La fracción del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en la Cámara de Diputados, retiró este jueves la minuta de la Ley de Biodiversidad que había sido aprobado por el Senado de la República, esto después de las críticas de organizaciones ambientalistas.
Durante la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de este jueves, el coordinador de la bancada del PVEM, Jesús Sesma Suárez, anunció la decisión de que su partido retiraría el dictamen aprobado con irregularidades en la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales, para que este no fuera discutido en el Pleno de la Cámara Baja.
El pasado 9 de abril, el presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, Arturo Álvarez Angli -del PVEM-, aprobó el dictamen que apenas tenía 15 votos a favor, cuando eran requeridos al menos 16, debido a que dicha Comisión tiene 30 miembros.
Aun así, el PVEM trató de someter a votación del Pleno el dictamen, pero este jueves dio marcha atrás en su intención de votarlo, luego de la constante presión para realizar consultas públicas sobre el tema.
El 25 de octubre del 2016, Ninfa Salinas Sada, senadora de la República de la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, presentó la Iniciativa que expide la Ley General de Biodiversidad y reforma diversas disposiciones de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, además de que se abroga la Ley General de Vida Silvestre.
Según Salinas Sada, el principal objetivo de la Iniciativa de la Ley -que fue aprobada en diciembre del año pasado en el Senado-, era proveer a México de un instrumento legal que abarque la biodiversidad en sus tres niveles: genes, especies y hábitats, y que esto respondía a inquietudes de ambientalistas y académicos.
Sin embargo, la iniciativa de Ley dejó a un lado la prohibición expresa a explotaciones mineras y de hidrocarburos en las áreas naturales protegidas, causó el rechazo de más de 70 organizaciones, entre las que desatacan el Colegio de Biólogos; Greenpeace; la Asociación de Hábitats para la Interacción y Protección de Mamíferos Marinos; así como la Fundación Semillas de Vida, entre otros.
Según los críticos, la Ley General de Biodiversidad quitaba la protección a diferentes especies; no respetaba el derecho de los pueblos originarios sobre los recursos; abría la puerta al fracking en áreas naturales protegidas, así como el paso a través de las mismas de líneas de transmisión eléctrica, gasoductos o la construcción de obras como presas o puertos.
La Coalición Ciudadana ante la Ley General de Biodiversidad, acusó que en la iniciativa presentada por Ninfa Salinas, había un conflicto de interés, ya que la familia de la senadora del PVEM está vinculada a actividades de minería y metalurgia a cielo abierto, como la mina “Los Cardones”, que se encuentra en un Área Natural Protegida en Baja California Sur.
Tras los reclamos y críticas en contra de la Ley, las comisiones de Cambio Climático y Asuntos Indígenas, que analizaron el proyecto de decreto, emitieron una opinión negativa, porque según los legisladores integrantes, su aprobación no sólo dañaría las áreas naturales protegidas, sino también a las comunidades indígenas.
Por su parte, la Red Nacional Indígena también rechazó el dictamen, mismo que calificó de inconstitucional, porque avalaría el saqueo de la riqueza natural del país por parte de empresas trasnacionales, además de que no fue consultada con los pueblos originarios.
