La senadora Angélica de la Peña Gómez, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), informó este martes desde la tribuna de la Cámara Alta del Congreso de la Unión, que la Comisión de Derechos Humanos, que ella preside, cito a comparecer a José Lindolfo Reyes Gutiérrez, alcalde de Choix, Sinaloa, para que explique por qué su Gobierno no ha reparado el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en su municipio.
Al presentar el proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Atención de las Víctimas de Desplazamiento Forzado Interno, la senadora señaló que la comparecencia de Reyes Gutiérrez es para de que explique los motivos de su negativa a aceptar la Recomendación 39/2017 “Sobre el caso de 2,038 personas víctimas de desplazamiento forzado interno en el estado de Sinaloa”, que emitió la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el 10 de octubre del año pasado.
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En dicha recomendación, la CNDH urgió al Gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los presidentes Municipales de dos Ayuntamientos sinaloenses, María Beatriz León Rubio y José Lindolfo Reyes Gutiérrez, respectivamente, a reparar el daño causado contra las víctimas de desplazamiento en los municipios de Leyva y Choix.
Al menos 2 mil 038 personas fueron víctimas de desplazamiento forzado a causa de la violencia en la sierra de Sinaloa, señaló el reporte de la CNDH, en el que también se indicó que los gobiernos estatal y municipales no protegieron a los ciudadanos, por lo que vulneraron sus derechos humanos a la seguridad y acceso a la justicia.
“Diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente, entre otros”, afirmó la CNDH en su recomendación.
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Para la Comisión Nacional, quedó acreditado que agentes del Ministerio Público de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa, encargados de la integración de tres averiguaciones previas, “fueron negligentes en su investigación, violando el derecho a la adecuada procuración de justicia”.
De igual forma, se observó que el desplazamiento forzado generó violación del derecho a la propiedad de esas personas, que huyeron de sus lugares de origen y resultaron víctimas de saqueos, destrucción y despojo de sus bienes.
Antes, el 21 de mayo de 2014, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa remitió a la CNDH, por razones de competencia, la queja de una mujer representante de más de 600 familias -conformadas por unas mil 475 personas-, que fueron desplazadas en 2012 de 40 comunidades del municipio de Sinaloa de Leyva.
Asimismo, el 9 de abril de 2015 la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para una segunda defensora de 563 personas, en Choix. Ambas sufrían persecución, amenazas y hostigamiento por sus labores de defensa.
Tras su investigación, la CNDH acreditó que diferentes autoridades municipales y estatales tenían conocimiento sobre la situación del desplazamiento forzado a causa de la violencia del crimen organizado que impera en los lugares en que estaban las personas desplazadas en ambos casos.
Sin embargo, las autoridades estatales o municipales no realizaron acción alguna para brindarles seguridad y protección ante tales hechos y, en su caso, la atención y asistencia adecuadas a fin de garantizar sus derechos fundamentales.
LA REPARACIÓN DEL DAÑO QUE LA CNDH SOLICITÓ A LOS GOBIERNOS SINALOENSES
La CNDH solicitó al Gobernador de Sinaloa y a las autoridades municipales de Choix y Sinaloa de Leyva, “diseñar e implementar un programa de reparación integral colectiva que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida y puedan reestablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica”.
Asimismo, ordenó realizar un censo para confirmar cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, además de que los sistemas DIF estatal y municipales deberán implementar un programa de atención para que las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, tengan acceso a las ayudas establecidas en la Ley General de Víctimas, entre ellas, diseñar un programa de acceso a la vivienda.
A los gobiernos estatales y municipales la CNDH también les recomendó se reconozca mediante un comunicado de prensa a las dos mujeres como defensoras de derechos humanos y desarrollar una campaña sobre la importancia de la actividad de las personas defensoras en general.
Por otra parte, al Fiscal General del estado de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, se le pidió investigar los delitos denunciados por las personas víctimas de desplazamiento forzado interno, así como determinar conforme a derecho las averiguaciones previas del caso.
En respuesta a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para garantizar la seguridad de los desplazados a las autoridades estatales, el 14 de octubre del 2017, el subsecretario de Asuntos Jurídicos del Gobierno Estatal, Jesús Ramón Soto González, informó que esta “fue aceptada y que ya trabajan en cumplir los puntos que señala”.
Unos días después, el 18 de octubre del 2017, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatora Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jimenez-Damary, aplaudieron la recomendación de la CNDH mexicana.
“La CIDH y la Relatora Especial destacan que este es el primer pronunciamiento de una autoridad mexicana en el que se reconoce el derecho humano a no ser víctima de desplazamiento interno forzado como consecuencia de la violencia”, indicaron los órganos jurídicos multilaterales en un comunicado de prensa conjunto.
