Francisco Arturo Vega de Lamadrid, el próximo gobernador de Baja California, es de los que saben levantar una barrera de la nada. Dicen quienes lo conocen, que para lograr sus objetivos, puede llevarse con quien sea necesario, hasta hacerlo sentir el colaborador más importante a su alrededor. Pero que una vez, lograda la meta, les aclara: no era para tanto. Las relaciones vuelven a lo mismo, o de plano se enfrían. En estas circunstancias, dicen, efectivamente pocos tienen asegurado un cargo en la siguiente administración, pero nadie puede decirlo. Por ejemplo, Salvador Morales cree, en estos momentos porque le confiaron una buena parte de la transición, que ya amarró la Secretaría de Gobierno. Al menos así se lo ha dejado sentir el electo. Pero el escenario una vez en el poder, podría ser distinto. Lo mismo es acreditable al resto de los empleados que Vega ha nombrado en el equipo de transición (por cierto ¿Alguien ha visto a Sócrates Bastida? Porque cuando Vega de Lamadrid lo sacó del PAN estatal, por haber promovido al calderonista Cuauhtémoc Cardona Benavides para líder de la fracción del PAN en el Congreso, a sabiendas que Vega es del ala de Santiago Creel, dijeron que salía del partido para irse al equipo de transición, cuando la realidad es que nadie lo ha visto en esos terrenos. ¿O sí?), no pueden asegurar que tienen la chamba. Y vaya, ante el silencio del gobernador electo, ante primero su salida por motivos de vacaciones, y luego por irse a placear a la Ciudad de México so pretexto de la no homologación del IVA, a Vega se le ha olvidado el compromiso aquel que hizo de dar a conocer los nombres de quienes integrarían su gabinete, para que la sociedad los auscultara. En esta incertidumbre sobre el futuro de la administración pública en Baja California, pues sale de todo. Los que se auto promueven como Ismael Chacón Güereña para la Procuraduría, los que están aferrados, adentro, pero no trabajan, como Antonio Valladolid a Finanzas, a la que quieren sacar del Tribunal Superior de Justicia pero no se deja, Perla Ibarra; el que se quiere colar en desarrollo social, Ricardo Magaña; los que dicen que están congelados, Jesús González Reyes y Jorge Ramos (asegún este último, porque ninguneó a empresarios mexicalenses que ya tenían acuerdo con Vega para obras). Aquellas que están en cualquier gobierno, como algún Escobedo, otro Morales. Y ahora llegan los recomendados. En la oficina de Francisco Vega cuentan que el Gobernador José Guadalupe Osuna Millán, como no queriendo, le hizo cuatro recomendaciones a Kiko Vega, por si quiere, desea, u obedece, quedarse con ellos que son actualmente funcionarios del Gobierno del Estado. Se trata de, Renato Sandoval Franco, Secretario del Trabajo, Raúl Leggs, Oficial Mayor, Pablo Alejo López Núñez, Secretario de Desarrollo Social, y Daniel de la Rosa, Secretario de Seguridad Pública. Vega, que es –como expliqué al inicio de esta columna– condescendiente cuando es necesario, dicen sus subordinados que solo atinó a hacerle una pregunta al Gobernador: ¿Y a tu hermano no me lo recomiendas? La respuesta, cueeeentan los kikistas, fue que a ése, ya Vega lo traía para Salud, por tanto no era necesario recomendarlo. O sea, a la incertidumbre de los auto promovidos, de los que quieren, de los que sueñan, de los congelados, de los colados y los que creen que la merecen, ahora se suman los recomendados. Y Vega, pues nada. No da color ni norte. Y si se acerca el 20 de octubre sin a ver humo azul, la cosa se retrasará, pues el gobernador electo asistirá, del 22 al 26 de octubre a Baja California Sur, para participar en el Torneo Bisbee’s Black and Blue 2013, la justa más famosa del mundo de la pesca exclusiva, y donde la bolsa para el ganador se compone este año de 4 millones de dólares, para quien atrape el marlín más grande. Francisco Vega, ya ganó en torneos de pesca, por lo menos 300 mil dólares en años recientes, y siendo un asiduo cazador, pescador y habitante honorario de Los Cabos, y Baja Sur en general, pues no perderá la oportunidad de asistir a la justa e incrementar su polémica fortuna (por cierto –otra vez– ¿qué pasó con la denuncia que ante la PGR, presentaron los priistas encabezados por Nancy Sánchez, contra Vega por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero, peculado y lo que resulte? ¿Será que era show? ¿Será que la PGR la congeló?) con unos cuantos cientos de miles de dólares más, o si tiene suerte en su estrategia de pesca, unos cuantos milloncitos de billetes verdes. Total, es más importante el exclusivo torneo, que informar a los bajacalifornianos a quienes gobernará. ¿No?

