La cárteles mexicanos expresamente mencionados en la iniciativa de ley, incluyen al Cártel de Sinaloa, al Cártel Jalisco Nueva Generación, al Cártel del Golfo, al Cártel de Juárez, al Cártel de Tijuana, al Cártel de los Beltrán Leyva, a la Familia Michoacana y Los Zetas.
El SAT también enfatizó que la aplicación fue desarrollada por servidores públicos, “por lo que no se generó mayor cargo al presupuesto en contratos o adquisiciones.
Para solicitar asilo en Estados Unidos, cualquier persona debe demostrar que enfrenta persecución debido a su raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social o étnico específico.
"Pues ahora que ella está presentando la denuncia, pues que las autoridades investiguen, yo lo único que hice fue dar a conocer que la señora recibió contratos en 9 años por 1,500 millones de pesos”, insistió.
A pregunta expresa de un reportero, López Obrador impidió que respondieran los titulares de SEDENA) y SEMAR), ya que aseguró que él, además de ser el presidente, era el comandante de las FF. AA.
López Obrador aseguró que, “con todo respeto”, el Gobierno de Estados Unidos tenía el problema de que no había coordinación entre las agencias de seguridad y sugirió poner orden, ya que, según dijo, “si cada quien actúa por su cuenta, pues no hay avances”.
La moneda mexicana acumulaba una ganancia de 14.6 por ciento desde que inició el 2023 y se mantenía como la segunda con mejor desempeño en el mercado internacional de divisas (FOREX), sólo debajo del peso colombiano.
Luego elementos armados de la Policía estatal tomaron las instalaciones del TJA oaxaqueño, órgano que, hasta antes de su disolución, resolvía disputas entre los ciudadanos y el Gobierno de dicha entidad, entre otros temas.
"Señalar de culpable al Presidente de la República de un posible suceso de agresión contra cualquier adversario de cara a las elecciones de 2024, es mezquino y una acusación sin sustento", señalaron los integrantes del CEN de Morena.
El consultor jurídico de la SRE dijo que de prosperar la querella, México exigiría un pago de 15 mil millones de dólares, el equivalente a lo que ha “gastado en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”.
