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viernes, febrero 16, 2024
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Ejecuciones, como nunca en BC

Actualmente en Baja California en general y en Tijuana en particular, se cometen más asesinatos que en la época negra (2008-2010) de las pugnas criminales en la entidad. Los patrullajes, la coordinación y la estrategia federal siguen sin bajar la incidencia, pero la estrategia no la modifican. Grupo Coordinación busca a los responsables de los asesinatos: Mendoza Uriarte, Pérez Vargas y Herrera Pardo, pero sin órdenes de aprehensión. COPARMEX señala que el gobernador Francisco Vega no asume su liderazgo en el combate a la inseguridad, y califica los resultados como mediocres

Apenas es la tercera semana de abril de 2017 y, en cuatro meses y medio, Tijuana acumula 417 asesinatos violentos. En Baja California la cifra es de 543 ejecuciones, números que están por encima de las cifras de homicidio de las peores épocas de pugna entre narcotraficantes, que datan de los años 2008 y 2010.


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En los últimos 10 años y durante la época negra de la guerra entre cárteles de traficantes, el único mes en el que se había superado la cifra de 110 asesinatos, había sido noviembre de 2008, con 123 muertos, sin embargo, desde hace cinco meses las calles tijuanenses suman muertos por cientos:

  • 112 ejecutados en diciembre 2016.
  • 104 en enero de 2017.
  • 110 en febrero.
  • 121 en marzo.
  • 85 en lo que va de abril.

De hecho, entre enero y abril de 2008, Tijuana sumó 153 ejecuciones, pero en el mismo periodo de este año, hay 264 muertos más, y esos 412 cadáveres en casi cinco meses están incluso por encima de los 235 asesinatos que hubo en el mismo periodo aquel 2008 en todo el Estado.

Lo mismo en la comparación con el año 2010. De enero a abril se contabilizaron 261 asesinatos, aun así fueron 156 homicidios menos de los que se suman en este casi primer cuatrimestre de 2017. Y de nuevo los 412 asesinatos superan las 318 ejecuciones que hubo en todo Baja California los primeros cuatro meses de hace siete años.


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Ahora, aunque no concluye abril, los 85 homicidios registrados en los primeros 20 días en Tijuana, revelan un promedio de 4.25 asesinatos diarios, lo que indica que de seguir este ritmo, al terminar el mes podría sumar más de 120 ejecuciones. Sobre todo si se consideran en el contexto los intentos de homicidio frustrados ante la incapacidad de vendedores de droga al menudeo convertidos en matones.

Grafica; Luis Cantu.- 417 ejecuciones en Tijuana entre el 1 de enero y el 20 de abril de 2017

Por ejemplo, de enero a marzo en Tijuana, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) abrió 189 expedientes por lesiones con arma de fuego, en el mismo municipio, la Cruz Roja reportó haber atendido 291 servicios por víctimas baleadas en el primer trimestre, y otros 109 entre el primero y el 19 de abril, 400 en total. De hecho el martes 17 de abril no contabilizaron homicidios, pero ocho personas fueron baleadas solo en un lapso de tres horas, entre las cinco de la tarde y las ocho de la noche, en distintos puntos de la ciudad.

Otro número: los ocho meses previos a la puesta en marcha de la “Estrategia de Atención Integral a los 50 Municipios que Concentran el 42% de los Homicidios Dolosos”, iniciada por el Presidente Enrique Peña Nieto el 1 de septiembre de 2016, en Tijuana se cometieron 547 homicidios, un promedio de 68 al mes.

En los siete meses posteriores a la mentada estrategia, las muertes violentas han sido 706, lo que resulta en un promedio de 101 ejecuciones mensuales.

Frente a esta violencia sin precedente, pese a las constantes y permanentes reuniones del Consejo Estatal de Seguridad, los patrullajes coordinados y las cientos de capturas anunciadas en lo que va del año -431 sujetos por la Policía Estatal Preventiva, 2 mil 196 por la Municipal de Tijuana- , y decomisos publicitados (218 armas incautadas por la Policía de Tijuana, 13 millones de dosis de droga por la Estatal), los resultados concretos en homicidios, que es el tema sin control, han sido muy limitados y las estadísticas lo evidencian la impunidad:

Mientras de junio a diciembre de 2016, bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) se abrieron 570 expedientes por homicidios en Tijuana, únicamente 65 presuntos homicidas fueron procesados; y en lo que va de 2017, en 411 casos, los homicidas judicializados han sido 28, además, están pendientes de ejecutar 17 órdenes de aprehensión.

