Locatarios acusaron que un presunto desvío irregular en el trazo del proyecto afectaría a más de 70 negocios y pondría en riesgo alrededor de 600 empleos; además, amagaron con impedir el avance de las obras.
La presidenta del INE exigió que la ley deje en manos de la FGR, UIF, CNI y CNBV, y no del instituto, la determinación de "riesgo razonable" en candidaturas.
El acuerdo, que implicó un descuento de 37 por ciento sobre el adeudo original de 51 mil millones de pesos, representa el mayor pago por un crédito fiscal en la historia de México.
