Se calcula que en México asesinan a siete mujeres por día, mientras que el nivel de impunidad alcanza 92 por ciento. Activistas y grupos en pro de la mujer acusan falta de voluntad política y señalan directamente al gobierno de Francisco Vega de considerar estos delitos un tema “tabú”; exigen se emita una alerta de género
Como nunca en la historia moderna del país, en 2017 más mujeres fueron asesinadas. De acuerdo al estudio “Violencia contra la Mujer en México”, realizado por la Universidad de San Diego, California, Baja California, Sinaloa y Veracruz dominan la estadística nacional.
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El mapa de víctimas establece que, de junio a diciembre de 2017, 118 mujeres fueron asesinadas en los cinco municipios de Baja California. En Tijuana, Ensenada y Mexicali, en un 34 por ciento de los casos se desconocen los motivos de la muerte; 9.62% están relacionados con el narcotráfico y un porcentaje similar falleció tras ser víctimas de un “levantón”: 7.69 se consideran muertes por un hecho doméstico y 13.46%, ejecuciones.
Francisco Vega.
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En menor proporción están los casos que se cometieron por motivo de robo, los sexuales, el secuestro y los cuerpos de féminas localizados en fosa común. Los ataques más comunes fueron a mujeres de entre 20 y 40 años de edad.
En 2016, la tasa de homicidios femeninos en México alcanzó 4.5 por cada 100 mil, casi el doble que en 2012; si bien en un contexto global la violencia contra las mujeres no alcanza los niveles más extremos, representa un problema insoluble desde una perspectiva social y política.
De acuerdo con la procuradora Perla del Socorro Ibarra de Leyva, todos los asesinatos de mujeres inician como feminicidios y, conforme avanza el proceso, se descartan hipótesis y reclasifican el delito.
Sobre las sentencias por este delito, tipificado en el Código Penal de Baja California, se calculan condenas de entre 25 y 50 años de prisión; la procuradora aclaró que no hay diferencia entre los años que purgará una persona acusada de cometer feminicidio u homicidio.
CRIMEN ORGANIZADO VS. FEMINICIDIOS
La doctora Michael Lettieri, de la Universidad de San Diego, quien lideró la investigación, resumió que en la última década la asombrosa ola de violencia de la guerra contra las drogas en México ha hecho que los feminicidios “sean casi invisibles”.
“La impunidad sistémica que rodea a los feminicidios erosiona la confianza, tanto entre los ciudadanos como en el gobierno, y socava aún más la resiliencia social”.
Por su parte, la activista Natalia Reyes, de Sinaloa, hace referencia a que solo el 8% de estos son castigados alguna vez y no ha habido una voluntad política sustancial para abordar el problema.
La política principal, dice, es el Mecanismo de Alerta de Violencia de Género (AVGM) que permite a los ciudadanos solicitar una declaración de alerta de género para los municipios donde la violencia está aumentando, lo que obliga a los funcionarios locales a tomar medidas para poner fin a la violencia y aumentar la conciencia sobre el asesinato de mujeres.
Desde 2015, el Instituto Transfronterizo de la Escuela Kroc en la Universidad de San Diego ha documentado más de mil 200 feminicidios potenciales en Baja California, Sinaloa y Veracruz. Esto representa fenómenos distintos relacionados con el tráfico de drogas y el crimen organizado, tráfico de personas, migración y política.
“Mediante la recopilación de datos a nivel de caso, este proyecto puede proporcionar información vital sobre las tendencias de la violencia, lo que ayuda a desentrañar los feminicidios de la guerra de las drogas más grande”, citó.
En Baja California, casi el 80% de los casos durante ese período ocurrieron en Tijuana, y solo dos podrían clasificarse como violencia doméstica.
INVESTIGAN POCO ATAQUES A MUJERES
La procuradora de justicia de Baja California descartó activar la alerta de género en el Estado, debido a estudios hechos donde a la procuraduría que titula le tocaron cuatro señalamientos por parte de instituciones federales respecto a establecer procesos de actuación, entre estos, que en toda muerte de una mujer se aplique el protocolo de feminicidios, y así se ha de hacer.
“No quiere decir que no se tenga el trato, hasta el que el MP reúne los datos, porque el Código Penal tiene establecidas hipótesis, la penalidad de homicidios calificados y con algún parentesco tiene la misma, pero hasta que no reúnen las hipótesis, lo judicializan”.
