El 7 de septiembre, por unanimidad con 10 votos a favor, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la criminalización total del aborto. No obstante, a pesar del fallo, por rezagos en materia legislativa, en Baja California Sur ha continuado la persecución de mujeres que deciden recurrir a la interrupción del embarazo.