Tras la abrupta salida de la directora de Bienestar Municipal, Ayerim Magallón Granados, del gobierno de Ensenada, las acusaciones por agresiones, intimidaciones y presuntos actos de corrupción no han cesado entre el grupo de mujeres que en su momento lideraron el movimiento del Partido del Trabajo (PT), encabezado por el ex diputado federal y estatal, Armando Reyes Ledesma.
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Baja California no sólo tiene que luchar contra un repudio popular tan grande que lo mandó a la lona electoral en el pasado proceso de 2024; también debe enfrentar la losa de las multas y los compromisos de pago.
Tan reciente como en junio, un narcotúnel fue localizado en la zona fronteriza de Tijuana en lo que se conoce en ambos países, Estados Unidos y México, como Otay. La construcción subterránea estaba localizada a menos de 200 metros del muro fronterizo que divide las californias. Inicialmente, el hallazgo fue en territorio norteamericano, y autoridades de aquel país solicitaron colaboración de las mexicanas para encontrar la parte de acceso en esta ciudad.
El gobierno municipal de Claudia Agatón Muñiz, inició con un equipo compacto en el que predominaba la presencia de funcionarios con una trayectoria común dentro del Partido del Trabajo, mismo que con los meses se ha desmoronado tras una serie de cambios exprés en áreas clave como Jurídico, Administración Urbana, Seguridad Pública, Oficialía Mayor, Tesorería y otras direcciones que no han sido oficialmente anunciadas.
Fue a través de un comunicado de ISSSTECALI que se dio a conocer una lista de trabajadores que dejarían de prestar sus labores por diversos motivos de jubilación y pensión anticipada, donde destacó el nombre de la trabajadora estatal, a quien con frecuencia se le veía en agendas de trabajo de Guerrero Luna, gozando de cabal salud, sin malestares aparentes y sin mayores problemas.
Sin pudor, con todo el control, con cámaras captando su imagen en todo momento y con un auditorio municipal que “llenó”, el notorio “empresario” Fernando Salgado Chávez se lució en un acto de su fundación –por cierto, en la opacidad en el Registro Público oficial al no aparecer registro de la misma– en la entrega de 2 mil 400 becas a tijuanenses. Para vestir su acto, tuvo un sólo invitado en el presídium: el alcalde Ismael Burgueño.
Don José Galicot Behar, empresario, altruista y la mente creadora de Tijuana Innovadora, recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad ORT México, una institución académica fundada en Rusia en el año 1880 que se distingue por programas educativos enfocados al desarrollo social y la profesionalización del sector social.
El nombramiento del ex procurador de justicia de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, en la dirección Jurídica del Ayuntamiento de Ensenada causó sorpresa, especialmente por el historial del cachanilla como alto mando de seguridad tanto en este estado como en el vecino.
El teniente coronel Julián Leyzaola Pérez no cumplió ni cuatro meses e la administración de la alcaldesa Norma Bustamante, a quien se lo impusieron como director de Seguridad Pública, pero esos escasos días le resultaron en un finiquito de 82 mil pesos. Lo que algunos consideran oneroso, dado que, por el corto tiempo de la estadía del teniente, no le dieron tiempo de dar resultados.
Gustavo Medina Contreras ha tenido diversos y muy buenos padrinos en su larga carrera por el Poder Judicial en Baja California. Desde el sexenio de Francisco Vega de Lamadrid, cuando es su calidad de magistrado súper numerario, suplió durante los seis años de esa administración a la magistrada Perla Ibarra, luego que solicitó licencia para encabezar la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado.