Chris López Alvarado quiere ser alcalde de Tijuana, pero no quiere votar abiertamente contra la homologación del IVA que tasaría ese impuesto al 16 por ciento en este estado respecto del 11 por ciento que hoy representa. El señor López pidió el voto en el 2012 para convertirse en Diputado Federal por el Distrito 6 de Tijuana que comprende la zona costa; se comprometió con sus electores a defender sus intereses, a aprobar aquellas iniciativas que les trajeran un beneficio, y actuar con responsabilidad. Sin embargo, en los últimos días, el joven legislador federal le ha dado la espalda a los bajacalifornianos, particularmente a los electores de su distrito, a quienes juró proteger y velar por sus intereses. Chris López no defendió la independencia de su compañera diputada federal, Doña Carmen López Segura, de votar contra la homologación del IVA que tanto daño hará a los bajacalifornianos. Pero aparte, no conforme con darle la espalda a la mujer priísta, Chris López se quedó con su posición. López se ha enredado en un galimatías para intentar justificar dar la espalda a los intereses de los bajacalifornianos. Se atraganta con sus palabras cuando dice que su voto, como el del resto de los priístas -a excepción de López Segura-, será “diferenciado”. Que apoya la reforma del Presidente que grava con más impuestos la vivienda, que cobrará por las importaciones temporales de la maquila, que tasará las colegiaturas, que le pondrá IVA a la vivienda, que incrementará el IVA al 16 por ciento, pero que en este último caso se reservará; sin considerar que todos los aspectos antes mencionados, dejarán la de por sí débil economía fronteriza, hecha trizas. Vaya testarudez de este diputado que falta a su palabra de velar por los intereses de los bajacalifornianos. De llegar a votación la reforma de Enrique Peña Nieto, tal cual está, no se someterán a elección párrafos, o por propuestas, sino en su parte integral. Quizá pueda votar a favor de su Presidente y de su partido, y hacerlo bajo protesta, pero ni siquiera eso aclara. ¿Cómo será posible que en tres años el diputado López regrese a Tijuana a pedir el voto para ser alcalde? ¿Qué garantía tendrán los tijuanenses de que entonces sí, cumplirá su palabra? El señor ni siquiera ha dado la cara a sus electores, menos a los ciudadanos de este gran estado que se encuentra ante la incertidumbre económica en caso que prospere la reforma peñista. No votar por el señor López sería lo conducente en el futuro. No votar por él si quiere ser alcalde, o no votar por él si aspira a ser senador. No en estas condiciones. Él, como joven líder, debería seguir los pasos de doña Carmen López Segura, y pagar el costo político ante su partido, pero no dar la espalda a sus gobernados. Es una pena que los jóvenes políticos tengan una actitud tan vieja, tan de entreguismo, de sumisión y oficialista, en tiempos de modernidad, libertades, independencia y derechos. Lo mínimo que se esperaba de López, era, primero, que se opusiera a la reforma hasta en tanto no sacaran de la mesa la homologación del IVA en la frontera; y segundo, que no aceptara ser coordinador de la fracción bajacaliforniana del PRI, dado la indigna manera en que ese partido se deshizo de doña Carmen López, solo porque defendió su independencia y respaldó a los bajacalifornianos a los que representa, en una actitud congruente de oponerse a una iniciativa centralista que perjudica a los de su tierra. Si Chris López quiere un futuro en la política de Baja California debería fajarse, independizarse y estar con quien debe estar, con el pueblo que lo eligió, y no con el gobierno que no lo considera. Él representa al Poder Legislativo, autónomo del Poder Ejecutivo y del Poder Judicial, por tanto es tan válido como lógico, que un diputado tenga un pensamiento distinto al Gobierno Federal. Ser del mismo partido no significa que los diputados deban ser sumisos y entregados al Presidente de la República; podrán serlo cuando hayan coincidencias, pero no deben someterse cuando las discrepancias son tan grandes, que empeñan el futuro económico y social de Baja California. De continuar con esta posición, de mantener Chris López su postura de dar la espalda a los bajacalifornianos en su calidad de “líder” de la fracción priísta de diputados federales de Baja California, lo conducente es no votar por él en el futuro. Como también exigirle cuentas a Ana Lilia Garza Cadena, diputada federal del Verde que se reúsa a tomar una posición abierta respecto a su voto frente a la propuesta de homologación del IVA en la frontera. Igual, emplazar al resto de diputados federales del PRI, que como su convenenciero líder Chris López, dicen que apoyan la propuesta de Peña y que por lo tanto su voto será “diferenciado”: Fernanda Schroeder, David Ruiz Gutiérrez, Mayra Robles Aguirre, Virginia Martínez, Benjamín Castillo y Ricardo Medina. Al parecer a estos priístas se les olvida que no fue Enrique Peña Nieto, ni Manlio Fabio Beltrones, quien les dio el triunfo, sino los bajacalifornianos a quienes ahora están dando la espalda. 