 

Muertes por el territorio también en Ensenada

En el cúmulo de asesinatos destacan cuatro zonas de enfrentamiento: tres en Tijuana y una en Ensenada.

Los números -aunque menores que en Tijuana- muestran cómo la violencia se ha detonado en el municipio porteño, mientras en los últimos once años el promedio ha sido de 20 homicidios en los primeros cuatro meses – incluyendo en la época negra-, en lo que va de 2017 ya suman 51 asesinatos, 38 de enero a marzo y 15 en lo que va de abril.

De esos, 29 asesinatos se han perpetrado en San Quintín, donde traficantes del Cártel de Sinaloa, al servicio de Alfonso Arzate García “El Aquiles”, que usualmente delinquían en Tijuana, fueron enviados para enfrentarse con los viejos servidores del Cártel Arellano Félix (CAF).

Solo en el mes de abril, el día 8, el cadáver de un hombre no identificado fue localizado en la colonia Vicente Guerrero, a 160 kilómetros al sur de Ensenada, rumbo a playa San Ramón; el día 10, otro cuerpo fue hallado maniatado y con heridas de arma de fuego en la cabeza en el Libramiento Ensenada- El Sauzal; y el martes 11, Luz Clara Reyes Padrón, de 20 años de edad, fue encontrada en la  carretera Ensenada-Tecate, con muestras de violencia en cabeza, además de puñaladas.

28 homicidas detenidos en lo que va del año y 17 ordenes deaprehension pendientes

Para el jueves 14, otro hombre aún no identificado y  con heridas de bala, fue localizado muerto a la altura del puente del Rancho Magaña en la delegación de San Quintín; el viernes 15, los cuerpos en avanzado estado de descomposición de dos hombres sin identificar fueron localizados al lado de un camino vecinal del Ejido Padre Kino, en la delegación de San Quintín; el lunes 17, en Santo Tomás, encontraron una osamenta; y el jueves 20, otros 3 muertos a balazos en diversos puntos.

 

Zonas en pugna en Tijuana y objetivos prioritarios

En el caso del municipio fronterizo, si bien las balaceras y los homicidios se cometen en toda la ciudad, existen zonas con menor o mayor afectación. Y las diferencias son claras al comparar los once asesinatos en la delegación Mesa de Otay, o los 14 de la delegación La Mesa, con las 66 ejecuciones en La Presa, que sumadas a los 42 muertos de La Presa Rural, llegan a 108.

Los enfrentamientos criminales también están dejando una estela de sangre en la Zona Centro, con 43 homicidios, y en el corredor Sánchez Taboada hasta Los Pinos, cada una de esas delegaciones contabilizan 44 asesinatos, respectivamente. En estas zonas se han cometido el 60% de las ejecuciones en Tijuana.

Consultadas las áreas de inteligencia del Grupo Coordinación, indicaron que en este momento el mapa delictivo en Tijuana está distribuido de la siguiente manera:

  • La Presa y Mariano Matamoros, bajo control de Los Uriarte.
  • Cerro Colorado, con Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
  • Los Pinos, CJNG.
  • Sánchez Taboada igual con Jalisco.
  • Zona Centro y Zona Norte, Los Aquiles.
  • Playas y San Antonio de Los Buenos, CJNG

Y los objetivos prioritarios para captura establecidos este mes de abril, son los traficantes que encabezan las pugnas en estas zonas:

* José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas” (Cártel de Sinaloa).

* Juan José Pérez Vargas “El Piolín” (CJNG).

* Édgar Alejandro Herrera Pardo “El Caimán” (CJNG).

* Alberto Ávila  Alvarado “El Chacal” (CJNG),  este último reaprehendido por la Policías Estatal Preventiva (PEP) el 10 de abril, señalado de mantener actualmente pugna criminal contra Los Uriarte por el control delictivo en dos zonas de Tijuana, hacía el Norte la colonia Obrera, y en el Este el área de El Florido.

Fue capturado en la colonia Villas del Álamo II, en Tijuana lo relacionaron con el CJNG -antes fue detenido como parte del CAF-, y esta semana fue a vinculación a proceso, informó la Procuraduría General de la República (PGR), por la posesión de un arma corta, nueve cartuchos útiles y ocho envoltorios que contenían 231 gramos 800 miligramos de cristal.

