En los días recientes, distintas personas por distintos medios, se han comunicado con quien esto escribe y con personas allegadas, para decir lo mismo: colaboradores de Francisco Vega de Lamadrid, el Gobernador del Estado, iniciarán una campaña de desprestigio contra tu persona. De manera sistemática ese fue el mensaje; en alguna ocasión, incluyeron como objetivo de la campaña, también a la periodista Dora Elena Cortés Juárez.
En mi caso fueron contundentes: Referirán públicamente infamias con tu vida privada como protagonista. Días después, la información se hizo pública. En el periódico El Mexicano, en el periódico El Informador, en el portal noticioso AFN Noticias, en Radio Enciso y en redes sociales, la versión era la misma, hay personas relacionadas con el gobierno, intentando desprestigiar a la directora de ZETA.
Hace unos meses, la Unesco nos convocó a un foro sobre seguridad para comunicadores. Ellos quisieron sumarse a la red de protección y defensa de los periodistas en el mundo. Cuando hablamos de las difamaciones, refirieron que tal acción era un atentado a la libertad de expresión en la modalidad de ataque a la moral y la credibilidad de una persona para acabar con un medio.
Algo así sucede en Baja California en estos momentos y desde hace tres años. Justo cuando el Gobierno de Francisco Vega de Lamadrid dio inicio. Será coincidencia o un acto premeditado, pero así ha sucedido.
Si el tema que les preocupa es periodístico, estamos a sus órdenes y públicamente en el mismo lugar donde inició este proyecto periodístico hace ya 36 años. No nos escondemos ni acudimos al anonimato. Somos responsables, suscribimos y sostenemos lo que aquí se ha publicado por el equipo de editores, reporteros y fotógrafos.
Si quieren encontrarme aquí estoy en el semanario ZETA, en Américas 4633 Fraccionamiento El Paraíso en La Mesa, Tijuana, en los teléfonos 664 6816913 al 17 y en correo electrónico adela@zetatijuana.com , para cualquier información, aclaración o si buscan derecho de réplica -aun cuando tenemos como principio buscarlos para entrevista y normalmente nos la niegan- el espacio aquí está para una carta, una aclaración.
Pero si el tema es atacar la vida privada de un periodista para acabar con la moral y la credibilidad de un medio, se equivocan. El periódico que codirijo con César René Blanco Villalón desde su fundación ha respetado la vida privada de los funcionarios públicos. Y no por falta de información, sino por principio y compromiso periodístico. El interés público es sobre el desarrollo del gobierno y quienes en él se mueven, siempre y cuando no crucen la delgada línea que separa la vida pública de la vida privada, mezclando la primera con la segunda generalmente en el ejercicio y aprovechamiento del presupuesto.
A raíz de publicaciones sobre los malos manejos en la administración gubernamental de Baja California a cargo de Antonio Valladolid, o de las arbitrariedades o conductas irregulares denunciadas sobre el Secretario de Desarrollo Económico, Carlo Bonfante, o la revelación en el ámbito local y en el nacional, del adeudo del Gobierno de Francisco Vega con la Universidad, supimos que desde la Coordinación de Comunicación y las Secretarías de Finanzas y Desarrollo Económico, iniciarían una campaña de desprestigio.
Esa información se hizo pública la semana que termina. El miércoles 2 de noviembre, Gerardo Fragoso, un columnista del periódico El Mexicano, publicó: “En los próximos días, una de las periodistas más reconocidas de Baja California podría enfrentar una dura campaña de desprestigio… (Consiste) en publicar diversas infamias sobre la vida personal de Adela Navarro Bello, directora del semanario ZETA.
“…quien platicó con nosotros nos dijo que la razón por la cual tiene a navarro entre ceja y ceja, era por exhibir los pecados de Carlos Humberto Bonfante Olache y Antonio Valladolid Rodríguez”. El columnista señala que los personeros de quienes amenazan con una campaña contra mi persona, han ofrecido dinero a cambio de publicar tales dichos.