No solo el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, ha destacado estos últimos días por su falta de tacto político y ausencia de sensibilidad, ante los cientos de miles de mexicanos que sufren los daños -en muchos casos irreparables- de los fenómenos climáticos “Ingrid” y “Manuel”, que literalmente han hundido una parte del país. La Iglesia Católica, por ejemplo, ha brillado por su ausencia de solidaridad. Hasta el jueves 19 de septiembre por la tarde, en el Arzobispado de Tijuana no había centro de acopio alguno, ni por temor a Dios se  había organizado una colecta de víveres o enseres para enviar a aquellos que en estos momentos, harto lo necesitan. Muchos mexicanos lo perdieron todo. Incluso la vida de familiares. Casas totalmente enterradas por aludes, hundidas bajo el agua de un río desbordado. Sepultadas en escombro de lodo y más. Tan solo en Acapulco se habla de cinco mil hogares afectados, cantidad similar en Chilpancingo. Mismo escenario en Veracruz, en 33 municipios de Tamaulipas, en otros tantos de Michoacán, en Sinaloa, en Oaxaca. Caos por doquier. Y no hay dinero que alcance, la burocracia mexicana y la voracidad en la política partidista que normalmente impera en el ejercicio del gobierno y del presupuesto, termina lastimando a quienes más lo necesitan. En esta edición de ZETA hay información, en las páginas principales, sobre los centros de acopio en Baja California para llevar ayuda a otros estados de la República. Ante la tragedia dejada por las tormentas, la corrupción, el caos urbano, la irregularidad y la incapacidad gubernamental, no queda más que solidarizarnos con quienes más lo requieren en estos aciagos momentos. Es difícil ver las imágenes de personas peleando por una botella de agua, de niños guarecidos en húmedos colchones; gente recurriendo al saqueo como fin para la supervivencia ante la desatención de los gobernantes y políticos. El Presidente Peña y su gabinete han acudido a los sitios del desastre a tomarse la foto, a escuchar sin comprometer, a dar una esperanza con su presencia que no se materializa con la ayuda rápida, necesaria. Realmente extraña que instituciones no gubernamentales,  la Iglesia y otros grupos, no hayan demostrado su solidaridad instando a otros a donar lo que se requiere para ser enviado. El mismo jueves 19 de septiembre, en el colmo de la insensibilidad, el Arzobispo Rafael Romo Muñoz, promovía en los diarios la celebración de su torneo de golf en el exclusivo Club Campestre de Tijuana, en lugar de hacer un llamado para ayudar a quienes en otros estados, más lo requieren. En mismas ediciones el gobernador daba apoyos a empresarios y anunciaba inversiones añejas. Si bien es cierto, el país no debe paralizarse por la tragedia que atraviesan cientos de miles de mexicanos, sí es necesario que la ayuda se pida, se envíe y llegue a los damnificados, que no terminen desamparados por los ciudadanos, como han sido abandonados por el gobierno. En Baja California, el Gobierno del Estado, los ayuntamientos, los centros DIF, la CANACO y el Partido Revolucionario Institucional, son las instituciones que abrieron centros de acopio. Deberían ser más, pero esos son los que hay. Es momento de ayudar y extender el llamado a los empresarios a hacer lo mismo. Al PAN, al PRD, que dejen momentáneamente las impugnaciones y abran centros de ayuda para los mexicanos que desde el viernes 13 de septiembre, cayeron en la desgracia por los efectos climáticos, pero que no fueron atendidos hasta el lunes 16 de septiembre. La tragedia no conoce de puentes, aunque la clase política se paralice en los mismos.

