En un acto ilegal, el gobierno de “Kiko” Vega designó a dos empresas, una propiedad de Carlo Bonfante Olache y la otra de Federico Díaz Gallego, presidente del Cce, como las únicas autorizadas para vender asfalto a empresas que desarrollen obra pública en Baja California. La medida pone en riesgo al sector de la construcción, a la libre competencia y demuestra cómo el gobernador panista ha hecho de la obra pública, un negocio para unos cuantos
El gobierno de Francisco Vega de Lamadrid ha ordenado a toda empresa que celebre un contrato de obra pública en Baja California, comprar el asfalto necesario en solo dos empresas: Industrias Zahori y Guaycan Químicos y Petrolíferos, ambas vinculadas al secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante Olache.
La primera fue dirigida por el miembro del gabinete del gobernador y continúa con su esposa como socia. No solo eso, el otro propietario de Industrias Zahori es José Federico Díaz Gallego, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (Cce) en Baja California y como tal, el interlocutor entre las cámaras empresariales y el sector gubernamental.
Que el Gobierno estatal obligue a los empresarios adquirir el asfalto para obras públicas en la empresa del líder empresarial y del funcionario estatal, significa un conflicto de intereses. Además, Díaz Gallego es familiar de Eva María Gallego Salas, esposa del titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) y por lo tanto, pariente político de éste.
Mientras que Guaycan Químicos y Petrolíferos, la segunda compañía, es propiedad de un empresario con negocios que también incluyen a la familia de Bonfante Olache.
En sí, que el gobierno designe a dos empresas como exclusivas para que sus contratistas adquieran uno de los principales materiales para la realización de construcciones, se trata de un acto que viola la propia Ley de Obras Públicas, Equipamientos y Suministros, que pone al borde de la quiebra a las 21 empresas productoras de asfaltos en Baja California y que ha unido a empresas constructoras para exigirle al gobierno que detenga este tipo de prácticas monopólicas.
La instrucción del gobierno se hizo además de manera oficial. Por medio de un documento fechado el 3 de julio. El titular de la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano del Estado (SIDUE), Manuel Guevara Morelos, informó a la industria constructora que estas dos empresas son “las únicas que serán aprobadas para brindar los servicios de proveeduría de productos asfálticos, utilizados en licitaciones de obras públicas de Baja California”. Esto a pesar de que, como titular de SIDUE, Manuel Guevara ni siquiera tiene competencia orgánica para impedir que otras empresas participen como proveedoras y mucho menos, para designar exclusivos. Al hacerlo, rompe la regla de la libre competencia que le impedirá al propio gobierno tener costos competitivos.
Gobierno se otorga atribuciones que no le corresponden
Para dar paso a tal arbitrariedad, Sidue dijo corroborar que las dos empresas elegidas, situadas en Mexicali, cumplen con las disposiciones dictadas por las Normas Técnicas de Proyecto y Construcción para Obras de Vialidades del estado de Baja California.
Estas normas, afirma el oficio en poder de ZETA, se publicaron en el Periódico Oficial del Estado, el 21 de octubre de 2016, y dictaminan que las plantas de los proveedores de asfalto deberán estar establecidas en México y con residencia en Baja California.
También deberán contar con equipo completo de laboratorio y personal certificado en el Estado, con reconocimiento de la Asociación Mexicana del Asfalto (Amaac-Imt) en el área de asfaltos.
Lo anterior, sin embargo, no justifica lo que hizo después el Gobierno del Estado. De acuerdo con el oficio firmado por Guevara, representantes de dependencias gubernamentales, en compañía de empresarios y personal de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), actuaron de inspectores durante un recorrido físico a las instalaciones de Industrias Zahori, Guaycan Químicos y Petrolíferos, así como de una tercera empresa, SEM Materials México, el martes 13 de junio.
La decisión de acudir a revisar las instalaciones, asegura el secretario de “Kiko” Vega, forma parte de “los acuerdos generados durante la reunión del 12 de mayo de 2017, en la delegación Baja California, de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), representada por el ingeniero Alfredo Gómez Ramírez.
La medida resulta absurda para expertos, puesto que el trabajo de certificación de calidad lo hacen laboratorios acreditados por el Gobierno Federal, así que esta corroboración física resulta innecesaria e interviene con atribuciones reservadas para otros organismos.
Además, las normas publicadas en el Periódico Oficial no hacen mención de que se requiera un recorrido físico en las instalaciones, solo necesitan la copia de los oficios de reconocimientos por parte de la asociación que certifica, la norma Amaac-Imt, el laboratorio y del personal.
Foto: Cortesía.- Federico Díaz Gallego, Zahori.
En específico, la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (AMICBC) puntualizó, respecto a la participación de la CMIC, que la Cámara “no es un órgano rector establecido para dictaminar cómo se participa o licita alguna obra”.
