Peligrosa minería

Guerrero Negro, Baja California Sur. La incertidumbre cunde sobre la población de la Península de Baja California, a partir del llamado Paralelo 28. En el norte, desde Bahía de los Ángeles hasta Punta Prieta, Santa Rosalilita, Nuevo Rosarito, Cataviña, Villa Jesús María, Morelos y El Arco. En el sur, desde Bahía Asunción hasta Bahía Tortugas, Punta Eugenia, Valle del Vizcaíno y Guerrero Negro. Los casi 60 mil pobladores de la parte norte y sur de los municipios de Mulegé y Ensenada, dentro de las áreas naturales protegidas de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno y el Valle de los Cirios, viven en la zozobra desde que tuvieron conocimiento del proyecto minero “El Arco”, promovido por la compañía Mexicana del Arco, S. A. de C.V.,  propiedad de Germán Larrea Mota Velasco. El principal pendiente -según el empresario Luis Enrique Achoy, de Guerrero Negro-, “es el consumo del agua”, sobre todo porque la operación minera requerirá entre 800 y mil litros por segundo, lo que representaría una extracción calculada de 19.5 millones de metros cúbicos por año. En números fríos, de acuerdo al proyecto, la minera “El Arco” consumiría el 60 por ciento de los 37 millones 827 mil 523 litros del volumen concesionado a 252 usuarios, distribuido de la siguiente manera: * 122 de uso agrícola, que representan el 93.03 por ciento. * 123 de uso público urbano (5.62%). * 6 de uso pecuario y servicios (0.92%). * 1 de uso doméstico (0.43%). Los principales consumidores del vital líquido en esa zona -en base a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA)-, son los 122 ranchos agrícolas, donde se producen hortalizas orgánicas y leche, fuente de empleo para entre ocho mil y diez mil personas. Asimismo, de acuerdo con CONAGUA, otra parte de ese consumo se centra en las ocho cooperativas pesqueras de abulón y langosta que operan en la llamada zona Pacífico Norte, que comprende Bahía Asunción, Punta Abreojos, Bahía Tortugas, Punta Eugenia, La Bocana y Guerrero Negro; algunas de las cuales fueron distinguidas con el Premio Nacional de la Conservación 2009. Según el proyecto de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), el agua que sería utilizada por la minera “El Arco”, pretende extraerse del llamado Acuífero del Vizcaíno, localizado dentro de la Región Hidrológica 2, que abarca las dos Bajas y es integrada por las cuencas de San Miguel y del Vigía, cuyos principales arroyos son el San Luis y el San Pablo. Concretamente -establece el proyecto minero-, “se encuentra en la parte norte de Mulegé y la parte sur de Ensenada, por lo que se trata de un acuífero interestatal, teniendo una área de 14 mil 689 kilómetros cuadrados, de los cuales 2 mil 946 pertenecen a Baja California y 11 mil 914 a Baja California Sur, limitado al norte con Llanos del Berrendo, al sur con la Cuenta de San Ignacio, al Este con la Sierra de San Francisco, y al oeste con el Océano Pacífico”. La cuenca ubicada dentro de la Reserva de la Biosfera del Vizcaíno y el Valle de los Cirios -de acuerdo con datos de la CONAGUA- “presenta una recarga media anual de 41.2 millones de metros cúbicos al año, y una descarga natural comprometida de 3.5 millones de metros cúbicos al año, por lo que presenta un déficit de 0.127 millones de metros cúbicos”. “De ahí que la población se oponga”, expresó el diputado local de Guerrero Negro, Luis Martín Pérez Murrieta, quien el 7 de noviembre de 2013, presentó un punto de acuerdo y solicitó a CONAGUA el estatus de la solicitud de concesiones de uso y aprovechamiento de aguas, tramitados por Mexicana del Arco, S.A. de C.V. y Grupo México del Arco, S.A. de C.V., o cualquier solicitud ingresada en el Estado de Baja California Sur, y de Baja California, que haya planteado operar en la población de “El Arco”.   El proyecto Desde 1995, el poderoso Grupo México del Arco, S.A de C.V.,  propietario del megaproyecto de minera “El Arco”  -según el programa de manejo del área de protección de flora y fauna del Valle de los Cirios-, “prospecta sistemáticamente los yacimientos de cobre, oro y plata en la población de El Arco, en los límites de Baja California y Baja California Sur”. En declaración del diputado panista Luis Martín Pérez Murrieta, la compañía minera detectó un yacimiento estimado en mil 300 millones de toneladas de cobre, oro y plata; por eso, de inmediato procedió a rentar cerca de 50 mil hectáreas por 30 años de las parcelas números 108 Z-1 P1/1 y 109 Z-1 P1/1, propiedad de Gabriel Castro Lara y Melchor Ávalos Anguiano, respectivamente, localizadas en el poblado El Arco, del Ejido El Costeño, en