Resulta increíble que en medio de una manifestación social de la magnitud de la convocada por los maestros, primero en los estados del suroeste y después en la Ciudad de México, a los gobernantes de esta República, lo que más les preocupe sea la ceremonia del Grito de Independencia. Dentro de las mesas de diálogo entre representantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el secretario Miguel Ángel Osorio Chong planteó que los inconformes, aquellos que no han sido escuchados, que han sido replegados con escudos y gases, abandonasen la democrática plancha del Zócalo capitalino, para que la Presidencia de la República pueda dar el Grito de Independencia y posteriormente presenciar el desfile del despilfarro militar. Es vergonzoso que se anteponga una celebración a los intereses de los mexicanos, en este caso, de miles de maestros que se sienten afectados por una ley que se armó en un despacho presidencial y no con el consenso de la población. Imagine que Usted decide, como los maestros, salir y tomar las calles porque le cobrarán IVA en renta o compra de casa, porque le quieren aumentar la tasa del 11 al 16 por ciento; porque tendrá que pagar impuestos y no ve que el Gobierno Federal reduzca sus gastos, y entonces decide salir a manifestarse, y de pronto le dicen que se espere unos días. Eso se llama insensibilidad. El Presidente Enrique Peña Nieto ya demostró que no quiere enfrentar, ni escuchar, ni ver las manifestaciones en el momento en que decidió que su primer mensaje de gobierno lo daría desde un patio de Los Pinos. Encerrado se montó una carpa, invitó a quienes le aplauden y habló, mientras afuera, en las calles de la capital del país, los inconformes seguían gritando, creciendo, sin ser vistos, sin ser escuchados, sin ser considerados. Las manifestaciones son producto de una democracia, aun cuando la Presidencia de la República está actuando con visos autoritarios, los mexicanos tenemos derecho de salir a nuestras calles y exigir equidad, justicia, seguridad, condiciones de trabajo y desarrollo. Y el gobierno está obligado a escucharnos. Pero el de Peña Nieto, el de Miguel Ángel Mancera en la Ciudad de México, son gobiernos insensibles que proponen un paro a las manifestaciones, sin solución de por medio para celebrar la independencia de México. Gastar dinero en montar un espectáculo en el Zócalo, hacer derroche de la fuerza pública en un desfile y rodearse de quienes, complacientes, disfrutan la cercanía al poder. Peña bien podría continuar aprovechando su carpa presidencial y seguir haciendo sus festejos, informes, mensajes, en los patios de Los Pinos, si como se ve, pretende seguir ignorando las manifestaciones. O bien, irse a Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde se dio el grito original, un grito de hartazgo, de un grito de injusticia como el que hoy mantiene a maestros, electricistas y otras corrientes inconformes en el Zócalo. El Grito de los mexicanos es de hastío, por un gobierno centralista, por una presidencia autoritaria, por un Congreso entregado al Presidente, por unos partidos confabulados con el poder, por políticos insensibles y egoístas que se preocupan más por una festividad que por dar las soluciones que prometieron.

