Nuevamente, el Congreso del Estado y el Poder Ejecutivo de Baja California, ignoraron las necesidades del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y el Consejo de la Judicatura, dejando a su suerte la implementación del sistema de justicia oral laboral que debe entrar en vigor a partir del 1 de octubre de 2021, para lo cual -según un estudio de viabilidad hecho para el estudio de los magistrados- requerían 160 millones de pesos para un óptimo funcionamiento. En lugar de eso, los poderes Legislativo y Ejecutivo otorgaron cero pesos, pese a que se trata de una obligación constitucional.
