La Constitución mexicana no es un adorno para discursos patrióticos. Es un límite. Y el Artículo 32 es uno de los límites más contundentes: para ocupar cargos como Diputado Federal, Senador o Gobernador se requiere ser mexicano por nacimiento y no haber adquirido otra nacionalidad. No es una recomendación. No es un matiz. Es una prohibición absoluta.
Si habla de Jaime Bonilla, que cruzó la frontera para dirigir el Distrito de Agua de Otay y afiliarse al Partido Republicano y terminó cobijado por quienes hoy se dicen distintos, dígalo también.