Cierto es que Sócrates Bastida no ha sido el mejor dirigente estatal del PAN en Baja California. Que fue impuesto en esa posición por Francisco Blake Mora y José Guadalupe Osuna Millán cuando el primero aún era Secretario de Gobierno del Estado y no enfrentaba su fatídico destino cuando fue llamado por Felipe Calderón a formar parte de su gabinete. Era esa época calderonista donde el Presidente debía hacer realidad aquella frase suya: “ganar el gobierno sin perder el partido”. Quién sabe cómo, por menos de un punto de diferencia, Calderón ganó el Gobierno, y en un sexenio, perdió el partido… y el gobierno. Vaya, desde el momento en que Felipe Calderón entró a Los Pinos, el PAN se convirtió en una sucursal de su mandato Constitucional.  No había candidatura en el País, ni interna a los cargos partidistas albiazules, ni interna para sacar candidatos a elecciones Constitucionales, que Felipe Calderón Hinojosa no palomeara desde la Presidencia de la República. El Primer Panista del País ejerció su poder más allá de la Presidencia y muy dentro de los estatutos azul y blanco. Así fue perdiendo poco a poco el partido. Primero algunos municipios, diputaciones, estados, debido a malos candidatos entre la ciudadanía, pero buenos aliados del Presidente. Así pasaron por la dirigencia nacional sus más allegados como Germán Martínez, César Nava y a punto estuvo Roberto Gil, cuando Gustavo Madero se les atravesó. Vendría entonces en el cenit de los conflictos internos del PAN, generados por la avaricia de poder de los calderonistas que querían controlar todo, la estruendosa derrota de su partido en la elección a la Presidencia de la República. Calderón quiso acaparar todo y se quedó sin nada. Enquistados sus alfiles en el Senado de la República unos y en la Cámara de Diputados otros, ahora pretenden renacer de entre las cenizas de la derrota y retomar el control del Partido Acción Nacional. No comprendió el ex presidente que ganar el Gobierno sin perder el partido, significaba respetar la democracia y las instituciones. Hoy Francisco Vega de Lamadrid, el Gobernador electo de Baja California está cayendo en el mismo deleite: ganar el poder y ganar el partido. Por oficio, por poder y porque se lo permiten sus correligionarios, Vega ordenó la destitución de Sócrates Bastida, cuando éste y aun siendo dirigente ejerció su facultad de nombrar al Coordinador de la fracción panista en el Congreso del Estado. El dirigente del Partido tiene esa responsabilidad porque finalmente es él quien se coordinará con los diputados que le representan en etiqueta político-ideológica. Pero este hecho no satisfizo a Vega de Lamadrid, mejor dicho, la persona promovida por Sócrates Bastida no fue del agrado del Gobernador electo, quien sintió que en su ausencia le quisieron meter gol en la Cámara, y desde lejanas tierras ordenó el cese del dirigente estatal. Bastidas había promovido a Cuauhtémoc Cardona Benavides para ser el Coordinador del PAN en la Cámara de Diputados de Baja California, y Francisco Vega quería a Gustavo Sánchez para esa posición, como finalmente sucedió después de la dimisión del dirigente estatal. Kiko Vega aún no toma posesión del poder y ya está comenzando a perder el partido. La zancadilla a propios y extraños, y su mensaje de “el que me la hace me la paga”, no es buen augurio, ni de buena administración ni de democracia plena, es, eso sí, símbolo del capricho, la oficiosidad, y el autoritarismo, características todas que han llevado al PAN a derrotas sistemáticas en la República Mexicana. Y ahí va. De nuevo.

Ciertamente la Constitución Mexicana solo indica que el Presidente de la República debe entregar el 1 de septiembre de cada año, por escrito y al Congreso de la Unión, el informe del estado que guarda la administración pública. Nada de dirigirse a las Cámaras, leer un mensaje o vanagloriarse en vivo y en directo desde el recinto legislativo y para la nación. En los tiempos de la hegemonía priista, los días de informe eran prácticamente de asueto. Gobernadores, políticos, empresarios, personalidades del extranjero, invitados especiales y hasta periodistas, eran trasladados a la Ciudad de México, los concentraban en hoteles y les reservaban un lugar en la gradería de la Cámara para que escucharan y aplaudieran al Presidente de la República, mientras éste leía un adornado resumen de su Informe de Gobierno. Eso fue cambiando poco a poco, no porque el ocupante en turno de la Silla del Águila fuese modesto o sensato o de bajo perfil, sino porque la convivencia en la Cámara de Diputados, a partir de entrados los noventa, cuando la democracia se ejerció, permitió la entrada de personas de otros partidos, con otra ideología, y dispuestos a utilizar su fuero, su recinto y su derecho, a manifestarse libremente en relación al mensaje presidencial. Las interpelaciones políticas y las manifestaciones legislativas e ideológicas cobraron vida cuando Porfirio Muñoz Ledo impugnó en un informe presidencial a Miguel de la Madrid Hurtado. A Carlos Salinas de Gortari se le levantaron los diputados perredistas con todo y máscara de cerdo. A Ernesto Zedillo le colgaron enormes mantas exigiendo justicia. A Vicente Fox le gritaron lo mismo que él siendo diputado exigió al entonces Presidente. A Felipe Calderón por poco y no le permiten entrar a la Cámara siquiera a tomar posesión, y es inolvidable cuando hasta de borracho lo acusaron en aquel recinto.  