más de 160 millones de pesos que el Poder Judicial del Estado requiere para arrancar de manera eficiente el sistema de justicia oral en materia laboral
Nuevamente, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo de Baja California, ignoraron las necesidades del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Consejo de la Judicatura, dejando a su suerte la implementación del sistema de justicia oral laboral que debe entrar en vigor a partir del 1 de octubre de 2021, para lo cual -según un estudio de viabilidad hecho para el estudio de los magistrados- requerían 160 millones de pesos para un óptimo funcionamiento. En lugar de eso, los poderes Legislativo y Ejecutivo otorgaron cero pesos, pese a que se trata de una obligación constitucional.