Empresarios rivales inspeccionan compañías
El hecho de que la tercera empresa inspeccionada, SEM Materials México, no fuera incluida en la lista de empresas aprobadas para vender asfalto a contratistas de gobierno, no significa que no haya pasado las mismas pruebas de calidad.
Guevara justificó en el oficio que SEM Materials México negó la entrada a la comitiva, “expresaron que por política interna, tienen como limitante la visita de competidores”. La decisión no resulta extraña.
Cualquier empresario sabe que abrir las puertas de sus procesos de calidad y de producción a personal de gobierno e incluso a empresarios rivales -como lo fueron los representantes del sector privado- es regalar información confidencial y otorgarles una ventaja en competitividad.
El ingeniero Víctor Escobar Sánchez, presidente estatal de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California declaró respecto a esta medida: “estamos en total desacuerdo y exigimos a nuestras autoridades que modifiquen y corrijan esta actitud y permitan la participación de todos, en un libre comercio”.
En una carta, la AMICBC reprueba que los representantes del sector privado acudieran a las visitas a los laboratorios de las empresas. “A la vez, son juez y parte, ya que ellos también participan en las licitaciones y proveedurías del asfalto para Baja California, violentando con esto la ley de la libre competencia y creando un monopolio para que solo estas dos empresas provean al Estado de las mezclas asfálticas que el mismo requiera”.
A la exigencia se sumó (Compañías de la Industria de la Construcción (Comice) en Tijuana, Tecate y Rosarito, fundada en 2016 y con 40 compañías asociadas, a la cual fue dirigido el oficio de SIDUE.
Según los cálculos de estas dos asociaciones, en Baja California trabajan alrededor de 21 plantas de asfalto. De las cuales, 10 se ubican en Tijuana, seis en Mexicali, dos en Ensenada y tres más sobre carreteras entre municipios.
“Dejarlos fuera de la competencia implica que estas empresas cerrarían y dejarían a todos sus trabajadores desempleados, en la zozobra y con un efecto negativo en la economía regional”, apuntó el ingeniero Escobar Sánchez.
Mungaray y Díaz Gallego, los avales
Según lo establecido en el documento, el hijo del ex secretario de Desarrollo Económico de Baja California, Alejandro Mungaray Moctezuma, participó en este ejercicio como director de la Facultad de Ingeniería de Uabc, en Mexicali.
Manuel Guevara
El joven Mungaray asumió este cargo una semana antes de la visita de inspección. Llegó en el momento preciso para aportar un valor académico, institucional y, en teoría, autónomo del Gobierno Estatal, a la inspección realizada.
Al final del mismo oficio, se marca copia tanto a subsecretarios y directores de SIDUE; como al director general de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (CESPT), así como a la Dirección de Obras y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana.
Lo cual implica que la determinación de que Industrias Zahori y Guaycan Químicos y Petrolíferos sean las únicas proveedoras de asfalto en obras públicas, se extiende a gobiernos municipales y órganos descentralizados.
A Federico Díaz Gallego también se le entregó una copia del escrito en su calidad de presidente del CCE, a pesar de que también es propietario de Zahori.
Como representante de esta empresa, se le gira copia a Jorge Fiorentini Cañedo, director general de Industrias Zahori y hermano de Francisco Fiorentini Cañedo, empresario que se ha pronunciado a favor del Sistema Estatal Anticorrupción.
Industrias Zahori, la gran beneficiada con “Kiko”
No es la primera vez que Industrias Zahori se beneficia de esta manera durante la administración de “Kiko” Vega. En 2015, la compañía recibió casi 3 millones de pesos provenientes de fondos del Conacyt (Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología), cuyo destino era decidido por un comité presidido por Bonfante Olache.
A inicios de 2016, cuando Industrias Zahori solicitó la devolución de más de 8 millones de Impuesto al Valor Agregado (IVA) al Servicio de Administración Tributaria (SAT), éste realizó una auditoría que encontró operaciones simuladas en la empresa.
Algunos de sus proveedores resultaron tener domicilios fiscales que no correspondían con el giro al que decían pertenecer y otras empresas que facturaban a Zahori, simplemente no fueron localizadas.
De acuerdo con una investigación en la Secretaría de la Función Pública y en el Órgano de Control Interno del SAT, el entonces administrador de la Auditoría Fiscal en Mexicali, José Ramón Gurrola Alvarado, intentaba agilizar el trámite de devolución del Iva, a pesar de que la compañía no cumplía con los requisitos, argumentando que Díaz Gallego, entonces presidente del CCE en Mexicali, lo presionaba con acudir personalmente a la Ciudad de México para solicitar la devolución del impuesto, si no se le atendía en Mexicali.
