Con el respaldo de al menos 4 magistrados la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) echó abajo los lineamientos de “cancha pareja” del Instituto Nacional Electoral (INE), que fueron aprobados el pasado 20 de julio y que entrarían en vigor el próximo 8 de septiembre, fecha de inicio del proceso electoral del 2018.
Los magistrados Felipe Fuentes, Felipe de la Mata Pizaña, Mónica Aralí Soto Fregoso y José Luis Vargas Valdez se manifestaron a favor de revocar los lineamientos; mientras que los magistrados Reyes Rodríguez Mondragón e Indalfer Infante Gonzales se pronunciaron a favor de que siguieran los lineamientos.
En el proyecto de resolución, a cargo de la ponencia del magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera, se aseguró que el INE se excedió en sus atribuciones legales al ejercer la facultad de atracción para emitir los lineamientos.
Fuentes Barrera agregó que el INE afectó derechos fundamentales y no tiene la facultad legal para regular el Artículo 134 constitucional, el cual establece la obligación a los servidores públicos de hacer un uso imparcial de los recursos bajo su responsabilidad.
“El Consejo General [del INE] fue más allá de su facultad reglamentaria que le corresponde como órgano autónomo, al regular aspectos reservados a la órbita del legislador. Desdoblando principios sustantivos y adjetivos para delimitar el núcleo esencial de los derechos fundamentales de libertad de expresión y de información en el contexto de un ejercicio deliberativo y democrático al establecer normas prohibitivas o limitativas que gravitan en la esfera de determinados sujetos o personas”, se indicó en el proyecto de sentencia.
Los lineamientos del INE fueron impugnados al menos 334 veces, entre otros actores, por la Presidencia de la República, legisladores, alcaldes, medios de comunicación agremiados a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), así como estaciones de radio y TV Azteca.
También han sido impugnados por el candidato independiente Pedro Ferriz de Con, los coordinadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en ambas cámaras del Congreso de la Unión, César Camacho Quiroz y Emilio Gamboa Patrón, y por gobernadores como Eruviel Ávila Villegas, Manuel Velasco Coello o Miguel Ángel Yunes Márquez.
Los lineamientos del INE también fueron impugnados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), por el PRI, el Partido Encuentro Social (PES), el Partido Verde Ecologista Mexicano (PVEM), y el Movimiento Ciudadano (MC).
Los lineamientos buscaban restringir la promoción personalizada y la contratación de propaganda en cualquier medio de difusión por parte de servidores y personajes públicos, tanto partidistas como independientes.
También prohibían que servidores públicos con aspiraciones a ocupar un cargo de elección popular acudieran a eventos donde se entreguen dádivas o se presuman logros de Gobierno. Además, ordenaban que, en sus informes de labores o de Gobierno, los servidores públicos se abstuvieran de promocionar su voz e imagen.
Juan Pardinas Carpizo, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), había dicho que el presidente Enrique Peña Nieto debía comportarse a la altura de un Jefe de Estado y desistirse de la impugnación que tramitó la Consejería Jurídica contra los lineamientos emitidos por el INE para limitar la promoción personalizada en spots.
“La democracia mexicana ganaría si el Presidente toma una decisión de Estado, no a favor de sí mismo ni a favor de su partido, sino a favor de la democracia mexicana, y retirar esta impugnación”, sostuvo Pardinas la semana pasada.
“El que la Presidencia y los que impugnan estén diciendo que afecta al derecho a la información de las audiencias es totalmente erróneo porque el INE no está diciendo que se detenga la comunicación, sino que se detenga la propaganda personalizada de funcionarios públicos velada como publicidad oficial”, señaló, por su parte, Ana Cristina Ruelas Serna, directora de Artículo 19 para México y Centroamérica.
“Mi petición debe de ser separada por los magistrados de aquellos políticos como Peña Nieto y diversos gobernadores que buscan utilizar el dinero público para auto promocionarse. Yo estoy buscando que no se viole el derecho de expresión de los ciudadanos que sólo tenemos acceso a las redes sociales por medio de inversiones muy modestas para hacer llegar a un auditorio más amplio nuestras ideas”, expresó, por su parte, Ferriz de Con.