Ensenada, Baja California. Los planes del “Arco” –según el proyecto de la empresa minera y los dictámenes-, son extraer 190 mil toneladas de cobre, y 150 mil toneladas de oro al año, “había identificado una fuente de agua para las operaciones de lixiviados de aproximadamente 170 millones de toneladas de material mineralizado, determinándose un potencial hídrico cercano a los 200 mil litros por segundo”. Asimismo, de acuerdo con la MIA,  “explotar la minería de tajo abierto con capacidad de extracción de cien toneladas por día de minerales como cobre catódico, oro, plata y molibdeno”. El monto de la inversión del proyecto asciende a mil 452 millones de dólares, donde se generarían entre 500 y mil nuevos empleos en esa zona que tuvo un gran auge minero en el Siglo XX, y después de terminarse, solo tiene “pueblos fantasmas”, como los poblados de Pozo Alemán, Calmallí, El Mármol y El Arco. Según un especialista en minería consultado por ZETA, “la explotación a cielo o tajo abierto por lixiviación con cianuro, en el caso de la extracción de oro, es una técnica minera altamente depredadora y contaminante de suelo, agua y aire”. En palabras del experto, ese tipo de minería “es de profundidad en terrenos donde el mineral metálico se encuentra disperso en la tierra en bajas concentraciones, por lo que se requiere la remoción de capas de excedente, es decir, la tierra y rocas que están encima o junto al metal buscado. En la mayoría de los casos, previamente a la remoción, se requiere retirar del terreno la capa superficial de tierra orgánica que permite el crecimiento de la vegetación en la superficie que se encuentra sobre el yacimiento”. Por si fuera poco, “la minería a cielo abierto requiere del uso de maquinaria pesada, usualmente excavadoras y camiones de carga, e incluso de explosivos y maquinaria pesada, por lo que se tienen que abrir cráteres de más de dos kilómetros de diámetro, con profundidades que sobrepasan los 500 metros; algunas de las cuales exceden la profundidad del acuífero, y cuando sucede eso, el agua subterránea es bombeada para permitir el minado, formando usualmente un lago en el tajo al termino de las operaciones y, después de terminar el bombeo de agua, se van extrayendo las rocas que contienen los minerales para pasar a otro proceso”. El especialista advirtió que lo más preocupante es el proceso de lixiviado, que consiste en agrupar el material molido en forma de pilas, constantemente rociado con agua previamente mezclada con sustancias altamente tóxicas. En el caso de oro, plata y cobre, el agua es mezclada con cianuro, mientras que los otros minerales, suelen ser ácido sulfúrico, plomo u otros metales pesados, los cuales son lavados por varios días –algunos hasta por 60-, por lo que durante todo este proceso se registran altas concentraciones del llamado “coctel venenoso”, que es conducido hacia la planta de procesamiento donde se separa el metal y el mineral para el proceso final. Según el consultado, en base a cálculos y estudios elaborados, el 20% del agua y sustancias tóxicas mezcladas que quedan en el depósito de desechos, suelen evaporarse y forman millones de metros cúbicos de desechos líquidos y barros altamente contaminantes, los cuales finalmente, son depositados en el suelo, en embalse de almacenamiento a través de un dique de protección.   La veda El empresario y prestador de servicios turísticos de Guerrero Negro, Luis Enrique Achoy, consideró que los pobladores “estamos muy preocupados, sobre todo porque sabemos que si el gobierno no ha sido capaz de  asegurar el abasto de agua a la población, es naturalmente preocupante que la minera ‘El Arco’ inicie operaciones y termine de llevarse lo poquito que nos llega”. Durante una entrevista con ZETA, afirmó que “la población tiene sed”, ya que “no tenemos un abasto eficiente de agua y vivimos del tandeo de que un día hay agua, otro no y otro tampoco”, y “estamos preocupados que vayamos a tener mayores problemas en un futuro no muy lejano”. Desde su punto de vista, el proyecto minero “El Arco” será “un detonante económico” que “evidentemente superara el abandono en que nos tiene sumido el gobierno en la parte norte del estado”, pero ambientalmente, “tenemos temor de los efectos secundarios, sobre todo por el tema del agua”. Hoy por hoy, la mayor presión en contra del proyecto minero en esta región proviene de los ranchos agrícolas y ganaderos, donde más allá del abasto de agua hacia la población, el centro del debate es que “bajaría la cuota del agua” y “el riesgo de ser contaminada por el uso de arsénico”. El presidente del Comité Técnico de Aguas