Gurrola Alvarado escribía correos electrónicos a sus superiores diciendo que los dueños de la empresa (Federico Díaz Gallego y Carlo Bonfante Olache) “son gente muy importante” y que al ser “una empresa reconocida”, no era necesario verificar las exportaciones que realizaba.
Uno de los fuertes de Zahori es la fabricación de asfaltos y son precisamente los concretos asfálticos, junto con los concretos hidráulicos, materiales principales en la construcción y específicamente, en la obra pública. De acuerdo con cálculos de ingenieros, los concretos asfálticos son utilizados en un 40 por ciento de las calles.
Carlo Bonfante.
Industrias Zahori se encuentra además en la lista de proveedores del Gobierno del Estado. De acuerdo con los documentos más recientes en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPC), los socios mayoritarios de Industrias Zahori son Eva María Gallego Salas y Federico Díaz Gallego, además de aparecer como propietarios de otras filiales, como Corporativo Zahori, Sistemas de Impermeabilización Zahori y Comercializadora Zahori.
Guaycan, negocio de mineros, casas cambistas y asociados de la familia de Bonfante Olache
En 1995, Francisco Javier Sánchez Rodríguez, Alma Angélica Vucovich Seele, Yolanda Prado Valenzuela, Pablo Coronel Soqui y Juan Acosta Maya, se asociaron para crear Guaycan Químicos y Petrolíferos, dedicada a la producción, maquila, compra, venta, distribución y demás actividades relacionadas con los asfaltos.
A finales de la década de los noventa, Alma Angélica Vucovich Seele fungió como diputada federal del Partido Revolucionario Democrático (PRD), en representación de Chihuahua.
Coronel Soqui cuenta con otra empresa, registrada en junio de 2004, en Tijuana. Se trata de Minería Chaidez y Compañía, de la cual es accionista junto con Moisés Chaidez Aldrete, Efraín Iñiguez López y Emigdio Libreros García.
Por su parte, el hijo de Yolanda Prado y Pablo Coronel Soqui, Annuar Coronel Prado, se asoció con la primera para registrar el centro cambiario Copra, en 2011, ubicado también en Tijuana, cuando el joven tenía apenas 21 años de edad.
Sin embargo, es Francisco Javier Sánchez Rodríguez quien funge como actual apoderado legal de la empresa y quien está vinculado a un primo de Carlo Bonfante Olache, precisamente en otra empresa dedicada al asfalto, de la que es propietario.
El 1 de octubre de 2002, de acuerdo con una escritura pública, fundó la compañía Asfaltos e Hidrocarburos, en Tijuana. Lo hizo junto con su hermano, Adolfo Óscar de Jesús Sánchez Rodríguez.
No obstante, Francisco Javier ocupaba 99 de las 100 acciones con valor total de 49 mil 500 pesos. En el acta de constitución de la empresa, aparece el nombre de Roberto Garín Olache como comisario en el Consejo de Administración.
Garín Olache es primo de Carlo Bonfante Olache. Además de este negocio, Garín Olache adquirió, junto con Raymundo Muzquiz, prominente empresario y desarrollador inmobiliario en Tijuana, y Melchor Devese, varios predios en Playas de Tijuana, según una partida inscrita en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, en 1988.
“Ponen en riesgo a todo el sector”: AMICBC
En entrevista con ZETA, el ingeniero Víctor Escobar Sánchez, presidente estatal de la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California, advirtió que al obstruir los términos legales de la libre competencia, no solo afectan el fomento a la competitividad, sino que “ponen en riesgo a todo el sector de la construcción”.
También defendió la postura de SEM Materials de no permitir una inspección con empresarios presentes. “Que no permitan la visita, no quiere decir que no cumplan con los estándares de calidad”, comentó a la par que explicó que la compañía cuenta con la certificación Amaac-Imt en Estados Unidos, país que comenzó con esta certificación antes que México.
“Direccionan la compra de todo el producto que se vaya a utilizar en el Estado a dos empresas asfálticas, por considerarlas las únicas que cumplen con características de la normatividad de la AMAAC, cuando muchas otras cuentan con esta certificación”, señaló.
Al igual, manifestó su preocupación de que Zahori y Guaycan impongan precios para sus materiales, al ser las únicas autorizadas para vender el asfalto a contratistas de gobierno. “Va crear un monopolio del asfalto en el Estado”, opinó.
De igual forma, el ingeniero Escobar Sánchez señaló que el sector de la construcción ya se encuentra afectado por el recorte de 200 millones de pesos en obra público que el Gobierno Federal realizó al presupuesto 2017, en comparación al del año anterior, por lo que esto es un nuevo golpe.
“Es necesario que el Gobierno del Estado rectifique su postura y busque cómo abrir la libre competencia y crear el espacio para que nuestras empresas locales se desarrollen. Que lo tomen en cuenta el gobernador y el titular de SIDUE. Nos manifestamos en contra de estas acciones”, finalizó.
