Aunque no está planteado como exigencia en la Ley de Bienes del Estado de Baja California, “la autoridad tiene que justificar el fin legítimo, debería de haber un estudio científico para ver si el beneficio que se dará a la UABC justifica el perjuicio que se le daría a la ciudadanía al mover las dependencias”, expuso el 12 de marzo ante el Grupo Madrugadores, Sergio Bravo Gibert, doctor en Derecho Constitucional y miembro certificado de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE).
