Las buscadoras, que financiaron su traslado con recursos propios y colectivos, enfrentan amenazas, robo de materiales y cuestionamientos oficiales sobre su financiamiento.
La SEGOB investiga el financiamiento del traslado de buscadoras de Jalisco, en un contexto de tensión entre la protesta y el operativo de seguridad mundialista.
Desde 2010, 43 buscadoras y buscadores han sido asesinados en México, cifra que los colectivos denuncian ante autoridades y organismos internacionales.
La FGJES confirmó mediante prueba de ADN la identidad de los restos hallados el 24 de marzo en Hermosillo; ocho presuntos responsables investiga la autoridad.
No se requiere sabiduría para la respuesta a ese y muchos delitos que sufre la sociedad: incapacidad de identificar a los destructores de vidas y castigarlos. Eso además daría paz a las familias y posibilidad de encontrar “aunque sea un huesito”, como declaró un sufrido padre de familiar “para enterrarlo y saber dónde quedó”.
