La CNBV y el IPAB encabezan el proceso de disolución de CIBanco tras la revocación de su licencia bancaria en octubre de 2025, como consecuencia de su señalamiento por vínculos con el lavado de dinero del narcotráfico.
La ONG documentó un índice de impunidad del 99.6 por ciento y más de 72 mil cuerpos sin identificar, cifras que respaldan el llamado a intervención internacional.
La resolución de la FGR fue conocida por las víctimas a través del expediente, no mediante comunicación pública, lo que motivó la impugnación judicial.
