La SRE y la FGR revisaron la solicitud del DOJ y determinaron que carece de pruebas suficientes para actuar conforme al sistema penal acusatorio mexicano.
La persona detenida se encuentra bajo custodia de las autoridades de ese país, en tanto se realizan las gestiones necesarias para formalizar su extradición a México.
La FGR condicionó la extradición a que EE.UU. acredite sus pruebas conforme a la legislación mexicana, mientras la oposición exigió la desaparición de poderes en Sinaloa.
La SRE advirtió que las solicitudes de extradición recibidas no incluyen pruebas, mientras el PAN, el PRI y MC exigen la separación inmediata del gobernador sinaloense.
La DEA señala que el esquema corrupto incluyó pagos de millones de dólares a funcionarios que filtraban información y cubrían operaciones del cártel en Sinaloa.
