Los periodistas en México y la libertad de expresión son moneda de cambio. Tanto para el gobierno como para el narcotráfico, el crimen organizado. Para los gobierno municipales, estatales, y por supuesto el federal, si el periodista escribe favorable a sus acciones, se le respeta la libertad de expresión, se le compra a su medio publicidad, se premia a los reporteros con información… y con concesiones a los propietarios del medio. Como rehenes del narcotráfico, los periodistas han de sortear cuestiones más valiosas que un trabajo, la seguridad de la familia, la tranquilidad y la vida. Encallados en un sistema de impunidad patrocinado por el Estado mexicano, los criminales amenazan a los periodistas que osan investigar sus ilícitos y estela de corrupción. Secuestran reporteros para acallar al resto, atentan contra oficinas de periódicos para amedrentarlos, y en el extremo asesinan comunicadores para enviar un mensaje de silencio al resto. La libertad de expresión en México está condicionada al humor del poder público y del poder impune del crimen organizado. Decenas de periodistas han perdido la vida en el centro y sur del país, y sus crímenes se esconden en la impunidad. Otros han debido abandonar México, ante la directa consigna de hacerlo, o morir en el intento de ser libres. Pero si este escenario de sangre y terror en el ejercicio del periodismo de investigación en un país como México, donde su gobierno mantiene una ineficiente guerra contra el narcotráfico, no fuese suficiente, también está el gobierno para amedrentar. Para abusar del poder conferido por el pueblo y amenazar abiertamente. Notorio es el caso de Joaquín Vargas y su cadena MVS, la Presidencia de la República de Felipe Calderón Hinojosa, y la libertad de la periodista Carmen Aristegui. Medio electrónico al fin, MVS requiere de concesiones de aire y banda para subsistir, y el dueño del aire y de la banda es el gobierno federal. Todo estaba bien, hasta que un buen día el aprovechamiento de la banda 2.5 GHz por parte de la empresa de Vargas, fue puesto en duda por el gobierno federal. Además, dirían más tarde, MVS no pagó lo que vale la banda. En las negociaciones entre concesionaria y gobierno, la periodista hizo un comentario en su programa radiofónico, a propósito de una manta que en la Cámara de Diputados colgó el legislador Gerardo Fernández Noroña, donde cuestionaba la capacidad del Presidente de la República ante un presunto alcoholismo. La consigna de Noroña rezaba: “¿Tú dejarías conducir a un borracho tu auto? ¿No, verdad? ¿Y por qué lo dejas conducir el país?”, acompañada de una fotografía de Felipe Calderón donde aparenta ebriedad. Al aire en su programa de radio, Carmen Aristegui cuestionó por qué la Presidencia de la República no salía a aclarar el presunto alcoholismo del mandatario, ya era ocasión que alguien hablara de ello, que hubiese alguna explicación. Y a la periodista la corrieron. Después de mucha presión mediática, pública y política, Joaquín Vargas llegó a un nuevo arreglo con Aristegui y se acabó el tema. Recontratada, y como siempre, con tema, discusión y análisis libre en la estación de radio. Pero ahora nos enteramos de la “verdad” de Joaquín Vargas. Ha aceptado el enojo de la Presidencia de la República en aquella ocasión; ha dicho que le solicitaron por indistintas vías y actores del gabinete presidencial, despedir a Aristegui. Incluso que ella leyera una disculpa al Presidente. El señor Vargas hoy presiona a la Presidencia de la República, informándonos que lo extorsionaron con la permanencia de la concesión de la banda ancha 2.5 a cambio del despido de la periodista. La realidad, basada en los hechos, es que mezquinamente Joaquín Vargas cedió a Carmen Aristegui para negociar con la Presidencia la concesión de la banda ancha 2.5 Gigahertz. De hecho, el 6 de febrero de 2011 la despidió cuando ella se negó a leer una carta de disculpa por sus comentarios. Aristegui fue, por esos días, rehén en la negociación entre Vargas, la dirección de comunicación de la Presidencia, la