En 34 casos de personas procesadas por la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, hay evidencia sólida que revela tortura por parte de elementos de la Procuraduría General de la República (PGR), la Policía Federal (PF) o la Secretaría de Marina (Semar), según concluyó un informe de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Según el documento las 34 personas -33 hombres y una mujer- fueron torturados con el objetivo de que se auto inculparan y señalaran a otros posibles responsables, además de que fueron víctimas de otras violaciones a sus garantías fundamentales, durante y después de ser detenidas, por parte de agentes del Gobierno Federal, entre ellos, el entonces director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón De Lucio.
El informe titulado “Doble Injusticia. Informe sobre violaciones de derechos humanos en la investigación del caso Ayotzinapa”, que documenta las torturas sufridas por los detenidos entre septiembre de 2014 y enero de 2016, fue presentado este jueves, en Ginebra, Suiza, por parte del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein; y en la Ciudad de México, por el representante en el país de dicha Oficina, Jan Jarab.
La ONU-DH documentó que en los 34 casos se dio “un patrón consistente de violaciones a derechos humanos y un modus operandi prácticamente uniforme” que incluyó, entre otras, detención arbitraria de personas sospechosas por autoridades federales, demoras significativas en la presentación formal de los detenidos ante agentes del ministerio público de la PGR.
Además de actos de tortura, que se dieron fundamentalmente en las primeras 48 horas después de la aprehensión, con la intención de extraer información o una confesión. En los 34 casos analizados, las personas detenidas presentaron numerosas lesiones físicas, certificadas por exámenes médicos que son compatibles con lesiones resultado de que fueron torturadas.
Los detenidos fueron transferidos a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR, y ahí siguieron los actos de tortura con el objetivo de obtener una declaración posterior ante el agente del ministerio público. “Algunas de las declaraciones auto-inculpatorias habrían sido utilizadas como base para los actos presentados contra las personas detenidas y para las acusaciones contra otras personas”, señaló la ONU-DH.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos “encontró que todos los casos de violaciones de derechos humanos documentados ocurrieron después del 5 de octubre de 2014, esto es, luego que la PGR atrajera la investigación de la Fiscalía General del Estado de Guerrero”.
El informe indica que las violaciones a los derechos humanos cometidas en esta etapa de la investigación por el caso Ayotzinapa no han sido atendidas de forma diligente por parte de la PGR. Además, la ONU-DH señaló que hasta el momento no ha recibido ninguna información sobre alegaciones de tortura durante la posterior detención de las personas acusadas en prisiones federales.
La ONU-DH señaló, también, que durante la primera etapa de la investigación, algunos casos de violaciones de derechos humanos continuaron ocurriendo incluso después de que quejas fundadas hubieran sido presentadas por las personas detenidas, y en al menos un caso, se cometieron luego de que la Oficina y mecanismos de derechos humanos de la ONU transmitieran a las autoridades información sobre dichas alegaciones.
Algunas de las formas de tortura identificadas por la ONU-DH fueron con golpes, patadas, toques eléctricos, vendaje de ojos, intentos de asfixia, agresiones sexuales y presión psicológica. Las autoridades federales, para explicar las lesiones de los imputados, señalaron “autogolpes”, “lesiones anteriores a la detención”, “estados de ebriedad” o “caídas”, indicó el organismo internacional.
EJEMPLO DE LA TORTURA COMETIDA POR LAS AUTORIDADES FEDERALES
Uno de los casos de la tortura que ejemplificó la ONU-DH, es el de de Agustín García Reyes, quien fue detenido arbitrariamente y torturado antes de la diligencia que elementos de la AIC de la PGR, encabezados por Zerón De Lucio, realizaron el 28 de octubre del 2014 en el río San Juan, donde supuestamente se habrían encontrado las bolsas con las cenizas de los 43 normalistas.
Dicha diligencia es una de las principales bases para que las autoridades federales hallan dado a conocer la llamada “verdad histórica”, el 27 de enero del 2015, en la que se argumentó que los 43 normalistas de Ayotzinapa habrían sido asesinados y calcinados en en basurero de Cocula, Guerrero, y sus cenizas tiradas en bolsas de plástico a dicho río.
La ONU-DH aseguró tener fuertes elementos de convicción para considerar que García Reyes fue detenido arbitrariamente y torturado antes de dicha diligencia. También acreditó que fue llevado al río San Juan sin el registro adecuado, donde fue interrogado sin la presencia de su abogado, por el entonces director de la AIC, Zerón De Lucio, a pesar de que ese funcionario no tenía mandato legal para hacerlo.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos criticó la ausencia de documentación en el expediente que sostenga legalmente las diligencias practicadas aquel día, el inadecuado registro y manejo de la cadena de custodia de la evidencia supuestamente encontrada en el río San Juan.
