El indicador de seguridad de RSF coloca a México más abajo que zonas de conflicto activo; diez periodistas asesinados bajo resguardo estatal evidencian fallas estructurales de protección.
La SRE y la FGR revisaron la solicitud del DOJ y determinaron que carece de pruebas suficientes para actuar conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.