Ibarra agregó que el tema de los homicidios en general incrementó considerablemente en la entidad, y el trabajo de investigación que han realizado con el Grupo Coordinación, en conjunto con Secretaría de la Defensa Nacional, deriva en que “muchos” están relacionados con narcotráfico.
Añadió que tienen sin identificar unos 300 cadáveres, entre hombres y mujeres, por lo que están tomando medidas como subir la información genética al registro nacional.
BC, ENTRE LOS CUATRO ESTADOS MÁS VIOLENTOS PARA LA MUJER
La titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Melba Adriana Olvera Rodríguez, indicó que conforme a la estadística, Baja California ocupa el cuarto lugar en materia de violencia de género, compartiendo el sitio con Chihuahua. Otra entidad federativa que preocupa es Guanajuato, al igual que Veracruz.
Procuradora sin alerta de género.
La ombudsman aclaró que independiente de las cifras alarmantes, una sola muerte violenta por motivo de género, odio o rechazo, es de preocupar.
“Una sola muerte debe activar a la sociedad e instituciones de gobierno”, insistió.
El problema engloba no solo los golpes u homicidios, sino la violencia de género, psicológica, patrimonial, política, entre otras que vulneran los derechos.
Olvera se manifestó a favor de activar la alerta de género y justificó que esta se zonifica por municipios y no por todo un Estado, ya que depende de la gravedad del problema en cada lugar.
Sin embargo, y mientras la autoridad lo pone en acción, habló de un “observatorio” que contará con el apoyo de académicos, organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles y de carácter estatal, las cuales son un elemento de supervisión de los derechos de las mujeres como es a la vida, la vida libre de violencia, igualdad y educación.
Feminicidios impunes.
“Hay un desprecio hacia lo femenino, por lo que se tiene que poner una especial atención y establecer una política pública para erradicarla”, subrayó.
A la par, dijo, en la CEDH de Baja California elaboraron una carta o un pacto con los tres poderes de gobierno, a fin de que se respeten los derechos de las mujeres y las niñas, donde los ayuntamientos de Tijuana, Mexicali y Tecate ya hicieron compromisos, a excepción de Playas de Rosarito y Ensenada.
Durante 2017, en la Comisión se interpusieron 688 quejas de mujeres que consideraron que sus derechos fueron vulnerados, ya sea por actos de violencia o discriminación.
SÍ A ALERTA DE GÉNERO: ACTIVISTAS
Otras cifras de activistas en Baja California, indican que en 2017 se contabilizaron 115 desapariciones forzadas en contra de mujeres.
En el caso de Ensenada, hubo 26 asesinatos violentos contra mujeres, de estos, 22 feminicidios, y un número no determinado de desapariciones forzadas contra mujeres en Ensenada.
“Estos lamentables datos nos obligan como sociedad a buscar herramientas existentes para combatir con recursos económicos efectivos y direccionales como la declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra la Mujer, mismo mecanismo único que implica, además del recurso financiero, la metodología y protocolos para atacar los crímenes contra mujeres por razones de género”, mencionó a ZETA un grupo de mujeres activistas.
Desapariciones de féminas, asesinatos por razones de género, feminicidios, acoso callejero, violaciones, violencia de género sistémica y generalizada, han sido históricamente invisibles para las autoridades e instituciones, “a esos mismos a quienes les pagamos sus sueldos para que nos protejan”, refieren.
Es un hecho conocido, especialmente por los medios de comunicación, que los feminicidios son temas “tabú” para el gobierno estatal, no se mencionan, se omiten datos, cifras, hechos, investigaciones y conclusiones.
Acorde con las activistas, para las autoridades es más importante pseudo-proteger los ingresos generados por la inversión extranjera y el turismo, que a la población femenina.
“Nos sumamos para protestar contra la violencia generalizada; contra la violencia de género, y como meta proponemos solicitar a las autoridades correspondientes, mismas que nos representan, la generación de la Alerta de Violencia de Género contra la Mujer”, complementaron las activistas, quienes no se identificaron con nombre, sino con la representación de sus grupos, todos colectivos: Pro Defensa de la Mujer; Marcha de las Putas Ensenada; Red para el Empoderamiento Político y Social de las Mujeres de Baja California; Colectivo Diversa-CODIVER; #24AEnsenada; CNB y Mujeres Tierra, AC.
DELITOS DE GÉNERO, IMPARABLES
Siete mujeres de forma violenta cada día y el 92% de las causas quedan impunes, señalan otros datos de la Universidad de San Diego.
