La presentación evidencia un contexto de presión política interna e internacional creciente, en vísperas de los procesos electorales mexicanos de 2027.
La expansión de la videovigilancia en México prometía mejorar la seguridad. En la práctica, fallas técnicas, falta de acceso a la información y debilidades institucionales han limitado su impacto, pero no sus utilidades económicas.