Secretaría del trabajo y la de Comunicaciones y Transportes. Entre aquella fecha y el 14 de febrero, la Presidencia negoció con Vargas pero no hubo un arreglo sobre el destino final de la concesión de la banda ancha. A la par, Carmen hizo lo que sabe hacer: informar a sus radioescuchas, a sus lectores, colegas, seguidores y amigos lo que había sucedido, aumentando la presión sobre Vargas y sobre el propio gobierno federal, por coartar la libertad de expresión de una mujer periodista. Siguieron las amenazas de los funcionarios federales para los directivos de MVS en caso que recontrataran a Aristegui, lo cual sucedió aquel 14 de febrero. Ahora nos venimos enterando de todo este embrollo palaciego, de este abuso de poder y de esta manipulación entre gobierno y concesionarios en detrimento de la libre expresión, porque una vez más, el gobierno federal falló a Joaquín Vargas. La banda ancha 2.5 GHz que el empresario de las comunicaciones no utiliza en su capacidad -por falta de inversión, dicen- y que no compró a cabalidad -la Presidencia afirma que cuesta 27 mil millones de pesos que Vargas no quiso pagar-, es el meollo del asunto. Miles de dólares que se requieren para explotarla y poder ofrecer a los usuarios mexicanos acceso rápido a Internet, mayor capacidad y mejor precio, estarán en litigio con la libertad de expresión de por medio. Con la periodista que fue rehén entre una concesión y una Presidencia. Al final, los intereses ganarán. Después de años de procesos legales, la banda ancha se quedará en MVS o se concesionará a otros inversionistas –Televisa, por supuesto, está entre los interesados- para que los mexicanos puedan tener un acceso digital de primer mundo; pero el tema de la modernización de la comunicación electrónica quedó varado, a propósito del supuesto alcoholismo de Felipe Calderón, hecho que, por cierto y como lo sugirió Carmen Aristegui a inicios de 2011, sigue requiriendo de una “respuesta seria, formal y oficial de la propia Presidencia”.

Sin la venia y sin el conocimiento del titular, Rommel Moreno Manjarrez, en la Procuraduría General de Justicia de Baja California, se toman acciones irregulares con propósito de vendettas originadas en hechos de corrupción desde direcciones, comandancias y mandos medios. Las venganzas internas en las corporaciones policíacas y de investigación no son una novedad. Se conoce como “Puntos flojos”, a los puntos fijos donde agentes son enviados cuando, uno, se les tiene desconfianza, y dos, se les castiga. Se trata de encargos de trabajo que lo único que requieren es de la presencia permanente del oficial. Cuidar oficinas, puertas, cárceles, centros de arraigo, palmas, macetas, puntas y lo que se le ocurra al poseedor del poder para asignar esos roles. Otras venganzas institucionales tienen que ver con incriminaciones. Muchos de los policías que han sido detenidos en los cinco años, sea de la municipal o la ministerial, han recobrado su libertad después de comprobar que fueron señalados por otros compañeros o autoridades sin contar con las pruebas suficientes para procesarlos. En la mayoría de los casos, la foto de estos elementos es expuesta a supuestos informantes, ofendidos y testigos protegidos para que los señalen como los autores de equis delito. Eso sucedió recientemente en Tijuana. Dos Policías Ministeriales asignados el uno con el otro para la investigación de diversos casos. Por la mañana del 23 de abril del 2012 fueron comisionados a investigar un hecho de lesiones calificadas. Les entregaron el parte informativo de la Municipal de Tijuana, había un detenido y un lesionado con arma blanca. También les dieron dos oficios con solicitud de información, uno para el ayuntamiento otro para el gobierno. Uno de los Ministeriales debía –aparte– presentarse a una audiencia ese mismo día. Todo lo que hicieron los agentes lo documentaron con precisión. Hora de inicio de la investigación, lugar y forma –personal, telefónica– de cada una de las entrevistas, con detenido, lesionado, familiares y testigos. De