El jueves 3 de noviembre en la columna principal del periódico El Informador que dirige Luis Fernando Vázquez Bayod, publicaron con el título “campaña de desprestigio”, lo siguiente: “No se ha dicho de dónde, no se ha dicho de parte de quien, pero al parecer ha iniciado una campaña de desprestigio contra la Codirectora del semanario ZETA, Adela Navarro Bello. Los ataques no van exclusivamente contra su reconocida trayectoria profesional, pues han comenzado a echar tierra, de forma sucia y vulgar, a su vida personal. En esta casa editorial hemos recibido supuestos pitazos informativos vía correo electrónico en los que se mencionan todo tipo de calumnias contra la persona de la periodista…”, finaliza el texto: “Una campaña infundada contra una figura como Adela Navarro es un ataque a la libertad de prensa y, por lo mismo, un ataque contra otros medios de comunicación”.
Unas horas antes, en el portal AFN de la periodista Dora Elena Cortez, la misma publicó: “Apenas ayer comenté con Roberto Karlo López Páez, director de Comunicación Social del gobierno del Estado, que tenía información muy precisa en el sentido de que el “dilecto” “director de imagen” del gobernador Kiko Vega, el ex reportero Jorge Alberto Cornejo Manzo estaba instrumentando sendas “campañas sucias o negras” en contra de la compañera Adela Navarro Bello, codirectora del semanario Zeta y contra una servidora, porque estaba sumamente molesto por el hecho de que hubiésemos criticado sus argucias para acallar a la prensa, sobre todo en el tema del adeudo del gobierno del Estado con la Universidad Autónoma de Baja California”.
Otros periodistas han sido solidarios con ZETA. Incluso nos han revelado cómo Jorge Cornejo, quien trabaja de subordinado de Roberto Karlo López, pero contratado por el Gobernador Francisco Vega, se ha apersonado en algunas redacciones, y comunicado a otras, para ordenar no se aborde un tema –éste en específico-, se saque de circulación una nota, con la amenaza que de no hacerlo se les cortaría o rebajaría el convenio publicitario a los medios.
Al cierre de edición, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos que titula Melba Olvera, emitió un comunicado, “Urge CEDHBC a garantizar el respeto al libre periodismo”, donde informa que “reiteró un llamado enfático a las autoridades de gobierno, en especial al Ejecutivo del Estado, para que instrumenten acciones orientadas a la garantía y el respeto al ejercicio libre del periodismo”. Además, iniciaron el expediente 120640/4VG para investigar “posibles vulneraciones a los derechos humanos derivados de estos hechos
Insisto: en ZETA desde su fundación el 11 de abril de 1980, hemos participado en la vida de Baja California con periodismo de investigación, análisis y opinión. Hemos mantenido una línea editorial crítica, contestataria, anti oficialismo.
Hemos sido amenazados por narcotraficantes. Generalmente del mismo cártel que asesinó a nuestros compañeros Francisco Javier Ortiz Franco y Luis Lauro Valero, y desde el cual intentaron quitarle la vida al Director Fundador, J. Jesús Blancornelas, el cártel de los hermanos Arellano Félix.
También hemos sido presionados por políticos, funcionarios y gobiernos, pero no hemos cedido a ese hostigamiento. ZETA se mantiene firme en su compromiso con el periodismo la información veraz, y sostiene todas y cada una de las letras aquí publicadas desde 1980. Nuestro trabajo es en aras de la transparencia, la justicia social, el buen gobierno, la democracia, la seguridad y el bienestar. No hemos comprometido nuestra línea editorial y no lo haremos, el derecho a informar y ser informado supera en mucho la pequeñez de cualquier funcionario que corruptamente manipulando el dinero público pretenda orquestar alguna campaña de desprestigio.
A quienes se han solidarizado con nosotros, gracias. A nuestros compañeros periodistas que no han hecho eco de la campaña de desprestigio, nuestra solidaridad y confianza. A quienes desde el anonimato, con recursos públicos e infraestructura gubernamental pretenden presionar para inhibir la publicación de irregularidades, les decimos que en ZETA seguiremos, más allá de amenazas, haciendo periodismo de investigación, respondiendo a la denuncia ciudadana, cerca de la sociedad y lejos del gobierno.
