El contratito que Bonilla defiende con mucho ahínco, es de 44.3 mil millones de pesos, con un consorcio de empresas, y endeuda a la administración de Baja California por los siguientes 30 años. Además, en caso de cancelarse, firmaron un abusivo contrato que “obliga” a la administración estatal de Marina del Pilar Ávila Olmeda, a pagar unos certificados de inversión por 6 mil millones de pesos.