las ocho de la mañana a la 1:50 de la tarde habían recabado la información. Llegaron de inmediato a sus oficinas para que una secretaria –por ser ellas sindicalizadas se van a las tres de la tarde– les transcribiera el reporte, que minutos después fue entregado a la agencia del Ministerio Público del Orden Común, al titular de la Unidad Orgánica de Lesiones. Para los dos ministeriales el tema ahí había terminado. Como en muchos casos, el lesionado no quiso presentar cargos para no meterse en problemas y la complementaria en el reporte de los Ministeriales sentenciaba: “… le informamos que el hoy asegurado fue detenido por la autoridad y consignado al juzgado por portación de arma blanca, el cual llevó un proceso y salió por el pago de una fianza”. Liberados de esa labor los agentes se dedicaron a otra cosa. Hasta que al día siguiente otros agentes, éstos asignados a la Visitaduría (antes Asuntos Internos) los buscaron para entregarles citatorios. Luis Antonio Montes y Roberto de la Cruz fueron los encargados de investigarlos en relación a un presunto señalamiento por cohecho. A los ministeriales, a los dos primeros, les entregaron documentos de presentación en horas laborales, a sabiendas que no pueden abandonar su puesto de trabajo. Cuando los ministeriales acudieron, fuese en horario nocturno o a la hora de la comida, siempre encontraron las oficinas de la Visitaduría cerradas. Cuando uno de ellos logró hablar con el Visitador, éste prácticamente lo juzgó y lo sentenció. Le explicó que la pareja del detenido –el que fue liberado tras una fianza– les había denunciado que ellos le solicitaron dinero a cambio de beneficiar al aprehendido. Contó la mujer que los ministeriales la citaron a las siete de la tarde –el reporte había sido entregado a las tres y el detenido liberado. Los de la Visitaduría acompañaron a la mujer al lugar de la entrega del dinero y, nada, los ministeriales nunca llegaron a recolectar lo que se supone habían pedido. Aun así, en la Visitaduría que hoy maneja en Tijuana Édgar Bojórquez inició una investigación y abrió una averiguación previa, que sin las declaraciones de los supuestos señalados fue consignada al Juzgado Décimo de lo Penal en esta Ciudad, donde la evidente trampa para deshacerse de dos ministeriales se está terminando de cocinar. Aquí viene lo bueno: antes que Bojórquez titulara Asuntos Internos, lo hizo el licenciado Sergio Alberto Lagunas Molina, hoy Director de Averiguaciones Previas de la Procuraduría de Rommel Moreno, y en por lo menos cuatro ocasiones, señalado por detenidos y ante agentes ministeriales, de recibir cuota por parte de fayuqueros para dejarlos en libertad cuando son capturados después de cruzar la aduana –donde también tiene arreglo económico– de Otay o de San Ysidro. Uno de los agentes que hoy son objeto de venganza dentro de la Procuraduría de Justicia, detuvo en diciembre del 2011 a dos sujetos con dos vehículos cargados de artículos chinos, inmediato a la detención, al lugar se presentó –y así consta en un parte informativo– Sergio Alberto Launas, Roberto de la Cruz y Luis Montes entre otros, argumentando que los fayuqueros se habían comunicado con ellos para denunciar que estaban siendo extorsionados. Los contrabandistas de hecho estaban en los separos de La Mesa y los carros y mercancía en espera de ser remitidos a la PGR. No se supo más de los fayuqueros, pero los ministeriales que participaron en ese operativo fueron enviados a los puntos fijos. Castigados. Así ha sucedido en cuatro ocasiones. Ministeriales detienen a contrabandistas, llegan personas de Visitaduría e incluso Lagunas personalmente, y Ministeriales son castigados. La venganza utilizando los recursos de la procuraduría, en un caso que huele mal. Que transpira corrupción. De arreglos con contrabandistas y hostigamiento a funcionarios, todo bajo el amparo de la Procuraduría General de Justicia de Baja California, de Rommel Moreno Manjarrez, de donde –valga decirlo– muchos funcionarios han salido bajo sospecha cuando no detenidos.

