El asesinato del Juez de Distrito en el Estado de México, Vicente Bermúdez, puso en alerta a los funcionarios judiciales de todo el país. Investigan asuntos que conoció como especializado en cateos, arraigos y juez de Amparo. Tuvo casos de temibles narcotraficantes como “El Cuini” y “El Chapo” Guzmán. “El Z-40” no recibió su protección hace unas semanas y fue cambiado de prisión, antes le había escrito “le pido valore bien las cosas”
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Mientras que la Procuraduría General de la República aún intenta articular las primeras líneas de investigación del homicidio del juez federal Vicente Bermúdez acontecido en el municipio de Metepec, Estado de México, el Poder Judicial busca la manera de garantizar la seguridad de jueces y magistrados federales, así como la de sus familias.
El asesinato del que fuera Juez Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Civiles Federales en Toluca, cimbró las estructuras tanto del Consejo de la Judicatura de la Federación, como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los poderes judiciales de las entidades federativas, sobre todo de aquellos juzgadores que conocen de asuntos relacionados con la delincuencia organizada.
El impacto fue tal, que el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, pidió mayor seguridad para los impartidores de justicia y aseguró que es necesario revisar la figura del “juez sin rostro”, correspondiéndole a los diversos niveles de gobierno implementar los mecanismos que sean necesarios para la protección de los funcionarios judiciales.
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En tanto, diversos sectores, entre ellos el propio Poder Judicial federal, exigen a las autoridades ministeriales resolver el crimen del juzgador, quien, como la mayoría de sus pares en los Juzgados penales o de amparo del Estado de México o la capital de la República, conocen de expedientes de peligrosos personajes del narcotráfico.
La mañana del lunes 17 de octubre, cuando realizaba ejercicio al aire libre a las afueras de un fraccionamiento en el municipio de Metepec, Estado de México, el juez Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, de 37 años de edad, fue sorprendido por un sujeto armado que le disparó a centímetros de la cabeza.
El hecho quedó grabado por cámaras de video vigilancia de los cotos ubicados en la ruta que el impartidor de justicia recorría a trote y de cuyas imágenes se advierte que un empistolado dio alcance a Bermúdez y, tras asestarle un impacto en la nuca, corrió en sentido contrario, donde le esperaba un segundo individuo, con el que escapó.
Esa misma tarde, el gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, informó que la Procuraduría General de la República -que había ejercido la facultad de atracción de las investigaciones por ser de su competencia- contaba con las referidas imágenes del asesinato, lo que ayudaría a detener al homicida.
Horas después, los videos fueron filtrados a los medios de comunicación y a las redes sociales, lo que ocasionó la molestia de familiares del fallecido y de los funcionarios del Poder Judicial federal.
El Consejo de la Judicatura Federal informó que luego de estos actos presentó una denuncia formal ante la PGR por la filtración de las imágenes de video del asesinato del juez Bermúdez, pues su divulgación infringe la reserva de las investigaciones.
Lo que se dijo
Aunque la PGR no ha revelado las hipótesis del crimen de Vicente Antonio Bermúdez Zacarías, trascendió que se trabaja principalmente en dos vertientes. La primera vinculada a las funciones jurisdiccionales que realizaba como juez de Amparo y anteriormente como juez en materia de arraigos, cateos e intervención de comunicaciones en la Ciudad de México. La segunda, indagará su vida personal.
Las primeras versiones periodísticas del caso señalaron que Bermúdez conoció como juez federal en 2014 del arraigo del presunto narcotraficante Abigael González Valencia “El Cuini”, operador financiero y cuñado del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.
También se informó que como Juez Quinto de Amparo en el Estado de México, había frenado la extradición del líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo” Guzmán, al concederle la suspensión del acto reclamado. Sin embargo, dicha información es errónea, pues el juicio de garantías fue promovido por los abogados de Guzmán en contra de la presunta incomunicación en el penal federal del “Altiplano”, en aquél famoso reclamo del capo que aseguró, lo querían convertir en “zombi”.