A solicitud del fiscal de la Federación, al “Chacal”  le dictaron prisión preventiva oficiosa, pero no fue vinculado a ninguno de los homicidios.

 

Los traficantes enfrentados  

Respecto a las causas del incremento en el tema de homicidios, Miguel Guerrero, coordinador de la Subprocuraduría de Investigaciones Especiales, detalló que hay dos etapas, una antes y otra después de la salida -7 de marzo de 2017- de la cárcel de José Luis Mendoza Uriarte “El Güero Chompas”, porque en los últimos dos meses han aumentado las cantidades.

“La información de lo que se ha podido recolectar de las detenciones del Grupo Coordinación, ha sido que Los Uriarte se aliaron con Los Aquiles y están peleando con ´El Piolín’ (Juan José Pérez Vargas) y ‘El Caimán’ (Édgar Alejandro Herrera Pardo), éstos son los que traen en jaque Camino Verde y Sánchez Taboada con Uriarte”.

¿Pero tienen más muertos en La Presa?

“La Presa y Mariano Matamoros es el terreno que la gente de ‘El Güero Chompas’ siempre ha considerado como suyo desde tiempos de Los Teos, y ahora, según los detenidos, la gente de Uriarte está limpiando -matando- a los que se aliaron con Nueva Generación”.

¿Qué han logrado con el trabajo del Grupo Coordinación?

“En la mesa de coordinación a cada quién se le distribuye su zona de patrullaje, la PGJE tenía San Antonio Buenos con buenos resultados, a partir del 1 de abril nos dieron La Presa y Mariano Matamoros, que es muy amplia y muy complicada”.

La fiscalía solo puede asignar diez agentes del Grupo de Homicidios porque tiene otras 20 parejas trabajando cada una en un promedio de 25 expedientes de asesinatos, “además, las áreas de inteligencia de otras corporaciones comparten información que se revisa con las carpetas de investigación de la procuraduría para fortalecerlas, así se pueden generar órdenes de aprehensión o presentación para tener más información y poder avanzar en fincar cargos; las órdenes se entregan al coordinador del grupo y ahí las reparten para respaldar la labor del Grupo de Aprehensiones de la PGJE”.

Mendoza Uriarte, Pérez Vargas, Herrera Pardo y Ávila Alvarado son objetivos prioritarios, ¿tienen orden de aprehensión?

“Sí son y no tienen. El problema con los cabecillas es que pueden estar mencionados en los expedientes como jefes, pero no son señalados directamente como quienes dan las órdenes de matar, en el caso de esos cuatro el más factible de fincarle cargos sería Herrera Pardo ‘El Caimán’, porque él es segundo, da órdenes directas, y hay entrevistas donde está mencionado; sin embargo, aún no tenemos ningún entrevistado dispuesto a sostener en un juicio que ese hombre les ordenó una muerte, lo cual es necesario en el Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Si alguno es detenido, ¿quedará libre?

“Por homicidio, en este momento, sí. A menos que sea capturado por otro delito”.

Entonces los detenidos por homicidio -82 entre junio de 2016 y abril 2017, y 17 órdenes de aprehensión-, ¿cómo están llegando a ellos?

“Por las tienditas, son tiradores, no hemos descubierto sicarios, es más, ni siquiera tienen  vehículos suficientes, en las escenas del crimen se repiten el Honda negro cuatro puertas, la panel blanca, la Suburban verde. Lo que nos trae la (Policía) Municipal y lo que se ha quedado es porque hay testigos que vienen y los señalan, los han visto correr, avientan el arma. Muchos los encuentras hasta vendiendo, son gente que no se van a mover, que reciben 2 mil o 3 mil pesos por matar una persona, o se lo pagan con droga”.

¿Y las armas se repiten?

“Esas no”.

En la Policía Municipal hablan de 218 armas incautadas en el año, ¿ustedes han tenido acceso a esa información?

“No, y no podemos saber si se usaron en algún homicidio, lesión o ataque, porque se entregan directamente a PGR y no nos mandan, el delegado nos dice que no lo hace porque son indicios de prueba que una vez embalados, se ponen a disposición del juez, quedan en almacén y ya no pueden ser manipulados; se necesita autorización de un juez. Pero no ocupamos el arma, con que nos envíen un casquillo o el reporte del casquillo tronado. Además, ahora con el NSJP los detenidos con arma llevan su proceso en libertad”.

