La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo anunció, el 8 de julio de 2025, que enviaría a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, una iniciativa de reforma constitucional para dotar al Poder Legislativo Federal, de facultades para expedir una Ley General contra la Extorsión, con la cual se buscaría perseguir de oficio dicho delito en todo el país.
Durante su conferencia de prensa matutina -llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional-, la titular del Poder Ejecutivo Federal admitió que la extorsión era el delito de alto impacto que el Gobierno Federal no había podido disminuir y que seguía en aumento.
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“La extorsión es el delito que no hemos podido disminuir, todos los delitos van a la baja, por supuesto, depende del estado de la República, de la entidad federativa, pero la extorsión es un delito que aún no podemos disminuir, sigue aumentando”, expresó la mandataria nacional, quien también explicó que con la modificación constitucional se buscaría quitar el peso a las víctimas de extorsión, para que el Estado lo asumiera completamente.
“Hoy quien tiene que denunciar la extorsión es la víctima, poniendo en riesgo su vida. Entonces, le estamos quitando a la víctima ese peso […] La víctima somos todas y todos. La víctima es el Estado”, detalló Sheinbaum Pardo, quien también señaló que esta iniciativa formaba parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que incluiría habilitar el número 089 para presentar denuncias, que el Estado iniciara un proceso de investigación a partir de la denuncia y que la extorsión fuera perseguida de oficio.
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Por su parte, Ernestina Godoy Ramos, titular de la Consejería Jurídica de la Presidencia, detalló que la iniciativa de reforma constitucional buscaba que el Congreso de la Unión tuviera facultades para expedir una ley con tipo penal único, con sus agravantes, delitos vinculados y sanciones en materia de extorsión, así como para prevenir, investigar y sancionar el delito. Añadió que la finalidad también era que se contara con una ley en la que, con claridad y contundencia, se establezca que la víctima es el Estado.
“Se establecerá de manera clara que será perseguido de oficio […] y el Estado asuma totalmente la responsabilidad para proteger a víctimas, testigos y ofendidos”, explicó Godoy Ramos.
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La presidenta enfatizó que sería necesario modificar la Constitución, porque debería existir una misma ley, de carácter general para todo el país, que a barcara todos los estados. También aclaró que las penalidades se mantendrían, a pesar de las modificaciones legales.
“Para que pueda haber una Ley General contra la Extorsión tiene que modificarse la Constitución en las atribuciones del Congreso […] Se modifica la Constitución, se hace una Ley General contra la Extorsión y todos los estados deben hacer sus leyes de acuerdo con la ley general”, subrayó la mandataria nacional.
“No hay aumento en la penalidad, lo importante es que ahora se va a perseguir de oficio, con los cambios de la ley, en todo el país. Todos los estados deben perseguirlo de oficio, como un homicidio”, finalizó la presidenta.
En la misma conferencia, durante la presentación de datos del promedio diario de delitos de alto impacto a nivel nacional, en la comparativa del primer semestre de 2019 al primer semestre de 2025, la extorsión aumentó 27.7 por ciento, al pasar de 23.96 a 30.55.
Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), presentó, el 6 de julio de 2025, la Estrategia Nacional contra la Extorsión, delineada por cinco ejes preventivos y operativos, misma que implicaría detenciones a partir de investigación e inteligencia, el fomento a la creación de unidades antiextorsión locales, aplicación del protocolo de atención a víctimas, capacitación en manejo de crisis y negociación a operadores, además de una campaña de prevención a nivel nacional.
En su turno, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, detalló que las dos modalidades de extorsión que prevalecían eran cobro de piso y llamadas desde cárceles federales y locales. Asimismo, adelantó que el 1 de agosto de 2025, se reuniría con sus homólogos estatales, para integrar en un sistema común de información todas las denuncias relativas a extorsión
“Este problema ha ido creciendo en todo el país y tenemos que establecer con toda precisión los dos aspectos fundamentales: todo lo que es la extorsión telefónica y la que se hace a través también de manera directa por el famoso derecho de piso”, admitió Gertz Manero.
García Harfuch indicó que en ocho estados que eran focos rojos de la extorsión, la estrategia se implementaría de forma prioritaria. Las entidades que concentraban 66 por ciento del delito a nivel nacional, eran: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Michoacán y Guerrero.
El 8 de julio de 2025, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) consideró que, en el país, cada día 32.3 personas eran víctimas de extorsión, lo que en conjunto generó pérdidas superiores a 26 mil millones de pesos en 2024.
Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO) reconoció que la extorsión sería un delito perseguido de oficio por el Estado.
“Desde el sector productivo, desde los negocios familiares hemos exigido esta reforma durante años, porque sabemos lo que significa operar bajo amenaza”, afirmó Octavio de la Torre Stéffano, presidente de CONCANACO.
