Francisco Vega de Lamadrid se percibe como un gobernador ausente. Se le ve poco trabajando por Baja California. Se le ve mucho en viajes y en inauguraciones de obras o actos sociales. Muy poco se le escucha dirigirse sobre los problemas que sufren los gobernados. Lo suyo, mejor dicho, es hacer presencia y hacer negocios. Nunca lo negó. Ni la simpatía que despierta entre el electorado que lo eligió, ni su vena empresarial que tanto presume, y que dice, le ha hecho hacerse de una fortuna que contabiliza más de 50 propiedades nada más en el Estado que administra.
Sin embargo, ese ahínco no se le ve en la forma de gobernar. Baja California atraviesa, como muchos estados del país, por una crisis en materia de seguridad. La impericia del Gobierno Federal encabezado por el Presidente Enrique Peña Nieto para combatir al narcotráfico y al crimen organizado, ha resultado en el crecimiento de las mafias en México. A los cárteles tradicionalmente impunes, como el de Sinaloa, Arellano, del Golfo, de Juárez, se sumaron estructuras criminales como Beltrán Leyva, La Familia, Los Rojos, La Línea, y el más violento, Cártel Jalisco Nueva Generación, entre muchos otros, decenas de otros.
Baja California y su frontera no han quedado exentas de la presencia criminal y se nota. La diferencia radica en que ya no se registra la presencia de los grandes capos como en el pasado. Aquellos andan a salto de mata no tanto por una autoridad que los persigue de manera férrea y comprometida, de hecho algunos no tienen ni orden de aprehensión, sino para ponerse a salvo de vendettas.
Los tres cárteles que delinquen en Baja California, Cártel Jalisco Nueva Generación, Cártel de Sinaloa y Cártel Arellano Félix, están siendo manejados por células dispersas y por narcomenudistas que pelean las calles, mientras el trasiego a gran escala se dirige desde el centro del país. Esta condición, la preponderancia de delincuentes de baja escala o narcopoquiteros que pelean el territorio, ha incrementado los niveles de violencia e inseguridad, al amparo de una delegación de la Procuraduría General de la República con serias y fundadas sospechas de corrupción no solo en la tropa, sino en la titularidad, y una pobre actuación de la Procuraduría General de Justicia del Estado, debido más que a la incapacidad, a la indiferencia por temor del tema.
En las últimas semanas, los bajacalifornianos hemos sido testigos de las ejecuciones que se cuentan por docenas. El 85 por ciento de las cuales están en la impunidad ante la falta un Ministerio Público eficiente. La impunidad, la corrupción, la inseguridad y la violencia, son temas que el gobernador Francisco Vega de Lamadrid no toca pero ni con el meñique, mucho menos con la seriedad y responsabilidad que amerita un fenómeno delictivo que vulnera a la sociedad y atenta contra la vida de las personas.
En el gobierno de Vega, Baja California ha regresado a las listas negras. Especialmente a la estadística de ejecuciones. Hace unos días el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) dio a conocer los números del año 2015, y el “Estado 29” es el número 10 de las entidades con más ejecuciones, homicidios dolosos. Los datos que dieron a conocer en la dependencia fueron así: Estado de México, 2 mil 671 ejecutados; Guerrero, 2 mil 404; Chihuahua, mil 541; Jalisco, mil 229; Sinaloa, mil 89; Ciudad de México, mil 79; Veracruz, 997; Guanajuato, 962; Michoacán, 858; Baja California, 844.
En el recuento de ZETA de los tres primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2015, Baja California también aparece en la posición 10 de la deshonrosa lista, con un total de 2 mil 47 ejecuciones.
La violencia que se registra en la entidad ha sido el origen de alertas de la Unión Americana a sus ciudadanos a no visitar estas tierras, o de hacerlo, tomar precauciones en extremo para salvaguardar su integridad.
De la mano de Vega de Lamadrid, Baja California está regresando a los niveles de inseguridad que se habían superado en los años previos a su toma de posesión en septiembre de 2013. No se conoce ni se ve una política, una estrategia más allá de la que en solitario y en ocasiones encabeza el secretario de Seguridad Pública. Y no se ve, ni se nota, un interés en el mandatario por afrontar el tema y combatirlo.
Entre viaje y viaje, quizá sería bueno que Vega planeara gobernar, para sacar a Baja California de las listas negras de este país.