Subterráneas (COTAS) en el Valle del Vizcaíno, Luis Arturo Villalobos, se dijo preocupado porque “el proyecto minero desgraciaría la vida de las futuras generaciones”, por lo que advirtió: “No vamos a dejar que eso suceda, vamos a luchar muy duro por nuestra agua, medio ambiente y la supervivencia de todas nuestras familias”. De igual manera, citó que “el elevado consumo de agua de la minera ‘El Arco’ agotaría rápidamente el Acuífero del Vizcaíno y pondría en riesgo a los más de 50 mil pobladores de la zona norte del estado, y los casi 10 mil de la zona sur de Ensenada”. El representante de COTAS recordó que “la disponibilidad media anual de agua subterránea del Acuífero del Vizcaíno es de 0.0 metros cúbicos anuales, se encuentra en una zona en la que la precipitación media anual es de las más bajas del país, lo que significa que las extracciones que se pueden permitir, son para uso doméstico, servicios y agrícolas, derivado de que son limitadas”. Datos recabados por ZETA en base a información publicada en el Diario Oficial de la Federación, refieren que el 15 de mayo de 1965, la -entonces- Secretaría de Recursos Hidráulicos decretó como “zona de veda”  la Península de Bajas California, porque “se han venido realizando en forma excesiva extracciones de aguas subterráneas, ocasionando serios perjuicios a los aprovechamientos actuales, cuya protección y conservación es de interés público”. Según el decreto, la veda  por tiempo indefinido comprendió toda la Península de Baja California, donde a excepción del uso doméstico, desde la vigencia del decreto, nadie podría extraer agua del subsuelo sin previo permiso y por escrito. “La Secretaría de Recursos Hidráulicos concederá permisos únicamente en los casos en que los estudios relativos adviertan que no se causaran los perjuicios que con el establecimiento de la veda tratan de evitarse”, transcribe el decreto firmado por Antonio Ortiz Mena, secretario de Hacienda y Crédito Público durante la administración del ex Presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz. El 31 de enero de 2003, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), encabezada por Cristóbal Jaime Jáquez, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo en el que se dieron a conocer los límites de 188 acuíferos en México, para determinar la disponibilidad media anual de agua y sus planos de localización, donde obviamente se encontraba el Acuífero del Vizcaíno. De acuerdo con el decreto presidencial y basado en estudios técnicos, tomando en cuenta características, comportamiento, recarga, descarga natural, extracciones y el cambio de almacenamiento, la Península de Baja California permanecía en el estatus de “zona en veda”, donde -según el Artículo 5 del decreto- “en los casos en que la disponibilidad de agua subterránea sea nula o exista un déficit, no podrán otorgarse concesiones o asignaciones sobre volúmenes adicionales del recurso, salvo aquellos casos en que el trámite para la regularización de los aprovechamientos, se realice mediante adhesión a facilidades administrativas que para tal efecto otorgue la legislación o el Jefe del Ejecutivo Federal”. Pero llegó 2009, y el 28 de agosto, la SEMARNAT, presidida Por José Luis Luege Tamargo, actualizó la información sobre la disponibilidad media anual de agua subterránea de 282 acuíferos, y se modificó para su “mejor precisión”, la descripción geográfica de 202 acuíferos en México. Los resultados presentados  en el decreto presidencial, fueron los siguientes: * 41.2 millones de metros cúbicos de recarga media anual. * 3.5 millones de metros cúbicos de descarga natural comprometida. * 37 millones 827 mil 523 litros de metros cúbicos de volúmenes concesionados de agua subterránea. * 0.0000 de disponibilidad media anual de agua subterránea. * 0.127 millones de déficit de metros cúbicos. Por si fuera poco, sospechosamente fueron creados los acuíferos de Bahía de Los Ángeles, Villa de Jesús María, San Fernando-San Agustín, Jamau, y por supuesto, Llanos del Berrendo, a pesar de que todos están dentro del Acuífero del Vizcaíno.   