En 2007 se aprobó la Ley General sobre el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una pieza histórica de la legislación relativa a los derechos humanos de las mujeres.
Desde entonces, la situación de las mujeres en México ha empeorado y se han presentado considerables dificultades para implementar los principios de la Ley.
Existen niveles crecientes de violencia sexual, desapariciones forzadas, violencia familiar, acoso callejero y feminicidios, y una falta total de protección para las víctimas como resultado del nuevo sistema acusatorio de justicia oral procesal.
Las alertas obligan a los estados a tomar medidas urgentes para erradicar los feminicidios. El AVGM está diseñado para lograr dos cosas: primero, aumentar la visibilidad de la violencia contra las mujeres y las niñas; y segundo, crear voluntad política para implementar medidas para reducir el feminicidio.
Un ejemplo de la activación de alerta, es el de Sinaloa. Desde marzo de 2017, cuando se activó, hubo algunos avances en la revisión de la legislación para incorporar una perspectiva de género y los funcionarios están en proceso de aumentar el presupuesto del Instituto Estatal de las Mujeres.
Las autoridades también han continuado los programas en curso, diseñados para proporcionar capacitación a las autoridades, educar al público y reducir el acoso, incluyendo medidas penales y judiciales para mejorar la investigación de los feminicidios, brindar suficiente atención a las víctimas, garantizar el procesamiento rápido de los perpetradores y la implementación de castigos ejemplares.
Tijuana: 27 asesinatos, la mayoría por narcomenudeo
El 3 de abril de 2017, Jazmín Millán Elenes, conocida traficante de drogas que había sido encarcelada cuatro veces por cargos desde posesión de arma hasta soborno, fue asesinada a balazos en el área de La Mesa en Tijuana.
Apodada “La Piñata” porque estaba a cargo de distribuir “dulces” en el área de Sánchez Taboada, Millán fue acribillada en presencia de dos menores de edad, uno de ellos su hijo.
Otro caso, el de Alejandra Mancilla, traficante de drogas denunciada en la misma zona en junio de 2017, evidencia hasta qué punto la violencia en los barrios del sudoeste de Tijuana es impulsada por el crimen organizado.
Durante 2018, veintisiete mujeres han sido acribilladas en Tijuana en lo que va del año, la mayoría por narcomenudeo. No ha habido homicidas detenidos por los hechos, aunque, de acuerdo a la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales de la PGJE, en muchos de los casos se cuenta con información de los presuntos responsables, por lo que las carpetas de investigación se encuentran abiertas.
El coordinador de la SIE en Tijuana, Miguel Ángel Guerrero Castro, señaló que en 2017 fueron asesinadas 150 mujeres, 15 de ellas en los primeros dos meses del año, lo que en 2018 representa un incremento del 73.33 por ciento.
Agregó que de la totalidad de los asesinatos registrados, solo el de Karla Garrufe Martínez, conductora de Uber, ultimada por un hecho de tránsito el 24 de enero, ha sido circunstancial; el resto de las víctimas eran adictas o vendedoras de droga, muchas de ellas tatuadas.
“Por lo regular las levantan, les sacan la información y después aparecen muertas. Las familias se rehúsan a dar más detalles de las víctimas, solo que eran adictas o vendían droga; pero no para quiénes trabajaban o a qué cártel pertenecían”, detalló Guerrero, para después subrayar que el nivel de participación de la mujer en hechos delictivos va en incremento.
“Primero fue acompañar a la pareja, que normalmente era vendedora de droga, inclusive en algunos hechos los delincuentes ponían de escudo a mujeres y niños, aparentaban ser una familia; se registraron casos de menores que perdieron la vida y mujeres lesionadas, mientras el hombre era ejecutado. Después vino la participación directa en la venta de droga. Su función escaló al ser partícipes en homicidio calificado en grado de coparticipación, ya que en algunos hechos se tiene conocimiento que las mujeres manejaban vehículos para sacar a los sicarios del lugar de ejecución. Y lo más reciente, de acuerdo a datos de inteligencia: hay mujeres líderes de bandas delictivas”, advirtió.
Sobre los presuntos responsables de las ejecuciones de mujeres, el coordinador de Investigaciones Especiales puntualizó que las pesquisas van avanzadas: “Se tienen datos de los presuntos responsables, pero hay que reunir los elementos suficientes para que haya un señalamiento directo y nos otorguen la orden de aprehensión”.
Ninguna de las 27 ejecuciones cometidas en el transcurso de 2018 ha sido tipificada como feminicidio.