Da la impresión que el Presidente Felipe Calderón Hinojosa atraviesa por un periodo de negación, o de plano, lo que pasa en realidad en México le tiene sin cuidado. De un tiempo a la fecha, al mandatario se le ve feliz, rozagante, optimista y dicharachero, más de lo normal, vaya. Y no se trata de tener un Presidente amargado ni taciturno, ni preocupado, cuanto menos enojado, pero sí se esperaría uno realista, consciente del momento y atento a los fenómenos que se viven y afectan al país. O el Presidente sabe algo que los mexicanos no sabemos, tiene alguna estimulación, o simplemente es indiferente a la cotidianeidad de los ciudadanos, de una población que vive sumida en un país que no los hace tan felices y les dificulta mucho salir adelante. Recientemente Estados Unidos reconoció otra desaceleración en su economía, lo cual significa que de manera inevitable, ello afectará a México (aún sin recuperarse del todo de la última), y por ende, a los mexicanos en general. Aparte de los gasolinazos mensuales, a los cuales es difícil acostumbrarse por más que se impongan de manera periódica, los mexicanos sufren las consecuencias de la sequía, no solo el maíz y la harina están en proceso de aumentar su precio, sino que otros productos del campo se han encarecido. A mitad de año, las empresas padecen problemas de flujo, la cadena financiera que inicia en la necesidad de servicios o productos, se ha visto mermada no solo ante la falta de empleo, sino de oportunidades en las universidades, y de una carencia económica que en el único sector donde no se manifiesta, es en el gubernamental. Ciertamente hay menos obra, por ejemplo, en Tijuana no pasan de bachear y rebachear, y en algunos y contados casos, de utilizar concreto, pero lo que no ha disminuido ni se ha visto afectado, es el presupuesto que mayoritariamente se destina para el pago de sueldos y salarios. La clase política es, como siempre, la clase privilegiada. Los nuevos ricos que se unen a los ricos de siempre, generados desde la iniciativa privada y a costa de la mayoría de los mexicanos. Esta difícil circunstancia quedó en evidencia con las compras de pánico que mexicanos hicieron con las tarjetas que -poco a poco se va demostrando- les dio el PRI a cambio de su voto; plásticos con cien, doscientos, quinientos pesos, con los que los ciudadanos compraron arroz, frijoles y verduras. La pobreza en México es una realidad que el Partido Revolucionario Institucional aprovechó para ganar una elección, y que Calderón no combatió de manera adecuada. Luego está el problemón de la inseguridad, causado por el crimen organizado, la trata de personas, los secuestros, la extorsión, el narcotráfico. Cientos de mexicanos dedicados al negocio ilícito contra otros mexicanos de bien. Hombres y mujeres, jóvenes, adolescentes y niños que ven en la siembra de droga la única salida para aprovechar tierras y tener dinero para subsistir. Hombres y mujeres que secuestran, matan y extorsionan, porque narcotraficantes les pagan semanalmente. Madres, padres que lloran la muerte de sus hijos, y que frustrados, entran a las cifras de la impunidad en México. Y de repente el regreso del PRI, la mejor prueba -allende la compra de votos- que la política del Presidente Felipe Calderón no fue la precisa para terminar con los problemas que aquejan a los mexicanos o por lo menos atenuarlos. El alza de impuestos, el dobleteo de impuestos, el aumento en los precios, la dificultad para adquirir propiedades, los rechazados de la Universidad, las protestas de los jóvenes, las manifestaciones de los indígenas, las exigencias de los maestros, el manipulado triunfo del PRI… Nada, nada de esto parece quitarle el sueño a Felipe Calderón Hinojosa. Cosa contraria: Por su actitud y discurso, el Presidente se ve inmerso en otro escenario al que nos encontramos los mexicanos todos. En el país feliz de Calderón hay menos muertos, menos ejecutados. No habla de impunidad, ni de efectividad para detener, procesar y juzgar a los asesinos, al ser información que no le resulta favorable en su discurso. Los narcotraficantes ahí están, los 2 mil 700 millones de dólares que generan al año y que se quedan en nuestras calles, ahí están. Las cruces también, las viudas, los deudos, la droga en la calle y los adictos distorsionando familias, sociedades. Pero nada de eso parece opacar o cambiar el discurso de Calderón. Insiste el Presidente en meter las manos por el PAN, para según recomponerlo, como si el partido y no el gobierno, fuera el único causante de la derrota. Con evidentemente tiempo de sobra en el gobierno, marcha dentro de las filas azules contra corriente. Otros panistas apoyan  a Gustavo Madero, líder de ese instituto político, y Calderón va contra ellos. Gobernar sería mejor en estos momentos y en sus últimos meses, antes de entregarle al PRI lo que al PAN y a México le costó tanto arrebatarles: la presidencia de la República. Calderón sonríe, le canta “Las Mañanitas” a su esposa, felicita a deportistas, bromea con funcionarios y aduce cifras de disminución en términos de inseguridad que solo él y su equipo perciben y que pocos mexicanos viven. La mayoría de quienes integran esta nación, lo hacen desde el esfuerzo diario para sobrevivir en el México de la inseguridad, la pobreza, la recesión y la falta de oportunidad. Pocos, muy pocos viven en el país feliz de Felipe Calderón.