De acuerdo a reportes del Grupo Coordinación, en los aseguramientos de armas, de septiembre de 2016 a la fecha han detectado que se trata de pistolas y rifles de alto poder armados en Baja California con partes, por eso no se pueden localizar en los registros.

Otro problema es que el Instituto Nacional de Migración (INM) no facilita a las autoridades de seguridad el reporte de los deportados: “Llevamos meses pidiéndolos, y nada…”, lamentó Guerrero.

La Presa, delegacion con mas incidencia en asesinatos

 

Sotomayor: “Estamos haciendo nuestra parte”

Para hablar de resultados, se le preguntó Marco Sotomayor, secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana, del programa de rendición de cuentas CompStat.

Aseguró que ya está funcionando a nivel delegaciones y que en mayo, ciudadanos se integrarán a las evaluaciones.

¿Qué está pasando con esas evaluaciones en las zonas de alta incidencia de homicidios como La Presa, Presa Rural, Sánchez Taboada y zonas Centro y Norte? 

“Ahí es más que una dinámica a la delincuencia normal, la cuestión de las pugnas, y resulta difícil atribuirle al jefe de distrito la responsabilidad de lo que está pasando; ahí hay labor de todas las corporaciones, y ahí salimos mal todos” defendió.

Dijo estar trabajando en el combate a las tienditas y pegarle a los grupos de narcomenudeo con información de inteligencia de todas las corporaciones, aunado a denuncias anónimas al 089, “…buscando blancos y lo que no se hacía antes: ahora participan los jefes de distrito”.

¿Qué le responde al reclamo de los ciudadanos y de los representantes de los sectores ante el ascenso de la inseguridad? 

“La Policía Municipal de verdad hace un gran esfuerzo, valoro lo que hacen los agentes, los resultados los hemos comentado muchas veces, detienen homicidas en flagrancia, apenas ayer -19 de abril-, en el caso del ministerial (Enrique Andrade Lugo) hubo dos detenidos, en un segundo evento el mismo miércoles se detuvo a un hombre enmascarado y armado, el fin de semana pasado por lo menos en dos de los eventos (balaceras), se detuvo a los responsables en flagrancia”.

Y reiteró: “Estamos haciendo nuestra parte, sabemos que al final se tiene que ver reflejado en la reducción de la incidencia”.

 

Sin voluntad política y resultados mediocres

Consultado, Gilberto Fimbres, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) en Tijuana, habló de la nueva postura que tomarán los empresarios en el tema de seguridad.

Primero explicó que los representantes de los diferentes sectores en todo el Estado tendrán una reunión en el mes de mayo: “No hay duda que hay un problema y no se va a resolver con una junta entre nosotros, pero vamos tocar los puntos, revisar qué y cómo se está haciendo, y externar nuestras opiniones”.

Confirmó que de manera frecuente las diversas cámaras han tenido reuniones con diferentes funcionarios y todos tiene razones del por qué no están funcionando las cosas, y les mencionan las estrategias que los inversionistas en Baja California consideran “válidas, pero no suficientes”.

“Hemos analizado los números de Tijuana y vemos cosas que nos preocupan como el número de policías, estamos al 50 por ciento, difícilmente vamos a solucionar si no se atiende ese número, o el dinero para contratar más”, expresó.

Pero en 2008-2010 también había pocos policías y había menos muertos que ahorita.

“No hay duda que la situación de homicidios está catastrófica, que los que están haciendo las autoridades no han logrado reducir, ¿por qué? No sabemos ni somos expertos, y proponer soluciones es difícil, pero podemos ver qué están haciendo otras entidades. No es un problema específico de Tijuana, es nacional, y en lo nacional, las autoridades no están logrando resolver el problema”.

Eso ya se había controlado en Baja California después de 2008 y 2010, ¿qué pasa ahora?

“Esa coordinación que aparentemente existe, ahí hay una gran interrogación. Para nuestra perspectiva, no hay una voluntad política de resolver el problema. En 2008 qué fue lo que pasó, incluso el sector empresarial rompió con el entonces gobernador. Después  se integraron las autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno con el liderazgo operativo, el Ejército, pero el gobernador seguía siendo el líder formal de la solución del problema de seguridad; si quien responsable de la empresa no responde, los clientes se van a ir”, comentó Fimbres en referencia a la falta de liderazgo del actual mandatario, Francisco Vega de Lamadrid.

