Por ahora todas las investigaciones de corrupción continuarán en la Fiscalía General del Estado. Mientras los diputados no reformen la Ley que aprobaron a ciegas y que construyó una Fiscalía Anticorrupción de papel, esta no funcionará. Sin recursos, sin personal, sin edificio, sin representación, no se puede, por más austeridad que enarbole el titular del Poder Ejecutivo de Baja California.
