Las autoridades abrieron carpeta de investigación y activaron protocolos de seguridad estatales tras el ataque ocurrido en el municipio de Corregidora.
La ONG documentó un índice de impunidad del 99.6 por ciento y más de 72 mil cuerpos sin identificar, cifras que respaldan el llamado a intervención internacional.
La resolución de la FGR fue conocida por las víctimas a través del expediente, no mediante comunicación pública, lo que motivó la impugnación judicial.