ZETA tuvo acceso a dicho juicio de amparo (154/2016) promovido el 5 de febrero de 2016 por los defensores del “Chapo” a menos de un mes de su recaptura en Los Mochis e internamiento en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 de Almoloya. Ese mismo día, Bermúdez Zacarías le concedió la suspensión de plano para que -en caso de existir la incomunicación- las autoridades penitenciarias cesaran esos actos.
El escrito a favor del recluso, que señalaba a autoridades del penal, de la Comisión Nacional de Seguridad, secretario de Gobernación y al secretario de Relaciones Exteriores, entre otras, reclamaba textualmente “el pretender privar de la vida al señor Joaquín Archivaldo Guzmán Loera, al mantenerlo incomunicado por no permitir ingreso de visita familiar y abogados defensores designados legalmente por interno (…) Así como no permitir la entrevista entre el interno y el defensor, aplicación de tormentos por omisión de las autoridades responsables al mantenerlo segregado en un área especial en el que se encuentra sometido a bajas temperaturas imperantes en la ubicación del lugar de su detención, sin proporcionarle los medios necesarios para protegerse de temperatura bajo cero que imperan diariamente en la noche, madrugada y por la mañana (…)”, agregaba la demanda.
El documento remataba: “… sometiéndolo a tratos crueles e inhumanos producto de su aislamiento y maltrato en la prisión por debajo de las condiciones mínimas establecidas por la Organización de las Naciones Unidas, al someterlo al pase de lista cada hora en horario diurno y cada dos horas durante la noche, con la pretensión de convertirlo en un zombi y como represalias del Estado por haberse evadido de dos Centros Federales de Readaptación Social y haber puesto en evidencia lo frágil de sistema penitenciario mexicano”.
El juicio de amparo finalmente fue sobreseído el 12 de abril de 2016 por no existir o no probarse los actos reclamados, entre los cuales no figuraba la extradición, misma que todavía no se declaraba procedente, sino hasta el 20 de mayo, por parte de la Cancillería Mexicana.
El caso del “Z-40”
Otro asunto que conoció el juez Vicente Bermúdez y que ha llamado la atención de las autoridades, es el juicio de amparo indirecto promovido por el ex líder del grupo criminal Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales “Z-40”, quien el 27 de julio solicitó la protección de la justicia federal en contra de la nueva Ley Nacional de Ejecución de Penas.
De acuerdo con la secuencia del amparo indirecto 1132/2016, Treviño Morales se inconformó específicamente contra los artículos 1, 2, 3, 4 y 5 de la referida legislación, tal y como lo hizo su hermano Óscar Omar Treviño “El Z-42” en otro Juzgado por las mismas razones.
La primera acción del juzgador fue requerir al promovente del amparo porque su firma discrepaba de otras que aparecían en expedientes antiguos del propio tribunal. El trámite llevó varias semanas y finalmente la demanda de garantías fue admitida el 10 de agosto de 2016, negándosele la suspensión provisional del acto reclamado.
Tanto el “Z-40” como su hermano “Z-42” tenían meses tramitando amparos en diferentes juzgados ante el temor de ser trasladados del penal del “Altiplano” -como ya había ocurrido el 30 de septiembre de 2015- hacia otras prisiones de máxima seguridad del país. La entrada en vigor de la nueva Ley de ejecución facilitaría su traslado a las autoridades administrativas.
La Cámara de Diputados, la de Senadores, los directivos penitenciarios y otras autoridades respondieron que los actos reclamados por Miguel Treviño no le perjudicaban, pues aunque inició la vigencia de la Ley, ésta no le había sido aplicada al interno. Tras varias fechas diferidas, el 27 de septiembre le fue negada la suspensión definitiva al quejoso.
Tanto “El Z-40” como su hermano fueron cambiados de CEFERESO en los primeros días octubre. Algunos medios informaron que solo los habían cambiado de estancia dentro del mismo “Altiplano”. Omar fue enviado al penal de máxima seguridad Número 12 en Ocampo, Guanajuato, mientras que de Miguel se ignora su destino.