¿No ha hecho falta un llamado más enérgico del sector empresarial representado las inquietudes de la comunidad, como sucedió en 2008 -2010?

“Tiene razón, estábamos a media cuadra -a punto- de eso, pero se pospuso (para mayo) la reunión de todos los centros empresariales del Estado, participaremos incluso con diputados responsables de la Comisión de Seguridad en el Congreso para posicionarnos de una forma más clara y precisa.

“Hoy con mi hija estuve platicando que me da tristeza que a nuestros funcionarios públicos les preocupe tan poco nuestro Estado y nuestro municipio, que no hacen realmente su labor como responsables de las entidades. No entiendo por qué si han tenido éxito, si tanto luchan por tener un puesto de elección popular, ¿por qué se conforman con resultados tan mediocres y tan pobres?”, cuestionó.


Protestan nuevos consejeros de Seguridad Pública

Marina del Pilar Olmeda por el sector académico, Juan Manuel Hernández Niebla por el empresarial y Jesús Alberto Sandoval por el social, tomaron protesta para un periodo de cuatro años como nuevos integrantes del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado.

Maria del Pilar Olmedo Alberto Sandoval, consejeros

En los días siguientes deberá reunirse el Consejo Ciudadano -con los cinco titulares de los organismos municipales- para designar al nuevo presidente, quien sustituirá al empresario mexicalense Jonathan Díaz.

Hernández Niebla -quien representa a la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tijuana- expuso en cuanto al principal reto:

“La seguridad tiene tres ruedas: la primera es la profesionalización y la coordinación policiaca, se tienen que establecer estrategias que aseguren se coordinen las estructuras policiacas en el combate al crimen organizado. La segunda es la parte de la procuración de justicia, de nada sirve que se aprese al posible si finalmente el sistema penitenciario o judicial no está funcionando. Y la tercera y más importante es la prevención del delito; tenemos un gran problema en Baja California en materia de adicciones, (debemos dejar) de ser un cultivo para el crimen organizado”.

Por su parte, la doctora en Derecho Marina del Pilar Olmeda -quien representa al sector académico por la UABC-, se refirió al reto: “Es sumar esfuerzos al problema tan fuerte de la inseguridad en esta región. Baja California es un lugar codiciado para la delincuencia, estratégico. Es un reto para todos, no es un problema de gobierno, es un problema de Estado, de ciudadanos, y el reto va más allá de lo que es el combate a la delincuencia; el reto es educación, economía,  y buscar cómo apoyar, cómo impulsar a los sectores sociales más desvalidos”.

Juan Manuel Hernandez Niebla, consejero

A su vez, Jesús Alberto Sandoval Franco citó: “Necesitamos recuperar la tranquilidad para Baja California, sabemos que es muy complicado pero tenemos la fortuna de que ya contamos con la experiencia, ya lo logramos anteriormente, hace siete, ocho años, cuando estábamos inmersos en una situación peor. Si logramos la cohesión social, que es potencializar al máximo las capacidades de la sociedad, por supuesto que vamos a lograr el reto”.

En cuanto al nuevo Consejo, el secretario de Seguridad Pública en la entidad, Daniel de la Rosa, manifestó que hay gran expectativa de la ciudadanía y en los diversos sectores sociales, particularmente por los eventos de incidencia delictiva que se han suscitado de manera reciente: “Únicamente la unión en los momentos complicados -de 2001 a 2010- con sus autoridades y el apoyo de las Fuerzas Armadas, es como se vienen resolver los retos que tenemos en materia de inseguridad”.


Ministerial asesinado fue detenido en secuestro de “El Cande”

El agente ministerial ensenadense Jesús Enrique Andrade Lugo, adscrito a Tijuana, asesinado la mañana del miércoles 19 de abril, había sido detenido por la Policía Estatal Preventiva (PEP) y presentado con sus jefes el 9 de junio de 2016 como sospechoso de secuestro.

