Norma Lucía Piña Hernández, presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), indicó, el 9 de julio de 2024, que fue amiga de Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea -ex presidente del máximo tribunal constitucional-, pero que su apego se acabó cuando aprobó la investigación de una denuncia en contra de su predecesor, por una supuesta red formada por miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF), cercanos al ex ministro, para presuntamente presionar a jueces y magistrados.
“Sí éramos amigos […] pero yo creo que todo fue parte de una mala comunicación. El respeto entre amigos es fundamental. El respeto entre compañeros ministros también es fundamental. Hubo malos entendidos. Falta de comunicación. Y eso propició que se rompiera la amistad”, dijo Piña Hernández, durante una entrevista con la periodista Adela Micha Zaga, transmitida en su canal La Saga, de la plataforma YouTube.
“Te voy a decir una cosa, cuando él regresó de ministro, de ministro presidente a ministro, nos seguíamos llevando bien. Digo, no éramos los amigos de siempre. Después de que salió de ministro, no he tenido ninguna comunicación, ninguna relación”, expuso la presidenta de la SCJN y del CJF.
“Yo atribuyo que se presentó la famosa denuncia y yo tuve que darle trámite. Era lo que se tenía que hacer, una denuncia. Ni modo que yo la guardara en un cajón. Entonces se le dio trámite. Está en investigación y se verá lo que se tenga que ver. No se hizo con mala leche. Se le tenía que dar el trámite”, expresó la ministra.
“Fíjate que no, para nada. Me sorprendí cuando llegó la denuncia y eso de que lo hicimos en un día, no es cierto, que te voy a decir, los jueces acordamos en 24 porque así lo establece la ley y así lo hacemos, pero no fue tan rápido, y se le tenía que dar trámite”, respondió Piña Hernández, cuando la periodista le preguntó si dio trámite a la denuncia contra Zaldívar Lelo de Larrea, con “mala leche”.
La ministra dijo que se trató de un proceso que se encontraba dentro de sus atribuciones, ya que incluso con ella también se habían abierto ese tipo de trámites. Micha Zaga le contó a Piña Hernández que en su momento entrevistó a dos jueces que reconocieron haber sido presionados “por la gente de Zaldívar”.
La presidenta de la SCJN señaló que se investigaba si se trataba de un ‘modus operandi’ del predecesor y de su equipo de trabajo. “Como en toda familia feliz, sí había rumores pero tampoco uno puede estar dándole credibilidad a lo que oye. Se está investigando”, agregó.
“Es un día histórico para nuestro país. Por primera vez una mujer ocupa la presidencia de la SCJN y el CJF. Felicito a mi querida amiga la Ministra Norma Piña por haber roto uno de los más altos techos de cristal. Le deseo el mayor de los éxitos en su gestión al frente del PJF”, escribió, el 2 de enero de 2023, Zaldívar Lelo de Larrea, en su cuenta de la red social X, en la que adjuntó una fotografía sonriendo y abrazando a su sucesora.
Según lo relató N+Focus -unidad de investigación de Noticieros Televisa-, el 7 de mayo de 2023, el Consejo de la Judicatura Federal recibió el 9 de abril del presente año, una denuncia contra Zaldívar Lelo de Larrea y otros funcionarios judiciales, acusándolos de presionar a jueces y magistrados, para cambiar el sentido de sus resoluciones en los casos que llevaban.
El magistrado Alberto Roldán Olvera -actual magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México- relató a dicho medio cómo, al igual que varios de sus homólogos, fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Antonio Alpízar Salazar, entonces secretario General de la Presidencia del CJF,, y el magistrado Constancio Carrasco Daza -entonces titular de la Unidad para la Consolidación del Nuevo Sistema de Justicia Penal del Consejo de la Judicatura Federal- para emitir una resolución en un amparo que, según aseguraron ambos, era una prioridad institucional para el ministro Zaldívar Lelo de Larrea.
En la actualidad, Alpízar Salazar es el titular de la Unidad de Desarrollo Democrático, de la Secretaría de Gobernación (SEGOB). El 11 de marzo de 2013, el Congreso del Estado de México lo nombró magistrado del Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Mientras que Carrasco Daza se desempeñó como magistrado de la Sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), desde 2006 y como presidente de esa misma institución, entre el 13 de abril de 2015 y 4 de agosto de 2016.
Según lo informó el diario Reforma, el 8 de mayo de 2024, el Consejo de la Judicatura Federal giró los primeros citatorios a impartidores de justicia para que declararan respecto a las presuntas amenazas que habrían recibido de parte de operadores de Zaldívar Lelo de Larrea.
El CJF también requirió copias de algunos expedientes de amparo a órganos jurisdiccionales, cuyos titulares presumiblemente fueron coaccionados para que dictaran fallos conforme se los indicaban desde la Presidencia del CJF.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas (UGIRA) del CJF envió los primeros citatorios por correos electrónicos oficiales a jueces de distrito y magistrados de circuito, para que comparecieran en el expediente J/108/2024, según confirmaron funcionarios del Poder Judicial de la Federación (PJF) al citado rotativo.
“Reforma confirmó que los primeros jueces ya comparecieron el pasado lunes en las oficinas de la Judicatura Federal, en Insurgentes Sur, y para ello se les facilitó con anticipación los permisos para ausentarse de sus centros de trabajo”, indicó el diario.