Semanas antes, el 29 de agosto, “El Z-40” había escrito un recado al juez en la cédula de notificación. Miguel Treviño apuntó de puño y letra: “Sr. Juez de Amparo contrario a lo que manifiesta el representante de la Cámara de Senadores en el presente me afecta la nueva Ley en muchos aspectos”.
El recado añadía: “Esperando en que se me da un trato Higual (sic) a las personas sentenciadas y a mi que soy procesado. Por lo tanto si me afecta porque con esa ley no hay presunción de inocencia y que soy procesado por lo tanto soy inocente hasta que se me demuestre lo contrario, por lo tanto me y esa ley nueva dice que los procesados y sentenciados por delincuencia organizada es lo mismo el mimo trato”.
El temible reo coronó su apunte con la frase: “Así que le pido valore bien las cosas”. El actuario entregó la cedula al titular del Juzgado y éste asentó: “Se tienen por hechas sus manifestaciones a manera de alegatos, para dar cuenta con ellas en la celebración de la audiencia incidental”. En esa audiencia se negó la suspensión definitiva al capo, que unos días después fue removido del lugar de encierro que ocupaba.
Muchos otros internos del penal federal de Almoloya tenían juicios de amparo en el mismo Juzgado, así como en los cuatro especializados en las mismas materias, por lo que ningún asunto puede darse por descartado. Tampoco los que llevó antes como juez de cateos y arraigos en la Ciudad de México.
Zhenli, huésped del “Altiplano”
Contra su voluntad, el empresario chino-mexicano Zhenli Ye Gon fue extraditado de los Estados Unidos de América a México y ya pasó sus primeras noches internado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, en Almoloya de Juárez.
El oriental quedó a disposición del Juez Cuarto de Procesos Penales Federales en el Estado de México, donde contaba con orden de aprehensión por delitos contra la salud, delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero) y posesión de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea.
FOTO: Internet
La imputación de lavado de dinero -en la modalidad de que conjuntamente custodie dentro del territorio nacional recursos, con conocimiento de que procedan de una actividad ilícita- está relacionada con el aseguramiento de más de 205 millones de dólares en efectivo en 2009 dentro de una residencia de Ye Gon en la Ciudad de México.
Tras su ingreso al penal de máxima seguridad del “Altiplano” y ser registrado en el área de filiación, el indiciado pasó al área médica donde se le realizó una revisión de rigor. Las autoridades penitenciarias reportaron que aunque el chino presentó presión arterial alta, fue atendido y estabilizado de inmediato, por lo que goza de buena salud.
Autoridades mexicanas y estadounidenses celebraron la entrega Zhenli tras varios años de investigaciones y trámites ante la justicia de ambos países, luego de su localización en tierras norteamericanas desde septiembre de 2008. Ye Gon fue extraditado a México, justo un día después que el Tribunal Supremo Norteamericano denegara por segunda vez la apelación para evitar el traslado.
El químico de profesión, originario de Shangái, China, pero nacionalizado mexicano, es señalado de capitanear una red a escala internacional de importación de precursores químicos para la fabricación de drogas sintéticas por parte de cárteles del narcotráfico en México y lavado de dinero.
Las constancias de la averiguación previa iniciada en su contra refieren que Ye Gon y su grupo introducían al país acetato de efedrina y acetilpseudoefedrina, procedente de China, mediante la cooperación consciente y voluntaria de personal de Aduanas mexicanas, sustancias que arribaban a bordo de barcos a través de los puertos de Manzanillo, Colima y Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Las primeras investigaciones surgieron luego de que en 2006, autoridades federales aseguraron un cargamento de 19.5 toneladas de químicos controlados en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Después, el 15 de marzo de 2007 la Procuraduría General de la República encontró una fortuna en efectivo en la casa del chino, consistente en:
* 205 millones 564 mil 763 dólares en efectivo (entonces al tipo de cambio de 11.13 pesos por dólar)
* 201 mil 460 euros en efectivo (14.88 pesos por euro)
* 17 millones 306 mil 520 pesos moneda nacional en efectivo
* 20 mil dólares en cheques de viajero
* 180 dólares canadienses
* 113 mil 260 dólares de Hong Kong
* 17 mil yenes
Investigaciones realizadas por la oficina de la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) en Las Vegas pusieron en claro que Zhenli Ye Gon era un apostador empedernido en casinos norteamericanos y se contaba con registro de sus actividades financieras y transferencias de dinero desde México a partir de 1997.
