre 38 súper, y una credencial a nombre de Susano. Los policías operativos detuvieron a dos hombres de 41 y 43 años, quienes fueron puestos a disposición y posteriormente liberados, pues justificaron no tener relación con el homicidio.  Aprueban transformar a PGR en Fiscalía El viejo anhelo de quitar el monopolio de la investigación y persecución de los delitos al Poder Ejecutivo, podría concretarse en breve, luego de que la Cámara de Diputados aprobara el dictamen sobre la iniciativa que expide la Ley de la Fiscalía General de la República (FGR). Con una votación de 370 votos a favor, 46 en contra y seis abstenciones, se autorizó el proyecto de Ley en lo general y en lo particular, será cuestión de que el Senado de la República lo ratifique. Así, la Procuraduría General de la República (PGR) se convertirá en Fiscalía General y pasará a ser un órgano constitucional autónomo de los tres poderes de gobierno, con nuevas facultades y obligaciones en materia anticorrupción y electoral. La dependencia será encabezada por un Fiscal General, cargo que recaerá en una persona propuesta por el Ejecutivo a través de una terna, que tendrá que ser votada y ratificada por el Senado de la República. La transformación de PGR a FGR tiene como objetivos tres aspectos “fundamentales” para el sistema de procuración de justicia federal: 1. Dotar de autonomía constitucional a la Fiscalía, y no estar subordinada a otro poder u órgano para investigar y perseguir los delitos. Es decir, ya no dependerá del Poder Ejecutivo como en la actualidad. 2. Robustecer el papel del Ministerio Público de la Federación como representante de la sociedad en la investigación y persecución de los delitos que sean de su competencia (delitos del fuero federal). 3. Consolidar al Ministerio Público Federal como un agente que cumple una función social relevante, que es ejercitar la acción penal en representación de la sociedad, brindar apoyo y asistencia a las víctimas de los delitos, el respeto de sus Derechos Humanos y hacer cumplir la Ley. En cuanto a las funciones y facultades de la Fiscalía General de la República, no habrá muchos cambios, pues su plazo legal para resolver las detenciones de personas seguirá siendo de 48 horas, y podrá duplicarse en casos de delincuencia organizada; asimismo, podrá ordenar la detención de personas en casos de urgencia y continuará con la facultad de atraer investigaciones del fuero común que tengan “conexidad” con el fuero federal. El proceso de transición institucional, organizacional y administrativa de la aún Procuraduría General de la República se realizará de forma paulatina, pues la autonomía constitucional de la nueva Fiscalía entrará en vigor en 2018. Por el momento se desconoce cómo será llevará a cabo dicho proceso. Las reacciones no se hicieron esperar, y la diputada federal por el Partido del Trabajo, Loretta Ortiz, aseguró que la supuesta transformación solo es una muda de denominación, por lo que “cambiar el nombre de procurador a fiscal no resuelve los problemas tan graves que se viven en el país”, considera. Por su parte, el legislador del Partido Revolucionario Institucional, José Luis Cruz Flores Gómez, expresó que la nueva legislación es un paso adelante en la transformación de un nuevo Estado mexicano, donde los ciudadanos tendrán la certeza de que sus autoridades se conducen en los cauces de la Ley, de la objetividad y del bien general. La diputada del Partido Acción Nacional, Karina Labastida Sotelo, también se mostró optimista, al afirmar que la Fiscalía será la institución en la que recaiga la responsabilidad de políticas públicas en materia de prevención y persecución de los delitos, la defensa social y la protección de las víctimas. (Luis Carlos Sáinz Martínez/ZETA) Otros secuestradores El jueves 11 de diciembre, la Procuraduría General de la República (PGR) consignó “ante un Juez de Distrito a cuatro hombres como probables responsables del delito de privación ilegal de la libertad, en su modalidad de secuestro, y delitos estipulados en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos”. Fueron detenidos en un operativo realizado el domingo 7, “en la calle Reyna de la colonia Cerro de las Abejas en Tijuana,  donde lograron liberar a un menor de edad víctima de secuestro, asegurar a los hoy imputados, un arma larga, tres armas cortas y el numerario que se entregó por el rescate”. En la prensa se publicó que se había liberado al hijo de un empresario, sin embargo, el padre de la víctima y denunciante, no mencionó que fuera empresario cuando buscó a las autoridades locales. El hombre llegó a la Procuraduría el fin de semana a preguntar cuál era el protocolo cuando había un secuestro, le pidieron que denunciara y se negó, pero dio información porque quería apoyo. Admitió que a su hijo lo tenía privado de la libertad uno de sus compadres, que le estaba pidiendo un dinero que le debía y se llevó al muchacho para presionarlo. Durante su cautiverio, el joven se mantuvo en comunicación por la aplicación telefónica WhatsApp con su padre, los captores no le quitaron el teléfono celular. El progenitor no dijo a las autoridades si no quería o no podía pagar el dinero que según él, debía al compadre, pero pidió le ayudaran a rescatar a su hijo. Un poco más tarde llegó a instalaciones estatales el abogado Humberto Valdez en representación del padre. Les informó a los agentes que ya estaba todo preparado y que los agentes debían acudir a cierta hora, a un lugar, para rescatarlo. Le informaron que así no funcionaba el proceso de denuncia e investigación de un secuestro y el licenciado en Derecho se retiró. Después acudió a la PGR con la misma versión y realizaron un operativo, para entonces, el joven secuestrado ya había sido liberado por sus captores. Los agentes federales siguieron el geo-localizador del carro que el padre de la víctima había entregado a los delincuentes y los detuvieron.  El auto y los hombres en las imágenes participaron en la balacera del jueves 11 de diciembre. El Grupo Coordinación pide a la ciudadanía, que de tener información de los implicados, la proporcione a través del número de Denuncia Anónima 089. Balacera Alrededor de las 6:00 pm del jueves 11 de diciembre, residentes del fraccionamiento Soler atestiguaron una balacera con armas largas, según el primer reporte. Hombres a bordo de tres vehículos intentaron agredirse a tiros mientras estaban en el estacionamiento de un local de comida rápida, sobre la calle Braulio Maldonado. Cuando las unidades policiacas llegaron, los implicados huyeron para evadirse. Minutos después del enfrentamiento, la Policía Municipal localizó, en las inmediaciones de la zona, dos de los carros implicados.