Educado en el presidencialismo priista, a Enrique Peña Nieto quizá le pareció que todo sería más fácil para él. Regresar la institucionalidad a Los Pinos y a Palacio Nacional, no le sería tan difícil considerando que logró negociar con los partidos principales, PAN y PRD, para su notorio y a veces fracasado Pacto por México. Durante su toma de posesión, los entonces enardecidos, activos y conscientes jóvenes del grupo #YoSoy132, realizaron manifestaciones y caminatas hacia la Cámara de Diputados donde el panista Felipe Calderón entregaría la banda presidencial al priista Enrique Peña Nieto. Aquel 1 de diciembre de 2012, fue el inicio de las manifestaciones contra las políticas de Peña. Los muchachos, a quienes se sumaron otras corrientes y sectores de mexicanos inconformes, fueron desalojados con la fuerza del Estado. Algunos terminaron heridos, otros golpeados, unos más en la cárcel. Al igual que su antecesor en el Gobierno Federal, Enrique Peña tomó el Palacio Nacional como sede para sus mensajes presidenciales. Alejado de la plural Cámara de Diputados y no concentrado en sitios cerrados y ajenos al pueblo mexicano, el recinto presidencial que enmarca el Zócalo de la Ciudad de México, se convirtió en el escenario para la diatriba del Ejecutivo. Este 1 de septiembre, el Presidente Peña debe entregar su Primer Informe de Gobierno al Congreso de la Unión, y posterior al acto constitucional, se había armado un protocolo para dirigir un mensaje al respecto, para las “fuerzas vivas” de la política mexicana.  De entrada y aun cuando lo consideraron, el bello Palacio Nacional quedó descartado como sede del ágape político. La zona del Zócalo es hoy un campo de concentración de manifestantes, principalmente de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que ha tomado las calles de la Ciudad de México en protesta por las leyes secundarias de la reforma educativa que, argumentan, les afecta su trabajo, su salario, y se niegan a ser -entre otras cosas- evaluados por el sistema al que últimamente repudian. Entonces en la Presidencia de la República se seleccionó una instalación militar para el mensaje a la nación después de la entrega del informe: el recinto militar conocido como Campo Marte. Ahí, donde se dieron los funerales de Juan Camilo Mouriño, de José Francisco Blake Mora, donde las Fuerzas Armadas presentan sus respetos y se ponen a disposición del Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas de México, el Presidente de la República; ahí donde se dan demostraciones de las habilidades de soldados en materia de preparación, combate y estrategia; ahí donde se recibe a quienes en visita de Estado, llegan al país provenientes de otras naciones. Ahí donde los mexicanos comunes y corrientes, no podemos entrar. Pero ahora resulta que no habían pasado 48 horas de seleccionada la nueva sede para la encerrona presidencial, con su selecto grupo de invitados para televisarla a nivel nacional, cuando salen con que siempre no; pero no solo que Campo Marte no será el lugar del mensaje. De hecho por momentos la Presidencia mantuvo la incertidumbre y alcanzaron a dejar ver que era probable que no hubiese mensaje alguno. Total, la realidad es que no es necesario, para qué gastar más en un país donde la crisis económica nos pega a todos, menos a los gobernantes; para qué hacer alarde de músculo de convocatoria selectiva si los invitados todos, tienen intereses políticos, económicos, sociales, que les obligan a estar ahí. Para qué mensajear si ya se ha atiborrado a prensa, radio y televisión, con los anuncios del Primer Informe; además, la realidad mexicana no está para retórica presidencial. Los maestros dueños del Distrito Federal, los narcotraficantes apoderados de calles de Michoacán, Guerrero, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Estado de México y otros tantos, aunado a la inminente toma también de la Ciudad de México por parte de representantes de la izquierda, tanto del PRD como de MORENA,  PT, Convergencia y quienes se sumen a la manifestación que iniciarán con miras -igual que los maestros lo lograron- a sacar el tema de la privatización de ciertos procesos de PEMEX que en la reforma -por cierto, no enviada del Presidente-, asumen se contemple la apertura hacia el capital extranjero en una empresa nacional. Entonces el país no está para mensajes vanagloriosos del Presidente que, incluso, en el tema de la inseguridad, presenta cifras, números y estadísticas alegres, ajenas pero por mucho, a la realidad que nos aqueja a todos. Realidad que no cambiará, haya o no haya mensaje. Aunque al cierre de edición de ZETA la Presidencia de la República haya informado que sí, que siempre sí habrá mensaje de Peña, que será el lunes 2 de septiembre a las diez de la mañana tiempo de la Ciudad de México, en Los Pinos. ¿A qué le teme Peña Nieto?  