El CJF y la SCJN informaron, el 17 de abril de 2024, que el al órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del Poder Judicial de la Federación (PJF), sí contaba con facultades para investigar denuncias anónimas, aun si estas no iban acompañadas de pruebas, debido a que existía una reforma publicada desde 2020, cuando el ahora ex ministro Zaldívar Lelo de Larrea era su presidente.
Asimismo, a través de un comunicado, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal aclararon que el CJF únicamente no tenía facultades para investigar a un ex ministro de la SCJN, por lo que la denuncia anónima que mencionaba a Zaldívar Lelo de Larrea fue turnada al máximo tribunal constitucional, para que resolviera sobre la misma.
La SCJN y el CJF indicaron que conforme a la normativa que regía la actuación del Consejo de la Judicatura Federal era competencia de la Presidencia, en este caso de la ministra Norma Lucía Piña Hernández, pronunciarse respecto a la admisibilidad de las quejas relacionadas con responsabilidades administrativas de servidores públicos.
“De conformidad con el artículo 132 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de responsabilidades administrativas, situación patrimonial, control y rendición de cuentas, toda queja por responsabilidad administrativa -incluyendo las anónimas- por regla general, debe acompañarse de elementos probatorios para determinar, tanto la existencia de la falta administrativa, como la presunta responsabilidad de los servidores públicos involucrados”, señalaron el CJF y la SCJN.
“Sin embargo, a partir de la reforma a dicho artículo publicada en 2020, se prevé que si en las denuncias se señalan las circunstancias de tiempo, modo y lugar que permiten advertir indicios de conductas probablemente constitutivas de responsabilidad administrativa, se podrá ordenar la práctica de investigaciones; esto es, aun si a la queja o denuncia no se acompañan pruebas, pero del contenido se advierten indicios circunstanciales de modo, tiempo y lugar, procede ordenar la investigación correspondiente”, explicaron la SCJN y el CJF.
“Bajo este último supuesto, desde el 2018, se han iniciado investigaciones a partir de 362 denuncias anónimas. Esta regulación del CJF responde a lo dispuesto en los artículos 91, segundo párrafo, y 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas que, para la admisión de la denuncia anónima, no exigen que se acompañen pruebas”, detallaron el Consejo de la Judicatura Federal y la SCJN.
“La investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o, en su caso, de auditores externos. Las denuncias podrán ser anónimas. En su caso, las autoridades investigadoras mantendrán con carácter de confidencial la identidad de las personas que denuncien las presuntas infracciones”, señala el segundo párrafo del artículo 91, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“La denuncia deberá contener los datos o indicios que permitan advertir la presunta responsabilidad administrativa por la comisión de Faltas administrativas, y podrán ser presentadas de manera electrónica a través de los mecanismos que para tal efecto establezcan las Autoridades investigadoras, lo anterior sin menoscabo de la plataforma digital que determine, para tal efecto, el Sistema Nacional Anticorrupción”, dice el artículo 93, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
“A partir del marco normativo referido, el 9 de abril de 2024 la Presidenta de la SCJN y del CJF dio trámite a un escrito anónimo mediante el cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos, un ex Ministro, por la supuesta comisión de conductas que pudieran constituir faltas administrativas. En dicho acuerdo, se consideró que el CJF no tiene competencia para investigar y, en su caso, sancionar los hechos imputados a un ex Ministro”, enfatizaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
“En consecuencia, la Unidad de Responsabilidades Administrativas del CJF notificó por oficio al Máximo Tribunal. Por razón secretarial, el 10 de abril, la Secretaría General de Acuerdos de la SCJN incorporó la denuncia en cuestión a otras que se han presentado en casos distintos. El Pleno del Máximo Tribunal resolverá lo conducente”, agregaron el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Se informa que, por acuerdo de la Presidenta del CJF, se ha iniciado una investigación de oficio ante la filtración de un archivo que contenía la propuesta de Acuerdo firmado de manera electrónica por el Titular de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas del CJF, esto, en términos de la normatividad correspondiente”, finalizaron la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal.
Piña Hernández, ministra presidenta de la SCJN y del CJF, ordenó, desde el 9 de abril de 2024, al órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y de la carrera judicial del PJF, investigar a los principales colaboradores de su antecesor, Zaldívar Lelo de Larrea, por una denuncia que los acusaba de conformar un “sistema corrupto” -que incluyeron extorsiones y amenazas-, para presionar e influir en las decisiones de jueces y magistrados.
Sin embargo, debido a que el Consejo de la Judicatura Federal no tiene facultades sobre la la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Piña Hernández también instruyó remitir el caso particular del ex ministro, a la SCJN, para darle trámite a la denuncia.
Zaldívar Lelo de Larrea fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación -nominado por el entonces mandatario nacional, Felipe de Jesús Calderón Hinojosa y ratificado por el Senado, del 1 de diciembre de 2009 al 15 de noviembre de 2023, cuando renunció al cargo- y fungió como presidente de la SCJN y del CJF, del 2 de enero de 2019 al 31 de diciembre de 2022.
Según un oficio emitido el 9 de abril del presente año, para aperturar la investigación J/108/2024, el CJF abrió dicho expediente con base en una denuncia anónima, que acusó a Zaldívar Lelo de Larrea, como el principal responsable de presionar a impartidores de justicia y de vulnerar la independencia judicial, entre 2019 y 2022.
