Directora general del semanario ZETA, Consejero de Artículo 19 y del CPJ para las Américas, entre otros reconocimientos, tiene el Maria Moors Cabot 2021 de la Universidad de Columbia.
La toma de Sinaloa por el cártel que lleva el nombre de aquella entidad federativa fue un acto anunciado que el Gobierno de México, la Fiscalía General de la República y el gobierno de esa entidad, decidieron no atender a pesar de la peligrosidad que implicaba.
El Cártel de Sinaloa, de manera particular, tuvo condiciones de crecimiento criminal en el norte del País y el trasiego de droga hacia los Estados Unidos. En México, ni la Secretaría de Seguridad de López Obrador, ni la Guardia Nacional que administra y opera la Sedena aun sin una Ley que lo faculte, tampoco.
Como nunca a un representante del Poder Ejecutivo en Baja California, por lo menos cinco mantas con mensajes de criminales han sido hechas públicas con destinatario a Ávila Olmeda
La realidad es que el costo de los órganos autónomos, de acuerdo a especialistas, no llega a los dos dígitos en el presupuesto federal, el trasfondo es cumplir el capricho presidencial de ser el único poseedor de la información, como solía suceder en el pasado, y decidir cuál, cómo y dónde la hace pública”.
Increíble que la FGR, que no investigó por narcotráfico a Zambada o a cualquiera de los hijos del Chapo, ahora esté a punto de solicitar orden de aprehensión contra uno de estos últimos, por sacar de circulación a uno de los narcotraficantes más buscados, y acercarlo para su captura (seguramente a cambio de un beneficio para él y sus hermanos) a Estados Unidos.
“Ha defendido como propia la reforma judicial que pretende acabar con la representación del Poder Judicial tal y como se conoce hoy día, para meterlo en un proceso de ‘transformación’ más inclinado al obradorismo que a la autonomía”
La Fiscalía General de la República, titulada por el fiscal ausente, Alejandro Gertz Manero, no investiga a Rubén Rocha Moya, el gobernador; le ha pedido comparta su versión, pero, de acuerdo a su boletín, no en calidad de declaración, sino como colaboración
Brian Cogan, en cuya Corte se procesaron los casos de Joaquín Guzmán y Genaro García Luna, este último con sentencia pendiente para octubre, será quien determine el destino de Ismael “El Mayo” Zambada