Enrique Peña Nieto, el Presidente de México, ha concentrado todo su esfuerzo y capital político en sacar adelante las reformas “estructurales” que los últimos tres presidentes de la República no pudieron efectuar. El priista se ha olvidado de la inseguridad, minimiza la violencia, les da un paliativo a los pobres, mientras consiente a quienes, cree, le serán útiles para lograr su propósito: los dirigentes de los partidos integrados al Pacto por México, PAN, PRD, PRI. Solamente que el mandatario ha dejado de lado a un sector: la sociedad mexicana afectada que hoy le da la espalda. Feliz porque le aprobaron su reforma educativa luego de investigar, perseguir y procesar a Elba Esther Gordillo Morales, no contaba el Presidente -es evidente por los resultados- con que los “trabajadores de la educación” le tomarían las calles de la Ciudad de México, los recintos legislativos y algunas importantes plazas, como el Zócalo y de la Constitución, generando un caos social en protesta por las leyes reglamentarias a la reforma educativa, particularmente aquellas correspondientes a la evaluación de los maestros. Los agremiados a la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, se reunieron por miles –dejando a cientos de escuelas y millones de estudiantes sin la instrucción académica en cinco estados, Yucatán, Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Guerrero–, y sitiaron no solo los accesos a la Cámara de Diputados primero y a la de Senadores después; también de hoteles, negocios, comercios, casas y otras zonas del Distrito Federal. Ante el caos urbano con la manifestación social, los legisladores improvisaron sedes alternas para sesionar y fueron de igual manera perseguidos. Comerciantes y hombres de negocios se han quejado de las pérdidas económicas que representa la paralización de las compañías por la toma de los maestros, mientras muchos actos políticos, deportivos, culturales y sociales, han debido ser cancelados o pospuestos, porque simple y sencillamente, los maestros manifestantes han tomado no solo las calles. Peor aún, han secuestrado la vida activa de una sociedad, al limitarle la movilidad, el tránsito en calles capitalinas. Con esa sola enseñada de músculo movilizador por parte del CNTE, dado que los agremiados al SNTE están más controlados por el gobierno de Peña que otra cosa, aparte que la sociedad canceló sus salidas y actos, el Poder Legislativo dio marcha atrás. Cedieron. Fueron abatidos. Se rindieron. Se doblegaron y, en términos políticos, fueron arrastrados por el magisterio. Recularon a su decisión y agenda de analizar y votar los mecanismos de evaluación del personal docente del país, cuando los manifestantes no quieren que ello suceda y hasta condicionan su salida definitiva de los accesos a las cámaras a que no se apruebe la Ley del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y las reformas a la Ley General de Educación. Por el momento, la Cámara de Diputados perdió. Ni Peña, ni su pacto, ni sus líderes de partido, ni su súper secretario de Gobernación, pudieron apagar el fuego político del magisterio para concluir la reforma educativa con su ley general.  El repliegue político de la Cámara y de los partidos que la controlan, y de la Presidencia que los aglutinó en el Pacto por México, ante las manifestaciones que han sacado de control la vida cotidiana en la Ciudad de México, es una muy mala señal para el futuro político de Enrique Peña Nieto. Si no ha podido sacar adelante su reforma educativa, con el SNTE a favor y con la disidencia en contra, ¿cómo podrá controlar a la izquierda, a sus seguidores y a los mexicanos que no quieren que se modifiquen las reglas para el funcionamiento de PEMEX, que permitan la inversión privada? Lo que sucedió el miércoles 21 de agosto, cuando agobiados por las presiones de los maestros manifestantes y el arrinconamiento en sedes alternas, los diputados dieron marcha atrás en su intención de aprobar los reglamentos para la evaluación de los docentes, es de dar pena, y es el ejemplo que el Legislativo y el Ejecutivo están dando a otros inconformes: tomar la ciudad, sus calles, sus recintos, lo cual significa lograr que den marcha atrás, que pongan en pausa las reformas, o que abran la puerta a la negociación. En estas condiciones, minadas las cámaras, vilipendiado el Pacto, enfrentados los líderes de los partidos, ocupado el secretario de Gobernación en otros asuntos, y empeñado Peña en sus reformas, llegamos al momento en que vienen las propuestas de cambio que muchos están esperando para manifestarse: la fiscal, la energética, la política. Total, ya se demostró esta semana que no hay cámara ni gobierno que aguanten el escarnio y la toma de calles y avenidas. Mala señal, muy mala.