La pesquisa estadounidense dejó en claro que nada más entre 2004 y 2007, el indiciado había perdido 125 millones 917 mil 839 dólares.
En tanto se resuelve la situación jurídica de Ye Gon, autoridades penitenciarias federales aseguran que el nuevo inquilino de “Altiplano” se encuentra en un área con la seguridad necesaria (Centro de Observación y Clasificación) para garantizar su bienestar dentro de misma prisión de la que se evadió el narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán, el 11 de julio de 2015.
Narcomenudistas mutiladores en Jalisco
A los terribles homicidios de 14 personas, algunas mutiladas, que fueron arrojadas a las aguas del Río Lerma en semanas anteriores en Jalisco, se sumó otro no menos atroz suceso que causó impacto internacional: la amputación de las manos de seis personas vivas que fueron abandonadas en calles del municipio de Tlaquepaque, conurbado a Guadalajara.
El lunes 17 de octubre, poco después de las cinco de la tarde, vecinos de la colonia La Soledad, en las periferias de la zona metropolitana tapatía informaban a la Policía local del abominable hallazgo. Un cadáver a un lado de una cartulina amenazante y seis personas, entre ellas una mujer, gritando de dolor por haberles sido cercenadas sus manos.
Al arribo de los patrulleros no daban crédito a lo que veían, pues es un hecho sin precedente. Unos sentados, otros tirados en el piso revolcándose de dolor, yacían en el terregal del camino cercano a las vías del tren. En un par de bolsas de polietileno estaban los pares de manos.
Junto al cadáver de un hombre joven había una cartulina color verde fluorescente que atribuye los hechos a un supuesto “Grupo Élite Anti-ratas” en venganza porque los heridos supuestamente eran ladrones.
El mensaje decía que eso les pasó “por rateros” y por no respetar mujeres y niños. La misma advertencia era para roba-carros, ladrones de motocicletas, de cadenas, de teléfonos celulares, de casa habitación, “conejeros” y rateros en general.
Paramédicos municipales auxiliaron a los lesionados y les trasladaron a diferentes clínicas del Seguro Social y el Hospital Civil en Guadalajara, en tanto el personal de Servicios Periciales y del Servicio Médico Forense, fijaron indicios, levantaron el cadáver y lo trasladaron a la morgue.
En cuestión de minutos, fotos y video del macabro hecho fueron difundidas a través de WhatsApp, al parecer grabado por personal oficial.
A la mañana siguiente, la Fiscalía General de Jalisco negó la existencia de un grupo de vengadores sociales o justicieros en contra de presuntos delincuentes. El fiscal Eduardo Almaguer Ramírez informó de la detención de un hombre y una mujer presuntamente relacionados con el crimen y las mutilaciones.
Las investigaciones indican que las víctimas fueron privadas de la libertad por distintos rumbos de la Zona Metropolitana de Guadalajara el mismo día del hallazgo y fueron llevadas a un domicilio, donde sufrieron las amputaciones.
Almaguer Ramírez aseguró que no hay un grupo justiciero, sino una organización criminal que agredió a los ahora lesionados porque debían dinero, producto del comercio de drogas al menudeo.
“Sus declaraciones son en el sentido primero de que no cubrieron un pago que correspondía a la venta de droga y, segundo, para generar un escarmiento y son sus palabras textuales, un terror entre quienes se dedican a esta actividad”, enfatizó el fiscal.
Las autoridades ministeriales investigan sobre la probable autoría del mismo grupo delictivo en la amputación de las orejas de dos personas durante el fin de semana anterior en Guadalajara. En la delegación de San Martín de las Flores, fue asegurada una casa donde estuvieron al menos dos de las víctimas. Redacción ZETA