Además, condenó la “falsa” declaración del entonces director de la AIC de la PGR, en la que afirmó que integrantes del equipo de la ONU-DH y del Equipo Argentino de Antropología Forense estuvieron presentes en la diligencia en el río San Juan.
En otro caso ejemplificado en el informe de la ONU-DH, se señaló que existen acusaciones de que un implicado, Emmanuel Alejandro Blas Patiño -quien presuntamente habría sido detenido, junto con Eury Flores López y Francisco Javier Lozano Cuevas, el 27 de octubre de 2014 en Cuernavaca, Morelos-, y cuyo fallecimiento fue atribuido a una caída de azotea desde una altura de 10 metros, murió en realidad a raíz de la tortura que le infligieron elementos de la Marina.
Los elementos de la Semar reportaron la detención de Flores López y Lozano Cuevas a las 5:00 horas. Sin embargo, la ONU-DH obtuvo información de los procesados, de testigos y de los expedientes que indica que el arresto se dio en realidad a las 22:00 horas del 26 de octubre, un día antes de lo dicho por los marinos, y que los tres detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público a las 11:30 horas del día siguiente.
En la carpeta de investigación SC01/7325/2014, un cabo narró que Blas Patiño cayó de la azotea, sin embargo, según los exámenes médicos de la PGR, en el momento en que fueron puestos a disposición del MP, Flores López tenía 30 lesiones y Lozano Cuevas 17, aunque los marinos dijeron que su captura “fue pacífica”. Sin embargo, el primero declaró el 31 de octubre de 2015, que los tres fueron detenidos dentro de un inmueble, donde también torturaron a Blas Patiño.
“Hasta que escuché ‘ya valió madre, ya valió madre, éste no aguantó, se me ahogó’, y se escuchó que llegaron los demás y le dijeron que qué había hecho y él les dijo que se había ahogado, que no había aguantado”, contó al MP, que determinó que la causa de la muerte fue “hemorragia cerebral aguda, laceración encefálica y sección medular y fractura vertebral consecutivo a traumatismo severo.
LAS RECOMENDACIONES DE LA ONU-DH AL GOBIERNO FEDERAL MEXICANO
La ONU-DH explicó que su informe “busca contribuir a la búsqueda de la verdad y la justicia en el caso y, más ampliamente, a la agenda nacional de lucha contra la impunidad, las desapariciones y la tortura en México”, además, de que “un objetivo primordial” de su documento presentado este jueves, es “respaldar los actuales procesos transformativos de la procuración de justicia” en el país.
Los hallazgos del informe “muestran la necesidad de una acción renovada por parte de las autoridades, particularmente de las encargadas de la procuración de justicia, para evitar una práctica institucional de comisión de actos de tortura, así como de su tolerancia y encubrimiento”, indicó la ONU-DH.
“En la medida en que los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos cometidas no son investigadas y sancionadas, y no se excluyen las pruebas obtenidas bajo tortura, se afectan no sólo los derechos de las personas procesadas, sino también en derecho a la verdad y la justicia de las víctimas de los hechos ocurridos la noche del 26 y 27 de septiembre de 2014”, dijo el organismo internacional.
Con base en lo anterior, la Oficina del Alto Comisionado lanzó una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes autoridades de los tres poderes de la Unión y de los tres órdenes de Gobierno en México.
A la PGR la exhortó a realizar, “en un plazo razonable”, las indagatorias correspondientes e identificar a los responsables de las detenciones arbitrarias, los actos de tortura y otras violaciones de derechos humanos descritas, así como incorporar la metodología de análisis de contexto en la investigación por atas violaciones para lograr la correcta identificación de patrones y responsabilidades de los superiores jerárquicos; entre otras.
Al titular del Ejecutivo federal, Enrique Peña Nieto, la ONU-DH lo exhortó a implementar la recomendación del Alto Comisionado, Zeid Ra’ad Al Hussein, sobre la creación de un Consejo Asesor de Lucha contra la Impunidad, mismo que “debería proponer estrategias y reformas que impulsen las capacidades de investigación y sanción, y abonar a las iniciativas en torno a la reforma de la procuración de justicia”.
Al Poder Legislativo la ONU-DH le instó a adoptar tanto una reforma institucional, como una ley, orgánica “que garantice de manera efectiva la independencia, autonomía y profesionalismo de la Fiscalía General de la República, que incluya órganos de control interno u procesos de rendición de cuentas”.