Escena del crimen

De acuerdo a los agentes estatales, Andrade y otro ex ministerial -Mario Alberto Ocampo Siveriano- también detenido en ese operativo, se encontraban cuidando la casa de seguridad donde tenían secuestrado a Candelario Arceaga Aguirre, detenido por militares en Ensenada en  junio de 2009, y presentado como operador del traficante  Teodoro García Simental; posteriormente fue liberado sin fincarle responsabilidad

Andrade y Ocampo fueron aprehendidos en la calle Paseo Cozumel, cerca del número 227 del fraccionamiento Santa Mónica, donde Arceaga permaneció secuestrado desde el 2 de junio de 2016, cuando lo secuestraron de un salón de fiestas de su propiedad, en las inmediaciones de Refacciones del Valle en Calle Lázaro Cárdenas de la colonia Obrera en Rosarito. Sin embargo, no hubo consecuencias, no quedaron detenidos y la información tampoco se boletinó.

Por estos hechos, en la procuraduría consideran como “grilla interna” las dos mantas colocadas en los puentes en la delegación Mesa de Otay, y en la Zona Río Tijuana, en los que, la mañana de ayer jueves 20 de abril, amenazaron al subprocurador de Investigaciones Especiales:

“Jesús (el nombre es José) María González  Me mandaste matar Porque quedaste mal con el Lacra Del aquiles y La Rana ya Que Hice Mi trabajo y libere un secuestro Al Sr Candelario Aguirre ya que Tu Les Habías Dado Permiso de Secuestrarlo ACÁ TE ESPERO EN EL INFIERNO…MATA COMPAÑEROS  ATTE Enrique Andrade”.

Narcomanda contra Subprocurador de la SIE

Los jefes en la PGJE consideran  que se debe a que han cambiado a varios agentes a Mexicali, a Ensenada, es decir, se está presionando y condicionado la permanencia de los comandantes en todo el Estado a resultados, y no les gusta.

En cuanto a Andrade, según versiones no oficiales al interior de la corporación ministerial, no tenía buena fama, de hecho informaron que con otro agente de apellido Pérez realizaban acuerdos con delincuentes para pago de cuotas y liberaciones.

La Policía Municipal lo identificó  como parte del Grupo de Recepción de Denuncias y en la fiscalía informaron que apenas el 18 de abril estaba integrado a un nuevo Grupo de Operaciones Especiales (GOE). En un comunicado informaron que recientemente fue adscrito a la Comandancia de Zona Tijuana.

De acuerdo al reporte policiaco el ministerial, a Jesús Enrique lo balearon en el Bulevar Simón Bolívar, en el camino viejo a Tecate de la colonia Los Venados, a las 7:30 am del 19 de abril; los uniformados informaron que ellos pudieron ver cuando a pie tierra, un hombre de pantalón oscuro, camisa negra, moreno; y otro de pantalón azul y chaleco negro, realizaban disparos en contra del sujeto a bordo de un Nissan Altima guinda  2004 sin placas, que los matones los vieron y les dispararon, y ellos respondieron la agresión e iniciaron la persecución.

A partir del Parque Industrial Los Pinos, dos en una Cherokee blanca huyeron hacia la zona de La Mesa, mientras ellos pudieron detener a  en una Durango guinda a:

Jesus Enrique Andrade Lugo “El Loco” – Celia Beatriz Perez Andrade Brayan Torres Torres

* Brayan Torres Torres, alias Rafael Torres Torres, Rafael Reséndiz Morales y Carlos Cortez Cortez, quien tiene en su haber orden de aprehensión cumplida por privación de la libertad personal agravada, y detenciones por delitos contra la salud en la modalidad de posesión de metanfetamina; dos por portación de arma de uso exclusivo del Ejército; y esta vez traía una 9 milímetros y un radio comunicador.

* Beatriz Pérez Andrade, de 49 años de edad, sin antecedentes y con residencia en Los Álamos. Ella manifestó que “la gente” la contactó y le ofreció 100 dólares por recoger la Durango en una calle de la delegación La Presa, y en el parque, a tres hombres a los que no conocía, incluido Brayan, para llevarlos “a hacer un jale”. No sabía quién era la víctima, dijo que escuchó los balazos, se asustó, los otros dos hombres se fueron en otro auto y Brayan corrió hacia ella; los policías llegaron detrás.

La mañana de hoy viernes 21 de abril se realizará la audiencia de control de detención de Torres y Pérez.

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Autor(a)

Redacción Zeta
Redacción Zeta
Redacción de www.zetatijuana.com
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