El Centro Integrador del Migrante de Mexicali (CIM) resultó ser una pifia en todos los sentidos. Desde el fracaso en su instalación, la operación de funcionarios y hasta el dinero gastado por un proyecto del que solo fue beneficiada una empresa, pues el proyecto -según un contrato en poder de CachanillaZ- obligaba al Gobierno de México a pagar 1.9 millones de pesos mensuales, por lo que terminó siendo un “gran almacén” de alimentos, camastros, agua y cobijas para atender hasta 3 mil 500 personas y que durante un año permaneció bajo resguardo, como si nadie lo necesitara.
