El lunes 22 de noviembre del 2021, el Presidente de la República cruzó el único río de autoritarismo que le faltaba: atentar contra la Constitución. Su firme decisión no tiene vuelta para atrás, ni para él ni para su ejército de leales: publicó un Decreto, donde declara de “interés público” y “seguridad nacional” todas las obras de infraestructura que se le ocurran, todas, en un catálogo genérico e incierto.