Las irregularidades Pese a estar dentro de la “zona de veda” y literalmente restringidos por un decreto presidencial, el 19 de octubre de 2009, con base en documentos en poder de ZETA, el entonces director general del organismo de la Cuenca Península de Baja California, Ismael Grijalva Palomino, otorgó autorización para que la compañía minera de “El Arco” realizara cuatro obras nuevas y perforara los pozos Arco-5, Arco-8, Arco-10 y Arco 12, con carácter de prueba, a fin de obtener información suficiente para determinar la productividad real del acuífero y ajustar el balance geohidrológico. Bajo el expediente BCA-O-1228-22-06-09, el directivo respondió así a la solicitud entregada el 10 de junio de 2008, al representante legal de Mexicana del Arco, S.A. de C.V., Remigio Martínez Muller, donde pedía autorización para perforar ocho pozos de agua y realizar pruebas de producción y bombeo. En la exposición de motivos, el directivo de la minera expuso que “sabía que se habían realizado investigaciones geohidrológicas del subsuelo mediante sondeos geofísicos, exploración directa mediante la perforación de pozos de observación, prueba y monitoreo en el arroyo San Luis, y estudio geohidrológico para determinar la disponibilidad de agua subterránea en el acuífero Llanos del Berrendo, en el Estado de Baja California”. De acuerdo a los trabajos de investigación realizados y para complementar estos estudios, “se requiere llevar a cabo pruebas de bombeo y producción, donde la propuesta es que la construcción de los pozos será de 300 metros de profundidad y se perforara de 0.00 a 12 metros con diámetro de 60.96 centímetros, para colocar un contra adame liso de acero de 50.8 centímetros de diámetro, un mortero de cemento, arena y agua entre el espacio anular,  y la formación rocosa para la protección del brocal. “El objetivo de estos pozos, es probar la capacidad de producción de cada pozo, con el propósito de diseñar un campo de pozos de explotación de agua subterránea para abastecimiento del proyecto minero”, transcribió. La dirección técnica y la jefatura de proyecto de aguas subterráneas de la CONAGUA, otorgó el visto bueno, firmado por Carlos Gómez Arias y José Francisco Téllez Gámez. Como era de esperarse, la presunta irregularidad provocó la intervención de la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, del Senado de la República, donde después de un análisis y estudio, se llegó a la conclusión de que “se omitió la consideración de los efectos secundarios en el acuífero, asociados el megaproyecto minero ‘El Arco’, por las miles de personas que dependían de este cuerpo de agua para el desarrollo de actividades productivas y de autoconsumo, y garantizar su calidad de vida en un ambiente hostil y complejo”. El entonces director general de CONAGUA, José Luis Luege Tamargo, incluso fue citado a comparecer el 28 de septiembre de 2010 en la Cámara alta, donde claramente expuso que “por ningún motivo nosotros podemos permitir una perforación donde está un acuífero, y tengan la seguridad de que yo daré en este momento la instrucción de la clausura inmediata de cualquier obra que se muestre y no tenga permiso, y por supuesto, coincido que es un hecho lamentable que se perforen en zonas de veda sin autorización, evidentemente eso sería punible mediante la imposición, desde luego que primero la clausura y después la multa a la que se harán responsables los acreedores”. Y efectivamente, los permisos de exploración fueron cancelados, tal y como confirmó el nuevo director general del Organismo de Cuenca de la Península de Baja California, Eduardo Ledesma Romo: “Hasta este momento la institución no ha otorgado concesiones para aprovechamiento de agua a la compañía minera de ‘El Arco’”. A raíz de la denuncia del diputado Luis Martín Pérez Murrieta respecto a que la compañía minera, aprovechando el otorgamiento de perforación de cuatro pozos, hizo nueve más de forma indebida e ilícita, el directivo de CONAGUA aclaró: “Actualmente se lleva a cabo un estudio del manejo integral de los acuíferos de El Vizcaíno y Llanos del Berrendo, del que se trabaja de la mano del Comité Técnico de Aguas Subterráneas del Valle del Vizcaíno”. Dicho sea de paso, este último rechazó tal versión. Por su parte, la organización dirigida por Luis Arturo Villalobos denunció “el intento de madruguete de CONAGUA, en una burda maniobra para favorecer a la compañía minera ‘El Arco’, dividiendo los límites del acuífero de El Vizcaíno y creando el acuífero Llanos del Berrendo. “La intención es dividir geográficamente el acuífero interestatal del Vizcaíno, bajo el argumento de que están actualizando la disponibilidad de agua, pero el trasfondo es sacar adelante el permiso del lado de Baja California y utilizar el agua que es de Baja California Sur, porque de antemano saben que aquí la gente se puso difícil, y no nos vamos a dejar”, arengó el líder de COTAS. El director de la Comisión Nacional del Agua, Eduardo Ledesma Romo, lo negó, para precisar que “la institución velará por el uso sustentable del recurso, donde vigilarán que no se ponga en riesgo el agua ni se pisotee la Ley en la materia”.