El debate durante 2019, antes y después de las elecciones constitucionales, era saber si lograríamos tener en Baja California un fiscal verdaderamente autónomo, de avanzada, que viniera de manera efectiva a modernizar la procuración de justicia, cada vez más cuestionada, ineficiente y rebasada. En la sesión ordinaria del 10 de octubre del 2019 del Congreso del Estado, sus diputados le comunicaron a los bajacalifornianos que esto no sería posible.
